DIARIO OFICIAL LA GACETA
- Publicación: 6 de febrero de 2025
- Categoria: Financiero y Tributario
Articulos
La distribución de los valores o bienes incautados a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), debe efectuarse de conformidad con los porcentajes establecidos por su Ley para garantizar las actividades de Prevención y Protección de la Mujer. En el caso de las tierras incautadas y transferidas en su dominio al Instituto Nacional Agrario (INA), se debe destinar el Cincuenta por ciento (50%) a las mujeres rurales.
Se ordena a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) a destinar recursos presupuestarios, humanos y logísticos para mejorar el acceso de mujeres y niñas a los servicios de salud; especialmente aquellos relacionados con la Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer (Institución No. 244). Dicho Programa ostenta desde el año 2016 el rango de Política Nacional de Estado, por lo que es de obligatorio cumplimiento para todos los gobiernos.
Se ordena a las instituciones del Estado involucradas y partícipes del Programa Ciudad Mujer, a etiquetar en sus respectivos presupuestos, los recursos suficientes para sufragar los gastos necesarios (incluyendo el pago de insumos, compra de materiales y pago de su personal asignado exclusivamente al Programa), para asegurar y garantizar el modelo de gestión en los diferentes Módulos que integran el Programa.
Leyes relacionadas
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- El presente Decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”
- Decreto Legislativo No. 86-2020 del Diario La Gaceta No. 35,315 del 16 de julio del 2020 — Este decreto ratifica y prorroga las restricciones de derechos constitucionales (como libertad de movimiento y reunión) para contener la pandemia de COVID-19 en Honduras. Aplica a toda la población, con excepciones para funcionarios públicos y trabajadores esenciales autorizados, implementando medidas de distanciamiento social y bioseguridad hasta el 12 de julio de 2020. (Decreto 86-2020, 2020)
- La Gaceta No. 31,193 30 de Diciembre 2006. Ley de Acceso a la Información — Esta ley crea el derecho de todo ciudadano a acceder a la información pública generada por instituciones del Estado y establece el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como responsable de garantizar este derecho y supervisar la transparencia gubernamental. Afecta a todas las instituciones públicas, privadas que usen fondos del Estado, y promueve la rendición de cuentas y combate a la corrupción.