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Este decreto suspende ciertos derechos constitucionales (libertad de movimiento, asociación y otros) por 45 días en Honduras para combatir el crimen organizado y la extorsión. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas quedan autorizadas para detener a personas sospechosas de delitos en municipios específicos, buscando recuperar la seguridad y paz en el país.

Este decreto suspende ciertos derechos constitucionales por 45 días (del 5 de enero al 19 de febrero de 2025) en 226 municipios de Honduras para combatir el crimen organizado. Autoriza a la policía y fuerzas armadas a detener a personas vinculadas con delitos graves como extorsión, asesinatos y tráfico de drogas. El Congreso Nacional debe ratificar esta medida dentro de 30 días.