Decreto

Esta ley regula cómo funcionan los sistemas de pagos y liquidación de valores en Honduras (como transferencias bancarias, cheques electrónicos y transacciones con tarjetas). Establece las reglas que deben cumplir los bancos y entidades financieras para garantizar que el dinero se transfiera de forma segura y confiable, protegiendo el sistema financiero del país.

Esta ley obliga a las personas en prisiones hondureñas a trabajar 5 horas diarias como parte de su rehabilitación y readaptación social. El trabajo busca que generen recursos para su manutención, eviten problemas de conducta y adquieran habilidades laborales. Para los prisioneros considerados de alta peligrosidad, establece un régimen especial con aislamiento en celdas de máxima seguridad y restricciones severas.

Este decreto amplía y reforma el programa de amnistía tributaria y aduanera de Honduras, permitiendo a empresas y contribuyentes regularizar deudas fiscales y aduanales de 2012 a 2016 sin multas ni intereses. Los beneficiarios pueden presentar declaraciones atrasadas, corregir errores, pagar deudas vencidas sin penalizaciones, o pagar el 1.5% de ingresos brutos para obtener un finiquito definitivo que los exonera de futuras fiscalizaciones por esos años, con vigencia hasta septiembre de 2017.

Esta ley crea programas de financiamiento para trabajadores y pequeñas empresas, permitiendo que instituciones bancarias administren préstamos deducibles de salarios para vivienda, educación, consolidación de deudas y negocios. Beneficia a empleados activos y emprendedores al ofrecer tasas más bajas y acceso a crédito formal, mejorando su situación económica.

El Decreto 91-2019 designa a Marcianunez Ennabe como Subprocuradora General de la República hasta junio de 2022. El Decreto 92-2019 nombra a Alva Benicia Rivera Rodríguez como Comisionada de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos en sustitución de Kelvin Aguirre, quien renunció. Ambos decretos entran en vigor desde su aprobación.