Acuerdo No. 173-2023 — Derogatoria del Acuerdo Ministerial 288-2021 y procedimientos para solución de conflictos en Asociaciones Civiles

Que es atribución de esta Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación Justicia y Descentralización, el fomento, otorgamiento, registro, regulación, supervisión, y cancelación de la personalidad jurídica de las Asociaciones Civiles.

Que el artículo 29, numeral 2.15 de la Ley General de la Administración Pública, faculta a la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, “el otorgamiento y cancelación de la personalidad jurídica de todos los entes civiles siempre que las leyes especiales no confieran esta potestad a otros órganos del Estado”.

Que el artículo 21, de la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), dispone que: “[1]as ONGD están obligadas a llevar de acuerdo al año fiscal del país, registros contables actualizados según las normas nacionales, los cuales deben presentarse juntamente con el, informe de actividades, dentro de los dos (2) primeros meses del año”, ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.

Que el artículo 3, del Acuerdo Ministerial 441-2016, amplia que las “Asociaciones sin fines de lucro a las cuales la Secretaría de Estado les ha reconocido personalidad jurídica, deberán presentar cuanta información sea pertinente a efecto de poder identificar claramente las generales de los Representantes Legales de la organización, órganos de gobierno, así como sus fines y actividades”.

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, corresponde a los Secretarios de Estado, dentro de sus atribuciones y deberes, el emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que la delegue el Presidente de la República, y cuidar de su ejecución.

Que el artículo 29, numeral 2.15, de la Ley General de la Administración Pública, dispone que corresponde a la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización el fomento, otorgamiento, registro, regulación, supervisión y cancelación de la Personalidad Jurídica, de todos los entes y Asociaciones Civiles, siempre que las leyes especiales no confieran esta potestad a otros Órganos del Estado.

Que la República de Honduras es signataria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 22, reconoce que toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, en el ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.

Que mediante Acuerdo Ministerial 288-2021, ésta Secretaría de Estado, se avocó la facultad de dirimir controversias a lo interno de las Asociaciones Civiles, cuando en estas surgieren conflictos relativos a Juntas Directivas u órganos de gobierno.

Que del resultado de la aplicación de los procedimientos descritos en el Acuerdo Ministerial 288-2021, más que resolver los conflictos internos en las asociaciones civiles ha tenido como resultado lo opuesto, ello en parte por los intereses en juego entre juntas directivas, éstos van más allá de las asociaciones como tal, sus objetivos o las poblaciones a quienes en teoría deberían de servir, por lo que cualquier esfuerzo por devolver la gobernanza ha significado el rechazo y/o desconocimiento de las facciones en pugna, más en los casos en que no sienten favorecidos sus intereses.

Que lo antes expuesto tiene como resultado el desconocimiento del agotamiento de la vía administrativa y el inicio de un círculo interminable de oposiciones y actuaciones destinadas a enervar las, eventuales soluciones.

Que conforme lo prevén los Estatutos de las distintas asociaciones civiles, los órganos de decisión máximos lo constituyen sus respectivas Asambleas, instancias que a su vez son las directamente responsables de solventar la conflictividad que surja a lo interno de sus organizaciones, no obstante, estas se han mantenido al margen.

Que, en aras de democratizar la gestión de los conflictos internos a las respectivas asambleas, se requiere abstenerse de asumir el rol protagónico de estas instancias y devolverles su rol mediador frente a los conflictos surgidos a lo interno de las asociaciones civiles, así como dotar de procedimientos que permitan dirimir controversias y devolver la gobernabilidad a lo interno.

Que, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de la Administración Pública, corresponde a los Secretarios de Estado, dentro de sus atribuciones y deberes, el emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos de su competencia y aquellos que la delegue el Presidente de la República, y cuidar de su ejecución.