Decreto Legislativo — Artículo 274 - Facultad a SEFIN e instituciones públicas para modificaciones presupuestarias de creación de plazas permanentes

Esta ley crea la Dirección General de Bienes Nacionales (ahora llamada Dirección Nacional de Bienes del Estado) para administrar y gestionar eficientemente todas las propiedades y bienes que pertenecen al Estado hondureño. Afecta a todas las instituciones públicas y ciudadanos, estableciendo los procedimientos y mecanismos legales para controlar, registrar y utilizar correctamente los inmuebles y bienes estatales.

Este reglamento regula cómo el Estado vende sus bienes muebles e inmuebles mediante subastas públicas. Establece que los interesados deben presentar garantías, las ofertas se abren en audiencia pública, y el bien se adjudica al mejor postor que iguale o supere el valor base. También organiza la administración estatal de bienes, incluyendo donaciones, permutas, arrendamientos y procedimientos para bienes en el extranjero.

Esta ley elimina las restricciones sobre las costillas de cerdo (Pork Ribs ends) para que ahora estén exentas del Impuesto sobre Ventas como producto de consumo popular. Beneficia a los consumidores hondureños al reducir el precio de este corte de carne, considerado básico en la canasta alimentaria.

Este decreto aprueba normas para ejecutar el presupuesto del Estado en 2021. Autoriza compras de vehículos para embajadas, transfiere fondos a municipios para obras de agua, electricidad y caminos, asigna dinero para construir un hospital oncológico, exonera renta de mercados públicos por 2020, y facilita otros gastos e inversiones en instituciones públicas.

Este decreto legislativo aprueba el presupuesto nacional para 2021 y establece reglas para ejecutarlo. Autoriza compras de vehículos para embajadas, transfiere dinero a municipios para obras de agua, electrificación y vías, y aprueba 50 millones de lempiras para construir un hospital oncológico. También beneficia a comerciantes de mercados exonerándoles alquileres de 2020 y permite que gobiernos locales donen terrenos para legalizar escuelas públicas.