Acuerdo Ejecutivo No. SAR-306-2025 — Acuerdo de Delegación de Facultades de Dirección de Grandes Contribuyentes Tegucigalpa

Este acuerdo cancela la delegación de funciones que tenía Allison Marie Moncada Rosales en el Instituto Nacional de Migración y asigna esas responsabilidades a tres nuevos abogados: Héctor Daniel Raudales Velásquez, Ivans Ariel Andrade Andino y Any Mercedes Flores Flores. Estos funcionarios ahora manejarán notificaciones, audiencias disciplinarias y procedimientos de despido de empleados públicos según la ley.

Este acuerdo establece las reglas presupuestarias para Honduras en 2026, fijando límites de gasto para cada institución pública y ordenando que todos los presupuestos se alineen con las prioridades del gobierno, incluyendo desarrollo territorial, igualdad de género y derechos humanos. Afecta a todas las instituciones públicas y busca contener el gasto corriente mientras se destinen recursos a programas sociales y de inversión prioritarios.

Este decreto aprueba el presupuesto de Honduras para 2025 y establece reglas sobre cómo los municipios deben reportar sus gastos, gestionar sus fondos y cumplir con obligaciones financieras. Afecta a todas las municipalidades, instituciones públicas y empresas estatales, exigiéndoles presentar reportes trimestrales y anuales, mantener sistemas de contabilidad modernos, y dedicar recursos específicos a educación, salud, seguridad y protección de mujeres.

Este decreto aprueba el presupuesto de Honduras para 2025 y establece cómo los municipios deben reportar sus gastos, recibir dinero del gobierno, y cumplir con auditorías. También ordena que todas las instituciones públicas asignen recursos para proteger a las mujeres, prevenir femicidios y fortalecer servicios de género, además de modernizar los sistemas de administración financiera pública.

Este decreto aprueba el presupuesto del gobierno hondureño para 2025 y establece cómo los municipios deben manejar el dinero que reciben, presentar reportes financieros y ejecutar proyectos. Afecta a todas las instituciones públicas, municipalidades y ciudadanos, buscando garantizar transparencia, control del gasto y destinación de recursos a prioridades como educación, infraestructura escolar y protección de mujeres.