La Gaceta

Que de conformidad a lo establecido en el artículo 245 de la Constitución de la República de Honduras, la Presidenta tiene a su cargo la Administración General y la representación del Estado, así como la dirección de la política general y como parte de sus atribuciones constitucionales, le compete administrar la hacienda pública, emitir acuerdos y decretos conforme a Ley.

Que a la Presidenta de la República le corresponde la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública, definiendo los planes y programas del Gobierno, dirigiendo sus tareas y orientando las actividades de los órganos de la administración.

Que la Presidenta de la República podrá delegar en los Secretarios de Estado el ejercicio de la potestad de decidir en determinadas materias o en casos concretos. El Acuerdo de Delegación emitido por la Presidencia de la República podrá ser revocado por ésta en cualquier momento.

Que en ejercicio de la responsabilidad del Estado de planificar todas sus políticas y actividades sociales, económicas y de seguridad, fue emitido el Decreto Ejecutivo Número PCM 05-2022 de fecha 6 de abril del año 2022 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en su edición 35,892, mediante el cual se suprimen, modifican y crean diferentes Secretarías y órganos de la Administración Pública, entre ellos la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).

Que el artículo 4 del Decreto Ejecutivo Número PCM-11-2022 de fecha 29 de abril de 2022, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en su edición número 35,913, establece que única y exclusivamente aquellas Secretarías de Estado, Programas, Gabinetes Especiales, Gabinetes EDIS ANTONIO MONCADA JORGE ALBERTO RICO SALINAS Coordinador y Supervisor Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL Sectoriales e Institutos y Direcciones suprimidas en el Artículo 21 del Decreto Ejecutivo número PCM-05-2022, con el propósito de continuar con el normal desarrollo de los programas y proyectos ejecutados por dichas instituciones, mantendrán su carácter de organismos ejecutores de los respectivos proyectos que están en ejecución, debiendo realizar las actividades operativas y administrativas de los mismos, hasta que los programas y proyectos sean traslados de manera ordenada, eficaz, eficiente y en debida forma a las instituciones públicas que correspondan. Tal es el caso de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la suprimida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), que administra como contraparte los fondos de los convenios de préstamo suscritos con los organismos financieros internacionales.

Que para asegurar la ejecución de los contratos de préstamo con los organismos financieros internacionales, se debe mantener operativa la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la suprimida Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), mientras dichos organismos de crédito internacional realizan los trámites de no objeción y aprobación de sustitución de esta Unidad Ejecutora, por otra que funcione dentro del Programa de la Red Solidaria.

Que de conformidad al Artículo 17 de la Ley de Municipalidades, contenida en el Decreto No.134- 90 de fecha 29 de octubre de 1990, los municipios para su mejor administración se podrán dividir, además de ser cabeceras municipales, en ciudades, aldeas y caseríos y las ciudades en colonias y barrios.

Que el municipio de Manto, del departamento de Olancho, posee un importante valor histórico y cultural, lo que le convierte en patrimonio de especial importancia.

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

Que en virtud de que el Leonismo es una organización mundial que apoya el desarrollo social de cada país y que este año se conmemoran el ochenta (80) Aniversario de los Clubes de Leones en Honduras, que mediante diversas actividades sirven de fuerza inspiradora de excelencia, de servicio humanitario, desempeño y promoción del voluntariado en la sociedad hondureña.

Que cada una de las actividades, que se realizó en el Leonismo se enmarcan en el logro de uno de los objetivos de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, cual es: “Tomar parte activa en el desarrollo del bienestar cívico, cultural, social y moral de la comunidad”, lo que constituye un ejemplo para la generalidad de la sociedad hondureña, particularmente en la protección del ambiente y la lucha contra el cambio climático.

Que los Clubes de Leones en Honduras se encuentran distribuidos en la actualidad en catorce (14) de los dieciocho (18) departamentos de nuestro país, como ser: Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Comayagua, Intibucá, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Yoro y Cortés, resaltando que las actividades desarrolladas por estas organizaciones, procuran potenciar los valores éticos y estéticos, la creatividad de los Leones y las Leonas hondureños, en la realización de acciones que resalten con creces la inconmensurable labor que llevan a cabo, a efecto de hacer realidad su lema “Nosotros servimos”.

Que las actividades leonísticas, recogen experiencias de diversos foros, jornadas de capacitación y de formación que tienen lugar, en el Leonismo, como parte del proceso educativo y cultural que se desarrolla permanentemente, asimismo emprenden acciones por causas globales que hacen suyas en el territorio nacional, como ser: La lucha contra el hambre, lucha contra el cáncer infantil y cáncer de mama, lucha contra el sarampión, lucha por protección del ambiente y contra el cambio climático, lucha contra la ceguera prevenible y lucha contra la diabetes, programas de empoderamiento de jóvenes líderes en las actividades de servicios comunitario.

Que de conformidad al Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

Que el Artículo 355 de la Constitución de la República, dispone claramente que: “La administración de los fondos públicos corresponde al Poder Ejecutivo. Para la percepción, custodia y erogación de dichos fondos, habrá un servicio general de tesorería. El Poder Ejecutivo, sin embargo, podrá delegar en el Banco Central, las funciones de recaudador y depositario. También la ley podrá establecer servicios de pagadurías especiales” y el párrafo primero del artículo 363 del mismo cuerpo normativo establece que: “Todos los ingresos fiscales ordinarios constituirán un solo fondo”.

Que el Artículo 364 de la Constitución de la República establece que: “No podrá hacerse ningún compromiso ni efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente”. Sin embargo, cientos de miles de millones de lempiras se encuentran depositados en bancos públicos y privados, bajo contratos de fideicomisos que son administrados por comités de diversa integración y naturaleza, sus operaciones no se registran en el Presupuesto de la República, deciden de manera independiente sus planes de inversión, contratan préstamos e invierten hasta en bonos del Estado, sin que el Estado mismo pueda hacer uso de esos

recursos para cubrir sus ingentes necesidades, incluidos los vencimientos de cuotas de deuda.

Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 84 de la Ley Orgánica de Presupuesto, contenida en el Decreto No.83-2004, de fecha 21 de Junio de 2004, el depósito de los Fondos Públicos Objeto del Sistema de Cuenta Única, todos los fondos del Sector Público deberán depositarse en el Sistema de Cuenta Única en la Tesorería General de la República, que tiene por objeto el manejo ordenado de los fondos públicos; y corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas fijar los mecanismos operativos que garanticen el eficiente y oportuno funcionamiento, tanto en lo que corresponde a la captación de ingresos como a la ejecución de los pagos derivados del cumplimiento de las obligaciones que las instituciones del Estado realicen, coordinando lo pertinente con el Banco Central de Honduras (BCH).

Que de conformidad al Artículo 354 de la Constitución de la República, los bienes fiscales o patrimoniales solamente podrán ser adjudicados o enajenados a las personas y en la forma y condiciones que determinen las leyes, y de acuerdo con lo dispuesto por el Código de Comercio, el fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco fiduciario, la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinen; implica la cesión de los derechos o la traslación del dominio de los bienes en favor del fiduciario y frente a terceros, el fiduciario (banco) tendrá la consideración de dueño de los derechos o bienes fideicometidos; razón suficiente para sostener que los bienes nacionales no pueden ser concedidos bajo contratos de fideicomiso bajo ninguna justificación.

Que de acuerdo con el Artículo 1 del Código de Comercio, éste regula los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles. Sin perjuicio de las demás leyes sobre la materia los usos y costumbres mercantiles y a falta de éstos, las normas del Código Civil.

Que los fideicomisos son regulados en la Subsección IV del Código de Comercio, artículos del 1,033 al 1,062, donde entre otros se establece claramente que: “El fideicomiso es un negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al banco autorizado para operar como fiduciario, la titularidad dominical sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar sólo aquellos actos exigidos para cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinen”; “El fideicomiso implica la cesión de los derechos o la traslación del dominio de los bienes en favor del fiduciario”; “Frente a terceros, el fiduciario (banco) tendrá la consideración de dueño de los derechos o bienes fideicometidos”; “El consentimiento para la constitución del fideicomiso debe ser expreso”. Cada contrato de fideicomiso constituye y opera como si fuera una ley entre las partes. Apenas en el año 2019, mediante Decreto Ejecutivo PCM- 029-2019, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 23 de noviembre del año 2019, se creó la Dirección General de Fideicomisos, adscrita a la Subsecretaría de Finanzas y Presupuesto de la SEFIN, como encargada de participar en

la creación o estructuración de los fideicomisos, control y monitoreo de su ejecución, apoyar técnicamente a los Comités Técnicos y participar en su momento en la liquidación de todos los fideicomisos públicos existentes y vigentes en la República; así como con los que estén por constituirse o se constituyan en un futuro, y llevar el control y monitoreo del registro de cada uno de los Fideicomisos.

Que de conformidad a los artículos 10 y 12 de la Constitución de la República pertenecen a Honduras los territorios situados en tierra firme, dentro de sus límites territoriales, y su dominio es inalienable e imprescriptible y debe por tanto ejercer su soberanía y jurisdicción plena. La cual no puede ni debe sujetarse a contratos de fideicomiso por tiempo indeterminado, suscritos por Secretarios de Estado o titulares de entes descentralizados o desconcentrados, aun cuando sean aprobados por el Congreso Nacional ya que los mismos equivalen a una expropiación. Los ríos y todas las aguas que corren por los cauces naturales, son bienes de dominio público fluvial.

Que la creación de fideicomisos con fondos públicos administrados por comités integrados por miembros del sector público, sector privado y de sociedad civil, ha debilitado gravemente la Cuenta Única del Tesoro, reduciendo la transparencia con que se deben administrar los fondos públicos, por lo que es necesario poner fin a esta forma de administración, que excepcionalmente puede implementarse entre instituciones del Estado y en consonancia con el sistema de Caja Única del Tesoro.

Que, bajo los contratos de Fideicomiso suscritos por el Estado con instituciones de crédito públicas y privadas, se han constituido a su vez contratos de préstamos con intereses que van desde el ocho por ciento (8%) hasta el doce por ciento (12%) con instituciones del Sistema Financiero Nacional, los cuales no están registrados como deuda pública y en consecuencia contribuyen a deformar las finanzas públicas y emitir reportes que no reflejan la realidad fiscal y financiera del Estado y sus instituciones.

Que cientos de miles de millones de lempiras se encuentran bajo la figura de fideicomisos, depositados en instituciones bancarias públicas y privadas; mientras el Gobierno ha tenido que recurrir a solicitar un préstamo estacional y el uso de los Derechos Especiales de Giro para hacer frente a los vencimientos de deuda interna y externa heredada, incluidos los tres (3) bonos soberanos que a continuación se describen:

• 1)

  $500.0 mm colocado en 2013, a una tasa 7.50%, que vence en 2024, 2025 y 2026. En el mes de marzo pasado pagamos el vencimiento correspondiente a 2022 por un monto de $166.7 millones.

• 2)

  $700 mm, colocado en el año 2017, a una tasa 6.25%, que vence en 2027.

• 3)

  $600 mm, colocado en 2020, cupón por 5.625%, que vence en el año 2030.

Que de conformidad al Artículo 275- B mediante Decreto Legislativo No.30-2022 de fecha 8 de Abril de 2022, que contiene la Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2022, se instruyó a todos los Comités Técnicos de los Contratos de Alianza-Público Privada (APP), a contratar firmas auditoras internacionales a fin de auditar los proyectos administrados a través de las APP`s; dicha auditoría será financiada con recursos del patrimonio de los Fideicomisos, en los casos de

las APP`s que no cuenten con la figura de Fideicomisos el concedente financiará los costos de la misma. Asimismo se instruyó a los Fideicomitentes y a los Comités Técnicos de los Fideicomisos a contratar una firma auditora Categoría A según el Registro de Auditores Externos (RAE) de la Comisión Nacional de Bancos y Seguro (CNBS), para que procedan a auditar los fondos públicos administrados a través de los Fideicomisos, constituidos por diferentes instituciones del sector público, dicha auditoría será financiada con cargo a los fondos disponibles dentro de cada Fideicomiso, de no contar con la disponibilidad los Fideicomitentes deberán identificar los fondos para cubrir dicha auditoría.

Que de conformidad a la Atribución 1) del Artículo 205 de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

Que la Ley del Ministerio Público, contenida en el Decreto No.228-93, de fecha 13 de diciembre de 1993, establece dentro de sus misiones institucionales que tendrá a su cargo el cumplimiento de los fines y objetivos siguientes: Representar, defender y proteger los intereses generales de la sociedad; Colaborar y velar por la pronta, recta y eficaz administración de justicia, especialmente en el ámbito penal; llevando a cabo la investigación de los delitos hasta descubrir a los responsables y requerir ante los tribunales competentes la aplicación de la ley, mediante el ejercicio de la acción penal pública.

Que durante el periodo comprendido entre 2016 y 2017 la fenecida MACCIH-OEA promovió reformas legislativas e institucionales que resultaron necesarias para enfrentar el problema de corrupción en el país. Entre ellas la creación del Sistema Nacional contra la Corrupción, con la generación de un esquema de fiscalías especiales de competencia nacional para el conocimiento de delitos de corrupción. Asimismo, este sistema creó a una Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), en enero de 2017, para conocer grandes casos de corrupción.

Que finalizado el mandato de la MACCIH, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad

de la Corrupción (UFECIC),se convierte en la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) entidad adscrita a la Dirección General de Fiscalía, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de liderar la Política Contra la Criminalidad y adaptar la estructura orgánica del Ministerio Público a los retos de una nueva estrategia para garantizar el efectivo combate a la corrupción e impunidad cuyo elevado desempeño en sus funciones la ha hecho acreedora de un alto reconocimiento y respeto de la población hondureña y de la comunidad internacional.

Que la excepcional crisis en que se encuentra el país es provocada, principalmente, por las prácticas corruptas en el manejo de los bienes y recursos del Estado, lo que demanda la adopción de medidas de excepción para enfrentar los desafíos que la crisis genera. Dicha corrupción sólo se puede combatir exitosamente mediante mecanismos que tengan el doble efecto de desanimar la práctica de conductas ilícitas y el castigo de quienes incurran en ellas.

Que es una necesidad imperativa conferir a Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) un estatus especial para que cumpla sus funciones, concediéndole una serie de herramientas procesales, presupuestarias, administrativas y técnicas a efecto que los fiscales y demás personal de UFERCO procedan al ejercicio de la acción penal de oficio, sin ningún tipo de obstáculo desde el inicio de las investigaciones y durante la persecución pública ante los órganos jurisdiccionales de la República, bajo la estricta observación de la unidad de actuaciones y dependencia jerárquica que rige el Ministerio Público (MP), sin que sea necesaria la aprobación previa.

Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

Que mediante Decreto No. 181- 2006 de fecha 29 de noviembre del 2006, el Soberano Congreso Nacional aprobó la Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía, siendo publicada en el Diario Oficial La Gaceta Número 31,199 del 08 de enero del 2007, entrando en vigencia veinte (20) días después de esta fecha.

Que la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía es la entidad responsable de administrar la Zona Libre Turística con criterio administrativo, técnico y financiero propio.

Que de conformidad al artículo 6 numeral 1 el o la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas o en su defecto el o la Subsecretaria de Estado correspondiente, presidirá la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía.

Que la Presidenta de la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía es la ciudadana RIXI RAMONA MONCADA GODOY, quien mediante Acuerdo No. 7-2022 de fecha 27 de enero del 2022, fue nombrada en el cargo de Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas.

Que de conformidad al penúltimo párrafo del artículo 6 de la Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía, se creó el cargo de Director Ejecutivo.

Que de conformidad al artículo 7 numeral 8 de la Ley de la Zona Libre Turística del

departamento de Islas de la Bahía, se le otorga a la Comisión Administradora la atribución y competencia de nombrar al Director. Ejecutivo de la Zona Libre Turística del Departamento de Islas de la Bahía (ZOLITUR).

Que la Comisión Administradora de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía, celebró sesión extraordinaria en fecha 22 de abril de 2022, misma que dio inicio a las diez de la mañana con veinticuatro minutos (10:24 a.m.), con un punto único de agenda: el nombramiento del Director y Subdirector Ejecutivo de la Comisión ZOLITUR. Realizada la propuesta de las candidatas Paula Rosario Bonilla Meza y Emily Julie Lucas Rivers a ocupar los puestos de Directora y Subdirectora Ejecutiva respectivamente, la sesión fue suspendida a efecto de que los miembros alcanzaran consenso previa evaluación curricular de las propuestas, convocándose nuevamente para las ocho de la noche (8:00 p.m.) de ese mismo día. La sesión se reinició nuevamente a las ocho de la noche (8:00 p.m.) nombrando por unanimidad a la Abogada Paula Rosario Bonilla Meza, en el cargo de Directora Ejecutiva de la ZOLITUR y provisionalmente la Abogada Kendra Jones en el cargo de Subdirectora; se dio por finalizada a las ocho de la noche con treinta y cinco minutos (8:35 p.m.).

Que de conformidad al artículo 10 de la Ley de la Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía, “Las relaciones laborales del personal que trabajen la organización administrativa de la Zona Libre Turística están reguladas por el Régimen de Servicio Civil”.

Que según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de la Ley, del Servicio Civil, la Autoridad Nominadora, es el Presidente de la República por medio de los respectivos Secretarios de Estado y todo funcionario que tenga competencia para nombrar Servidores Públicos.