establece lo concerniente preparación, elaboración, ejecución y liquidación del presupuesto

Este reglamento establece cómo la Secretaría de Defensa Nacional maneja sus fondos de caja chica: L.50,000 para gastos menores de la Gerencia Administrativa y L.25,000 para el Despacho del Secretario. Define quién puede usar estos fondos, qué gastos son permitidos (transporte, alimentos en horas extras, compras urgentes), qué documentos se necesitan, y establece controles y sanciones para asegurar el uso correcto del dinero público.

Este acuerdo establece las reglas y directrices que todas las instituciones públicas de Honduras deben seguir para elaborar sus presupuestos 2026-2028. Define prioridades de gobierno, techos de gasto, y obliga a alinear los presupuestos con planes estratégicos, enfoque de género, derechos humanos y desarrollo territorial, usando la metodología de presupuesto base cero para mejorar la calidad del gasto público.

Este acuerdo establece las normas para elaborar los presupuestos públicos de Honduras para 2026-2028. Define las prioridades del gobierno (economía, educación, salud, infraestructura, ambiente y seguridad), los límites de gasto permitidos y exige que todas las instituciones públicas alineen sus planes y presupuestos con enfoque de género, derechos humanos y desarrollo territorial, asegurando que el dinero público se use eficientemente en beneficio de los ciudadanos.

Este acuerdo establece las directrices presupuestarias que todas las instituciones públicas hondureñas deben seguir para elaborar sus presupuestos 2026-2028. Define prioridades de gobierno, ejes transversales (género, derechos humanos, desarrollo territorial), techos de gasto y procedimientos de planificación para garantizar el uso eficiente de recursos públicos alineado con las metas del gobierno.

Este acuerdo establece las directrices presupuestarias que todas las instituciones públicas hondureñas deben seguir para formular sus presupuestos 2026-2028. Define prioridades del gobierno en seis gabinetes (económico, social, infraestructura, recursos naturales, seguridad y relaciones internacionales), ejes transversales (género, derechos humanos y desarrollo territorial) y límites de gasto alineados con la sostenibilidad fiscal para mejorar la calidad y eficiencia del gasto público.