La Gaceta Diario Oficial de la República de Honduras (No.33729)

Considerandos

1. 1.Que la LEY DE EL INSTITUTO DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contenido en el Decreto No. 357-2013 del 20 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,398 del 5 de abril de 2014.
2. 2.Que la incorporación del Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, es muy importante para el cumplimiento de los objetivos institucionales del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), como coadyuvante en el área de inversiones para asegurar la perpetuidad en el pago de pensiones y contribuir al desarrollo económico del país en el marco de las políticas de Estado. Asimismo y considerando la afinidad en los objetivos institucionales que comparten la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), es necesario que sea la última referida Secretaría de Estado, quien presida la Asamblea de Participantes y Aportantes del Instituto.
3. 3.Que en la Ley referida en el considerando procedente, se incorporan disposiciones que pueden dar lugar a presumir que el décimo tercer y décimo cuarto mes forman parte del Salario Sujeto a Contribución (SSC), lo que es incorrecto por cuanto Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG -- 1 of 44 -- LIC. MARTHA ALICIA GARCÍA JORGE ALBERTO RICO SALINAS Coordinador y Supervisor Colonia Miraflores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-4956 Administración: 2230-3026 Planta: 2230-6767 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL estos no son considerados para los efectos de determinar la aportación que corresponde pagar a los patronos y a la cotización que le corresponde a los trabajadores.
4. 4.Que los jubilados del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), están obligados a suspender el pago de su jubilación, al laborar en el servicio público, sin permitirles cotizar al Instituto y que por esta razón no se les permite ajustar su pensión una vez finalizada la suspensión.
5. 5.Que la Ley tutela el otorgamiento del beneficio de invalidez sometiéndole a un procedimiento especialísimo y, sin embargo se establece en el Artículo 59 numeral 4), una limitación de edad que no es apropiado se establezca en la Ley.
6. 6.Que la Ley del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), requiere de reformas para corregir situaciones no previstas en la misma y en procura de la protección social y bienestar de los participantes del sistema, así como de los jubilados, pensionados y sus dependientes.
7. 7.Que la atracción, promoción y protección de la inversión, en los Proyectos denominados “Proyecto de Operación, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del Registro Vehicular a Nivel Nacional e Implementación de los Centros de Inspección Vehicular, Suministros de Placas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Modernización del Sistema de Sanciones de Infracciones de Tránsito y la Tecnificación de la Recaudación de Multas”, y “Proyecto de Administración del Sistema Nacional de Propiedad (SINAP)” celebrado entre el Estado de Honduras y Banco Atlántida, S.A., es de interés primordial, de seguridad nacional y jurídica para el Estado de Honduras, para lo cual debe otorgárseles todas las facilidades y garantías para su desarrollo y ejecución; debiéndose además regular los procesos en las etapas de ejecución, desarrollo y administración de los servicios públicos.
8. 8.Que el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto Legislativo número 369-2013 del 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,386 del 22 de marzo 2014, aprobó el Contrato de Fideicomiso suscrito entre la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, el Instituto de la Propiedad (IP), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y el Banco Atlántida, S.A., como Fiduciario, para el Proyecto de Operación, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del Registro Vehicular a Nivel Nacional e Implementación de los Centros de Inspección Vehicular, Suministros de Placas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Modernización del Sistema de Sanciones de Infracciones de Tránsito y la Tecnificación de la Recaudación de Multas. Dentro de dicho contrato de fideicomiso se definió, como sus antecedentes y alcances, la obligación de modernizar e integrar los sistemas de registros de derechos de propiedad, a fin de garantizar la seguridad y transparencia de las transacciones registrables y de los procedimientos administrativos vinculados, incluyendo la del Registro de la Propiedad Vehicular, mismo que comprende vehículos automotores, motocicletas y otros similares, así como los gravámenes y anotaciones preventivas que se constituyen sobre los mismos. En el referido Decreto Ley se aprobó el Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Instituto de la Propiedad (IP), la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y el Banco Atlántida, S.A., como Fiduciario, para el Proyecto del Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras. Dentro de dicho contrato de fideicomiso se definió, como sus antecedentes y alcances, que con la tasas del Instituto de la Propiedad (IP), se operaría y mantendría un sistema de administración de la propiedad que incluya los servicios de Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Mercantil, Registro de la Propiedad Intelectual, Registros Especiales y otros que el IP cree o incorpore, Catastro Inmobiliario y Protocolo Notarial.
9. 9.Que a pesar que existen en un mismo banco fiduciario dos fideicomisos para el Instituto de la Propiedad (IP), debe privar mantenerse la visión de unidad registral y unificación de las actividades registrales que realiza el Instituto de la Propiedad (IP), sus centros asociados y demás aliados estratégicos, debiendo realizarse bajo una visión y criterios coordinados y coherentes, de tal forma que los fideicomisos existentes se apeguen a la realidad jurídica y al fin social que el Instituto de la Propiedad (IP) debe cumplir conforme a la ley.
10. 10.Que dentro de las funciones del Fiduciario, en ambos fideicomisos, se encuentra la de concursar, seleccionar, adjudicar y contratar a un inversionista operador o un vehículo de propósito especial o, inclusive, una fundación sin fines de lucro para la ejecución de ambos mandatos fiduciarios, más sin embargo a la fecha, aún no se ha logrado con buen éxito iniciar los procesos de concurso y contratación, salvo el operador privado de suministro de placas. Ante tal situación, es pertinente ordenar la ruta de trabajo y la visión de ambos fideicomisos de tal suerte que sus resultados sean coordinados y además respeten la Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG -- 7 of 44 -- visión de integralidad que el registro de la propiedad, en sus distintas modalidades, debe contener.
11. 11.Que el Estado de Honduras, junto con el Fiduciario, deben asegurar las medidas necesarias para mejorar el sistema vehicular, de licencias y de propiedad del país, realizando las alianzas con actores gubernamentales y no gubernamentales, en aras de corregir los defectos del pasado e implementar un sistema eficiente, eficaz, moderno y transparente.
12. 12.Que bajo la visión integradora de los registros, así como del traslado del registro vehicular, es pertinente autorizar el traslado de las competencias y atribuciones legales de Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) al Instituto de la Propiedad (IP), contenidas en el Código Tributario, la Ley de Reordenamiento Estructural de la Economía y sus reformas, así como en la Ley de Equilibrio Financiero y la Protección Social y sus reformas, y la Ley de Equidad Tributaria y sus reformas; de tal forma que el Instituto de la Propiedad (IP) pueda en debida forma administrar el registro vehicular y asegurar el debido cumplimiento de las tareas de administración, recaudación, control, fiscalización y cobro de la Tasa Única Anual por Servicios de Vías Públicas, también conocida como Tasa Única Anual por Matrícula de Vehículos, y sus anexidades; así como, todas las tasas, sobretasas, contribuciones, derechos, multas, cargos y recargos relacionados con la administración y operación del registro vehicular, centros de inspección vehicular, placas y demás servicios, de la República de Honduras, incluyendo los ingresos que por dichas tasas se perciben y retienen por conducto del servicio aduanero de Honduras.
13. 13.Que en la ejecución de las tareas institucionales reasignadas, así como de la reorganización de las dependencias del Registro Vehicular de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) al Instituto de la Propiedad (IP), debe normarse los procedimientos y autorizaciones que los usuarios demandan de tal forma que los mismos se ejecuten bajo los principios de celeridad, transparencia, eficiencia y gobierno electrónico. Asimismo, debe garantizarse la debida colaboración y coordinación entre ambas instituciones para potenciar el uso de las plataformas de sistemas y bases de datos, de tal suerte que coadyuven al cumplimiento de sus tareas y objetivos institucionales de forma armónica, coordinada, coherente y racional, en cuestión de costos y ahorros para el Estado de Honduras, procurando incrementar y hacer más eficiente la recaudación de ingresos tributarios y no tributarios.
14. 14.Que las tasas y demás ingresos fideicometidos a los patrimonios autónomos creados, según el Artículo 12.6 de la Ley Orgánica de Presupuesto reformado mediante el Decreto 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno y según el Decreto Legislativo número 369-2013 del 20 de enero de 2014 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 33,386 del 22 de marzo 2014, contentivo de los Contratos de Fideicomiso para el “Proyecto de Operación, Funcionamiento, Financiamiento y Administración del Registro Vehicular a Nivel Nacional e Implementación de los Centros de Inspección Vehicular, Suministros de Placas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Modernización del Sistema de Sanciones de Infracciones de Tránsito y la Tecnificación de la Recaudación de Multas” y del “Proyecto del Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras”, no constituyen parte del contenido del Presupuesto de Ingresos de la República y, por ende durante la vigencia de los Fideicomisos, no están sujetos al tratamiento ordinario de los recursos financieros del Estado; y, en lo especial, tampoco se consideran ingresos fiscales ordinarios. En este sentido, el Instituto de la Propiedad (IP), deberá realizar las suscripciones de los convenios de recaudación y demás instrumentos legales que aseguren el cumplimiento de los mandatos legales antes enunciados, de tal forma que se cumplan con los objetivos de las asociaciones público y privadas creadas.
15. 15.Que las tasas incorporadas al patrimonio autónomo fideicometido deben destinarse a fines específicos que estimulen la autosostenibilidad de las instituciones participantes de los fideicomisos, especialmente del Instituto de la Propiedad, la inversión en la red vial primaria, secundaria y terciaria del país, así como ejecutar estudios y obras de inversión púbica de impacto directo e indirecto en las economías locales, en favor del beneficio social y económico de los vecinos de las comunidades beneficiadas.
16. 16.Que las tasas incorporadas a los patrimonios autónomos fideicometidos, favorecen la estructuración de un mecanismo de garantía y repago para proyectar y traer a valor presente los ingresos generados por dichas tasas; recursos que el Estado de Honduras requiere para ejecutar proyectos de inversión pública a nivel central y municipal; y, por otro lado, estimular los estudios y planes para proyectos de impacto económico y social a nivel municipal y regional en el país. Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG -- 8 of 44 --
17. 17.Que los Fideicomisos creados y por crearse deben ajustar su debido cumplimiento y diligencia al informar sus actividades presupuestarias y financieras a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), en el cumplimiento de los objetivos y mandatos de la Ley Orgánica de Presupuesto y de la Ley de Promoción de la Asociación Pública- Privada, sus reformas, así como de sus respectivos Reglamentos.
18. 18.Que conforme a las disposiciones legales especiales que crean los Fideicomisos antes relacionados, y en aplicación del artículo 3 reformado de la Ley General de la Administración Pública, se justifica la factibilidad económica- administrativa y el rendimiento especializado, así como el ahorro previsto, en la modificación y reorganización de las dependencias de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) al Instituto de la Propiedad (IP).
19. 19.Que conforme al Artículo 4 reformado de la Ley General de la Administración Pública, las modificaciones de las entidades desconcentradas, como lo son la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y el Instituto de la Propiedad (IP), solamente pueden ser hechas por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado. Asimismo, conforme al Artículo 11 de la misma Ley, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. El Presidente de la República, en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por si o en Consejo de Secretarios de Estado.
20. 20.Que en el ejercicio de la atribución contenida en el Artículo 6 de la Ley antes citada, el Presidente de la República, por Decreto en Consejo de Secretarios de Estado, podrá emitir las medidas y disposiciones necesarias para asegurar el cumplimiento de los planes, proyectos, políticas y programas que son de obligatorio cumplimiento para gobiernos sucesivos; así mismo, podrá designar comisiones mixtas y designar autoridades únicas para el desarrollo de proyectos y programas especiales, con las atribuciones contenidas en su Decreto de creación; pudiendo además reorganizar dependencias con fines de mayor eficiencia y buen funcionamiento de los servicios públicos. De igual forma, conforme al Artículo 14 de la referida Ley, el Presidente de la República podrá crear, suprimir y reorganizar las dependencias de la Administración Pública, bajo la óptica de lograr una mayor eficiencia, aun cuando la dependencia o función haya sido creada u otorgada mediante una disposición legal, tal es el caso del registro vehicular entre otros. CONSIDERANDO: En consonancia con las disposiciones legales antes citadas, el Artículo 22.3 y 22.6 de la misma Ley establece que el Consejo de Secretarios de Estado, dentro de sus atribuciones legales, podrá crear, modificar, fusionar, rescindir y suprimir dependencias de laAdministración Pública; manteniendo los servicios públicos y tomando las medidas que sean necesarias para el buen funcionamiento de los mismos.
21. 21.Que el artículo 136 de la Ley de Propiedad dispone que el registro de vehículos del país debe ser administrado y operado por el Instituto de la Propiedad (IP).
22. 22.Que las disposiciones legales de la Ley Orgánica de Presupuesto y su Reglamento aplica cualquier persona, indistintamente de su naturaleza jurídica, que reciba recursos del Estado para su manejo, funcionamiento e inversión, o administre bienes fiscales, en cumplimiento de las normas técnicas que dicta la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.
23. 23.Que de conformidad con el artículo 37 numeral 2) de la Ley Orgánica de Presupuesto, corresponde al Presidente de la República, autorizar las transferencias de fondos presupuestarios entre Secretarías de Estado, Instituciones Descentralizadas y entre ambas.
24. 24.Que conforme a las atribuciones contenidas en el Artículo 355 de la Constitución de la República, al Poder Ejecutivo le corresponde la administración de los fondos públicos.
25. 25.Que de conformidad con el Artículo 363 de la Constitución de la República, en relación con el Artículo 362, de ese mismo cuerpo legal, todos sus ingresos ordinarios que sean parte del Presupuesto y la percepción, administración o inversión de recursos financiero en las actividades determinadas a través de empresas estatales o mixtas, como son las asociaciones públicos privadas.
26. 26.Que el numeral 6) del Artículo 12, reformado en el Decreto Legislativo Número 266-2013 de 22 de enero del 2014, de la Ley General de Presupuesto excluye del presupuesto los ingresos que se encuentren fideicomitidos o en otro vehículo de propósito especial creado por el Estado como es el caso de los fideicomisos de que trata este Decreto Ejecutivo. Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH Derecho Reservados ENAG -- 9 of 44 --
27. 27.Que mediante Decreto Ejecutivo PCM-002-2014 del 6 de enero de 2014, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de marzo de 2014, se autorizó a los representantes legales de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) y de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en su calidad de concedentes, y la FUNDACIÓN PARA LA INVERSIÓN Y DESARROLLO DE LAS EXPORTACIONES (FIDE), la suscripción del Contrato para la Operación del Proyecto denominado “Implementación de la Ventanilla Electrónica de Comercio Exterior de Honduras (VECEH)”, y sus “ANEXOS”.
28. 28.Que a la fecha, el mismo no ha sido suscrito, en virtud de haberse considerado prudente realizar ciertas modificaciones para hacer más eficiente su implementación, habiéndose ya acordado entre las partes los cambios necesarios, los cuales se encuentran incorporados en la versión sujeta a aprobación.
29. 29.Que la multiplicidad de trámites requeridos para exportar a la fecha se convierten en una pesada carga que puede ser aliviada mediante la implementación del mecanismo de una Ventanilla Electrónica, sin menoscabo de las demás actividades que el Gobierno de la República deba llevar a cabo para continuar con el proceso de simplificación administrativa.
30. 30.Que la ejecución de dicho contrato traería múltiples beneficios al sector exportador al venir a facilitar el trámite de las exportaciones con lo cual podrían mejorarse las perspectivas de incrementar la venta de productos hondureños en los mercados internacionales, razón por la cual fue incluido como una prioridad dentro del Compacto del Desafío del Milenio, por lo que es de interés nacional que se proceda a la suscripción de dicho contrato bajo las nuevas condiciones estipuladas en el documento a ser autorizado en este acto.
31. 31.Que la Constitución de la República de Honduras declara que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado.
32. 32.Que la Constitución de la República reconoce el derecho al protección de la salud y que es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal, familiar y de la comunidad.
33. 33.Que la salud de la población en sus diversas formas es el fundamento del desarrollo y el bienestar de la sociedad.
34. 34.Que las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (hipertensión, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer), se han convertido en un flagelo mundial y que dicho problema afecta de manera drástica y creciente la salud de buena parte de los hondureños, siendo en buena medida prevenibles.
35. 35.Que el país ha suscrito diversos instrumentos de orden internacional para la prevención y control de las Enfermedades Crónicas No Transmisible y sus factores de riesgo y que es deber del Estado el cumplimiento de los mismos.
36. 36.Que el alcoholismo, el tabaquismo, la inactividad física y la malnutrición son importantes factores de riesgo para la prevalencia de las enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades crónicas respiratorias y cáncer.
37. 37.Que las Enfermedades Crónicas No Transmisibles en su incidencia impactan de manera negativa en los presupuestos públicos, y en los presupuestos familiares contribuyendo al círculo de la pobreza, convirtiéndose en factor limitante del desarrollo y el bienestar de la población.
38. 38.Que las Enfermedades Crónicas No Transmisibles se han convertido en causa de altas tasas de mortalidad y morbilidad disminuyendo y acortando la calidad de vida de un amplio sector de la población y causando cuantiosas pérdidas económicas a la economía familiar, empresas e instituciones públicas de salud.
39. 39.Que frente a esta situación es imperativa la intervención coordinada de los entes estatales responsables de la salud pública y social y que su acción es necesaria e imprescindible para el desarrollo de estilos de vida saludable para una vida mejor.
40. 40.Que el Consejo Universitario, como órgano máximo de gobierno universitario ejerce la potestad reglamentaria en el marco de sus competencias.
41. 41.Que la Abog. María Antonia Navarro, Comisionada Universitaria, presentó en la Sesión Ordinaria del mes de octubre del año 2014, propuesta de reforma del Artículo 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado Universitario, referente a los consejos asesores.
42. 42.Que el Consejo Universitario como órgano máximo de dirección superior, para conocer y resolver asuntos de su competencia, funciona integrando comisiones especializadas de su seno.
43. 43.Que en la Sesión Ordinaria del mes de febrero de 2015, dicha comisión presentó el dictamen respectivo sobre la propuesta de reforma al Artículo 11 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado Universitario.
44. 44.Que mediante Acuerdo N° 344-A-2008 de la Comisión de Transición de la UNAH, emitido el 19 de febrero de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 31,587, el 21 de abril de 2008, se aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado Universitario, como un órgano unipersonal de reciente data dentro de la estructura universitaria.
45. 45.Que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comisionado Universitario contempla en su Artículo 11 la creación de la figura de los Consejos Asesores los que son integrados por miembros de los tres (3) sectores que comprenden la comunidad universitaria como instancia auxiliar de participación y asesoramiento del Comisionado Universitario.
46. 46.Que en el contenido del artículo supra indicado no se especifica con claridad el procedimiento de selección y escogencia para acceder a esta instancia auxiliar, como tampoco queda definida la estructura organizativa y funcional de estos Consejos Asesores, lo que supone el libre albedrío en el acceso y escogencia, como al no tener definida su estructura funcional y organizativa, se prestaría para que cualquier miembro de la comunidad universitaria, indistintamente de su estatus de miembros activos o no de una organización estudiantil, asociación profesional o gremial puedan acceder a ser parte de estos Consejos, lo que podría derivar en conflictos de intereses, en cuanto a sus principios de actuación, como ser independencia y autonomía, neutralidad e imparcialidad y confidencialidad.

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