Certificación — Certificación de Fallo de la Sala de lo Constitucional sobre garantía de inconstitucionalidad contra artículo 34 del Decreto Legislativo 120-2013

Considerandos

1. 1.Que la Constitución de Honduras que se encuentra en vigencia desde 1982 estableció que Honduras es un Estado de Derecho, libre, soberano e independiente, cuya forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Que el poder o soberanía sólo corresponde al pueblo, misma que será ejercida de forma representativa y por la decisión libre del pueblo hondureño, por tres (3) poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todo el territorio nacional. Y, que ninguna persona, grupo u otra nación puede suplantar la soberanía popular, ni usurpar los poderes del Estado.
2. 2.Que el poder constituyente se configura como un poder originario, creador de un orden nuevo, un poder previo, que en el ejercicio de sus facultades soberanas organiza y establece las atribuciones, competencias, potestades, alcances y límites de los tres poderes del Estado o poderes constituidos. Éstos (los poderes constituidos o poderes del Estado) que son un poder derivado, no originario, que actúan como delegado de aquel (del poder constituyente), es un poder subordinado a la legalidad constitucional (a la Constitución).
3. 3.Que la Constitución de la República impone límites a los poderes constituidos o poderes del Estado. Estos límites que se denominan, formales y materiales. Límites formales que se deducen del establecimiento del proceso de reforma constitucional y del sometimiento a la Constitución de la República que deben estar sometidas leyes ordinarias o secundarias, como lo es esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), puesto que la misma Constitución establece qué requisitos formales o procedimentales tendrá -- 47 of 60 -- que cumplir u observar el Poder Legislativo para poder reformar la Constitución de la República y para poder aprobar leyes ordinarias o secundarias como lo es la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Así como que los límites materiales, se observan cuando el poder constituyente establece las cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas, porque las mismas defienden valores, principios y contenidos o temas específicos que el mismo constituyente decidió proteger, prohibiendo para ello al poder constituido o poderes del Estado su reforma o modificación. Entre estos temas o materias específicas, que el constituyente configuró como artículos intangibles o irreformables se encuentran, la forma de gobierno y el territorio nacional, establecidos en el artículo 374 de la Constitución. Lo que significa que todos aquellos artículos o preceptos de la Constitución que contengan estos temas o materias protegidas son denominados artículos intangibles o irreformables, mejor conocidos como artículos pétreos. Que todas las leyes ordinarias o secundarias, como lo es, la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) debe de someterse al imperio de la Constitución de la República.
4. 4.Que en fecha 12 de junio del 2013 el Poder Legislativo aprobó Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), mediante DECRETO No. 120-2013 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 6 de septiembre del 2013, bajo el número 33,222. Dicha Ley Orgánica que desarrolla la conformación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), a partir de una reforma constitucional que las creó y configuró, se violentó con ello, alterando, modificando y lesionando el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres (3) poderes del estado mediante la configuración de instituciones exclusivas para zonas privadas, de empresas privadas y para otorgar privilegios a un grupo de personas en detrimento de todos los hondureños, creando este régimen de ZEDE e instituciones con funciones, competencias, atribuciones y poderes que constitucionalmente son propios o exclusivos del poder Ejecutivo y Legislativo. Así también, alterando y modificando en estas zonas (ZEDE) el sistema de administración de justicia, permitiendo que sea suplantado por otros sistemas judiciales o jurisdiccionales de otros países. Poder, que sólo es propio y exclusivo en Honduras del Poder Judicial en todo el territorio nacional. En definitiva, también alterando, violentando y modificando gravemente nuestra forma de gobierno.
5. 5.Que el constituyente estableció como pétreos o irreformables estos temas específicos de la forma de gobierno y el territorio nacional, entre otros, con el objetivo que las autoridades respeten, protejan y defiendan estos temas, la forma de gobierno y el territorio nacional, frente a situaciones como éstas, es decir, de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), de una invasión, de ceder, de vender o de regalar el territorio nacional o, de alterar, o suplantar con cualquier otro nombre, o figura, la forma de gobierno que se establece en los artículos 1, 2 y 4 entre otros artículos de la Constitución de la República, en cuanto a que el poder, que es el pueblo hondureño soberano, se ejercerá en todo el territorio nacional por los tres (3) poderes del Estado establecidos.
6. 6.Que el Poder Legislativo -- 48 of 60 -- de la República, lejos de cumplir con la legalidad constitucional, respetar la Constitución y las prohibiciones a los poderes al aprobar y ratificar mediante reforma constitucional la creación de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) e incorporarlas al texto constitucional y mediante la aprobación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) así como cualquier otra normativa que exista y se deriven de ella, son nulas de pleno derecho, carecen de validez jurídica, porque su creación se hizo al margen de la Constitución, sin facultades para crear este tipo de leyes ordinarias o secundarias y vulnerando o traspasando los límites formales y materiales impuestos por el constituyente al legislador y a los poderes constituidos o poderes del Estado; teniendo una prohibición taxativa en el artículo 374 de la Constitución de la República, para no reformar los artículos 294, 303, 304 y 329 y para aprobar dicha Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), traspasó y violentó los límites formales, de procedimiento y materiales, de contenido, como lo es, la forma de gobierno y el territorio nacional. De igual manera, como en la jerarquía del derecho la reforma constitucional o ley de reforma, la Ley Orgánica o ley secundaria u ordinaria tienen un rango de ley inferior a la Constitución original, sobre todo frente a las cláusulas de intangibilidad o artículos pétreos, el Poder Legislativo de períodos anteriores al traspasar y violentar los límites mencionados en el párrafo anterior, produjo a la reforma constitucional y a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) una nulidad de origen constitucional, por lo que su aprobación y ratificación carece de validez jurídica, por encontrarse al margen de la Constitución de la República. En consecuencia, la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y todas aquellas normas jurídicas que se deriven, de la reforma constitucional y, de dicha ley orgánica, como ser, otras leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, contratos, concesiones o toda normativa y/o decisión etc., relacionada con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) carecen de validez jurídica. Puesto que ninguna autoridad tiene facultades para crear este tipo decisión o leyes secundarias, violando o traspasando los límites formales y materiales impuestos por el constituyente a los poderes del Estado, que protegen nuestro territorio nacional y forma de gobierno, además de valores materiales que trascienden de lo formal, como la soberanía e independencia del pueblo hondureño. Porque la legalidad constitucional responde a unos valores y principios que el poder constituyente protege a través de estas cláusulas intangibles o pétreas, para mantener el orden constitucional, la soberanía y el sistema democrático.
7. 7.Que de conformidad a los artículos 321, 323 y 374 de la Constitución, este Congreso Nacional 2022-2026 no reconoce ninguna sentencia, dictamen o resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia en pleno en favor de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Puesto que, es de amplio conocimiento que cualquier sentencia o cualquier decisión judicial que violente los artículos pétreos carece validez jurídica, ya que ha quedado claro que los poderes constituidos, entre ellos, el Poder Judicial no tienen la facultad para reformar (vía -- 49 of 60 -- jurisprudencia), modificar o alterar y violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución (artículo 374 de la Constitución). Ya que el poder constituyente le impuso límites a los tres poderes del Estado, eso incluye al Poder Judicial. Límites que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Suprema de Justicia al emitir sentencias y decisiones judiciales en favor de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) también los violentó en cuanto a la prohibición de reformar, por cualquier otro medio, o de cualquier modo y en ningún caso, los artículos protegidos, pétreos o irreformables, que afecten, modifiquen o alteren la forma de gobierno y el territorio nacional de Honduras, artículo 374.
8. 8.Que la revocación de cualquier disposición, contrato, concesión etc., vinculados, emitidos o dictados en favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no generará indemnizaciones de ningún tipo, a ninguna persona natural, a ninguna empresa y a ningún inversionista. Ya que ninguna persona natural, empresa o inversionista tiene derechos a reclamar sobre un negocio ilícito, proveniente de esta excesiva violación a nuestra Constitución, a la soberanía y a la dignidad a todos los hondureños. Ya que aun y cuando Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, artículo 15 de la Constitución, ningún tratado o convenio internacional se encuentra por encima de la Constitución, artículo 17 de la Constitución, ni ninguna Ley Orgánica se encuentra por encima de la Constitución, artículo 320 de la Constitución. La Constitución es categórica en cuanto a que, para que un tratado o convenio internacional que afecta una disposición constitucional, peor aún, afecta y produce una violación tan grave, como lo es, en este caso, los artículos pétreos, intangibles o irreformables y así se vuelva el tratado parte del derecho interno de Honduras, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento para el Estado de Honduras, tiene que cumplir con los requisitos constitucionales, uno de ellos es, que el tratado internacional debe de ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma constitucional y simultáneamente el artículo constitucional afectado por el tratado debe de ser modificado en el mismo sentido, antes de que sea ratificado por el Estado de Honduras dicho tratado, artículo 17 de la Constitución. Sin embargo, todo se hizo con ilegalidad constitucional o al margen de lo establecido en la Constitución. Puesto que, de un lado, no se hizo el procedimiento para modificar el artículo constitucional afectado, que son los artículos pétreos, éstos, de conformidad con la Constitución, sólo procede modificarlos mediante un plebiscito o referéndum o una Asamblea Nacional Constituyente, y ello no se hizo así. Otro es, tener la facultad constitucional para aprobar y ratificar dicha reforma constitucional; que no se tuvo, por la prohibición taxativa constitucional a los poderes del Estado de modificar o alterar los artículos intangibles o pétreos, artículo 374 de la Constitución. Por el contrario, el Poder Legislativo de periodos anteriores, al aprobar y ratificar la creación de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) e incorporarlas a la Constitución y aprobar esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), violentaron los límites formales (de procedimiento) y materiales (de contenido, que es grave), como lo es, la forma de gobierno y el territorio nacional.
9. 9.Que debido a este reconocimiento que hace la Constitución en cuanto a la separación y límites impuestos por el poder -- 50 of 60 -- constituyente al poder constituido o poderes del Estado, en donde se señala que las leyes constitucionales o leyes de reforma o reformas constitucionales, esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como ley secundaria u ordinaria se encuentran bajo límites claros y precisos (procedimiento de reforma constitucional y las cláusulas de intangibilidad) y, que éstas no se encuentran en el mismo plano de la Constitución original, se considera, que no sólo es una atribución, facultad o potestad del Poder Legislativo, sino también que se torna en una obligación para este poder del Estado de conformidad con su mandato constitucional, artículos 205.1, 323, 374 de la Constitución, el derogar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) porque vulnera los límites formales o materiales establecidos en la Constitución, como lo son las cláusulas de intangibilidad, irreformables o pétreas.
10. 10.Que este Congreso Nacional 2022-2026, no permitirá que se violente, afecte, lesione, modifiquen o alteren la forma de gobierno y el territorio nacional de Honduras, tampoco permitirá que se violente la soberanía del pueblo, a través de esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ley ordinaria o secundaria, que traspasó los límites impuestos por el poder constituyente en la Constitución a los poderes constituidos o poderes del Estado; puesto que, “proceder de otra manera significaría destruir la lógica del Estado constitucional, otorgando a un poder jurídicamente limitado, … (…) … las atribuciones del poder soberano.”. Por cierto, luego de analizar la parte considerativa arriba transcrita del Decreto Legislativo No. 33-2022, este alto tribunal de justicia declara que hace suyos todos los conceptos allí establecidos, en virtud de que acompañan y complementan las argumentaciones que sustentan la presente sentencia. 6.6. Cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico o ZEDEs tienen como precedente lo que en su momento se llamó, estatuto constitucional de las REGIONES ESPECIALES DE DESARROLLO (RED), mejor conocidas como “ciudades modelo”. Las entonces “ciudades modelo” nacieron con la reforma constitucional a los artículos 304 y 329 de la Constitución de la República que fueron promulgadas mediante el Decreto Legislativo No. 283-2010 publicado en La Gaceta número 32,443 del quince de febrero del dos mil once, que luego fue ratificado por el Decreto Legislativo número 4-2011, publicado en La Gaceta número 32,460 del siete de marzo del dos mil once. Asimismo, contra el Decreto Legislativo número 123-2011, publicado en La Gaceta número 32,601 del veintitrés de agosto del dos mil once que contenía el Estatuto constitucional de las Regiones especiales de desarrollo.53 Todos los anteriores Decretos Legislativos que dieron nacimiento a las “ciudades modelo”, fueron declarados inconstitucionales por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia RI- CSJ-0769-2011 dictada el diecisiete de octubre de dos mil doce.54 Cabe resaltar que la declaratoria de inconstitucionalidad 53 El artífice de dichos Decretos Legislativos fue el Congreso Nacional presidi- do por Juan Orlando Hernández Alvarado durante el gobierno del Presidente de la República José Porfirio Lobo Sosa. 54 Debido a que la decisión judicial de la Sala de lo Constitucional no obtu- vo la unanimidad requerida por la Constitución, el asunto pasó al conocimiento del pleno de quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes al final declararon por mayoría de votos la inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos ya indicados. Votaron a favor de la inconstitucionalidad los ma- gistrados José Tomás Arita Valle, Rosalinda Cruz Sequeira de Williams, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva, Rosa de Lourdes Paz Haslam, José Francisco Ruiz Gaeckel, José Antonio Gutiérrez Navas, Jaco- bo Antonio Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Edith María López Rivera y María Luisa Ramos. Votaron a favor de la constitucionalidad de los Decretos los magistrados Óscar Fernando Chin- chilla Banegas y Jorge Alberto Rivera Avilés, este último Presidente de la Corte Suprema de Justicia. -- 51 of 60 -- fue motivo para que el Congreso Nacional, en represalia, depusiera a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional (2009-2016).55 Como también es de destacar que, el Estado de Honduras recientemente fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de dicha destitución de magistrados.56 Nuevamente se presentaron garantías de inconstitucionalidad en contra de las ahora ZEDEs, pero en esta ocasión no hubo oposición por parte de la Sala de lo Constitucional (2009-2016), conformada por nuevos magistrados, elegidos por el Congreso Nacional en sustitución de los que declararon la inconstitucionalidad de las ciudades modelo. Las sentencias que declararon sin lugar las inconstitucionalidades son: a) RI-0030-2014 de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; b) RI-0174-2014 de fecha doce de agosto de dos mil catorce; c) RI-0179-2014 de fecha diez de junio de dos mil catorce; y, d) RI-0424-2014 dictada en fecha veintinueve de abril de dos mil catorce. Cabe mencionar que todas estas sentencias se dictaron por unanimidad de votos.57 A continuación, la Corte Suprema de Justicia, procede a referirse a estos precedentes jurisprudenciales, dictados por la Sala de lo Constitucional (2009-2016). Para de inicio señalar que ninguna de estas 55 Los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos el once de noviembre de dos mil once, son: José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma. El único magistrado que no fue removido fue Óscar Fernando Chinchilla Bane- gas debido a que votó a favor de la constitucionalidad de los Decretos impugna- dos y quien posteriormente fue elegido Fiscal General de la República, durante los dos periodos presidenciales de Juan Orlando Hernández. 56 Cfr. Corte IDH. Caso Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras. Fondo, Repara- ciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2023. Serie C No. 514. 57 Votaron los magistrados Silvia Trinidad Santos Moncada (Presidenta). Víctor Manuel Lozano Urbina. German Vicente García García. José Elmer Lizardo Ca- rranza. Lidia Estela Cardona Padilla, todos ellos elegidos por el Congreso Nacio- nal después de haber destituido a los que se declararon la inconstitucionalidad de las ciudades modelo o redes. sentencias se encuentran ajustadas a lo que disponen de manera imperiosa e ineludible los artículos 374 y 375 de la Constitución, tanto en razón de todo lo que ya se expuso con anterioridad y las acotaciones que a continuación se detallan. 6.6.1. La Sala de lo Constitucional (2009-2016) justifica la sentencia RI-0030-2014 señalando que la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico obedece a:“… aliviar las precarias condiciones económicas en que se debate la mayoría del pueblo hondureño, con su creación nuestro legislador pretende de forma loable que tales zonas sean verdaderos polos de desarrollo mediante la captación e inversión de capital tanto extranjero como nacional a fin de poder brindarle a una buena parte de nuestra población desempleada, la oportunidad de tener un trabajo digno y así mejorar sus condiciones de vida.”. Seguidamente señala que no comparte la tesis de que las reformas constitucionales sometidas a escrutinio, son violatorias de artículos irreformables, en relación con el territorio lo explica en el párrafo que a continuación se transcribe y el cual es de imposible comprensión, así58: “…entendemos que la tenencia de la tierra se define como una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas; la cual reviste un carácter multidimensional, al entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos que indudablemente deberán tomarse en cuenta; en ese sentido también entendemos que las reglas sobre la tenencia de la tierra definen de qué manera pueden asignarse dentro de la sociedad los derechos de propiedad de la tierra, definen como se otorga el acceso a los derechos de utilizar, 58 Ver considerando 11 de la sentencia. -- 52 of 60 -- controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones; aspectos todos los cuales parten de un concepto dominical eminente por parte del Estado, como atributo esencial del Estado;…”. Luego, señala que no considera que la reforma al artículo 329 de la Constitución sea inconstitucional, en virtud de que en su texto se dispone que el Congreso Nacional al aprobar la creación de las zonas sujetas a regímenes especiales debe garantizar lo dispuesto en: “… los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 19 de la Constitución de la República referente al territorio. Estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes”. De manera que esta Corte Suprema de Justicia (2023-2030) al examinar la decisión anterior dictada por la Sala de lo Constitucional (2009-2016), toma en cuenta en su análisis que la inconstitucionalidad reprochada entonces, fue rechazada en aquel momento mediante un argumento muy simplista, porque refutó el reproche limitándose a indicar que el texto cuestionado es constitucional porque el mismo texto cuestionado así lo dice. El análisis de la Sala de lo Constitucional (2009-2016), no es jurídicamente y constitucionalmente correcto, en lugar de quedarse en la exposición literal de la normativa bajo escrutinio, debió trascender y superar lo meramente formal; porque de hecho, de haber estudiado los efectos materiales del texto reformado, se habría dado cuenta que, aunque dicho texto de manera expresa consigne su respeto a la Constitución, soberanía, defensa nacional, etc., esto no es cierto, tal como ya se analizó extensamente con esta sentencia. Es decir, el hecho de que una norma disponga que se encuentra de conformidad con lo que dispone la Constitución de la República, no la hace per se constitucional. En otro aparte, la Sala de lo Constitucional (2009-2016) en la sentencia dictada en el año 2014, toma como justificado el régimen fiscal especial59 que dispone la reforma constitucional del artículo 329, señalando literalmente lo siguiente60:“… tal normativa es lo suficientemente clara en cuanto al régimen fiscal y financiero que rige esas zonas especiales, situación que no es contraria a nuestra norma fundamental, toda vez que entendemos que tal régimen fiscal especial es concedido por el poder derivado que el pueblo hondureño ha depositado en el Congreso Nacional de la República, razón más que suficiente para estimar que no se produce la inconstitucionalidad invocada por la recurrente”. La Sala de lo Constitucional (2009-2016) en aquella sentencia, cometió el error (o abuso) de considerar que el poder derivado o Congreso Nacional, se encuentra en situación jerárquica superior en relación con el Soberano, quien detenta el poder originario. No tomó en cuenta, que una de las manifestaciones más rigurosas de poder, es precisamente lo atinente a la facultad de imponer cargas tributarias; y que este es uno de los elementos más significativos de soberanía. Por lo que dicha disposición es inconstitucional en razón de atentar contra del 59 En complemento, el artículo 4 de la ley secundaria contenida en el Decreto Legislativo número 120-2013 que desarrolla le referidas zonas, regula lo atinente al régimen fiscal de las mismas al disponer “El régimen fiscal especial de las Zo- nas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de varios periodos de gobierno.” Y que en ese mismo sentido el artículo 23 de la citada ley establece: “Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), tiene un régimen financiero independiente, están autoriza- das a utilizar sus ingresos financieros exclusivamente para sus propios fines, y transferirán recursos a las autoridades del resto del país en la forma en que se señale en esta ley…” 60 Ver considerando 12 de la sentencia. -- 53 of 60 -- sentido de pertenencia soberano de un territorio, como elemento físico donde se ejerce autoridad y control, imponiendo entre otras, la obligación de tributar. Seguidamente la Sala de lo Constitucional (2009-2016) en el considerando 13 de la sentencia dictada en el año 2014, dispuso que la reforma de los artículos ya mencionados, no atenta contra la soberanía nacional en virtud de lo que a continuación se transcribe:“… es pertinente señalar por parte nuestra, que el poder político en el marco de un Estado unificado, se ejerce de forma excluyente en una comunidad política en el marco de un territorio. Así tenemos que el Estado se organiza en una serie de instituciones u órganos especializados para ejercer tal poder, lo cual conlleva la coerción, misma que tiene su derivación del Poder político unificado y superior del Estado.”. De este farragoso e ininteligible argumento, pasa a señalar lo siguiente, redactado también de forma igualmente incomprensible; el cual en todo caso, no alcanza a justificar el hecho de que el Congreso Nacional suplantó en el caso bajo estudio, el poder del Constituyente originario: “… la soberanía de un Estado en el ámbito internacional deriva de su independencia, aun y cuando en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente definir el ámbito real de independencia es cada día más difícil; pero no por ello debemos olvidar que la misma definición de Estado está íntimamente ligada con la independencia jurídica; en su dimensión interior debe precisarse quien ejerce esa soberanía, situación esta, que ha sido objeto de debate a lo largo de los dos últimos siglos, ahora bien con el nacimiento de los Estados democráticos se ha construido la idea de soberanía interior sobre la base de que sólo el pueblo en su conjunto expresaba la voluntad de la nación, en otras palabras al subordinar la legitimidad de la soberanía estatal al predominio de la soberanía social, esta última se ha impuesto como elemento central de referencia, jurídicamente tal situación en el caso nuestro se ha traducido en la aprobación por nuestros constituyentes de la Constitución de la República, de la cual se deriva la legitimidad de los poderes constituidos y con ello se ha construido el concepto de poder constituyente.” Finalmente, la Sala de lo Constitucional de aquel entonces, justifica la facultad de reformar la Constitución que tiene el Poder Legislativo; sin embargo, soslaya a propósito la existencia de normas que son irreformables o pétreas.En el decurso de la presente sentencia, se han ido dando argumentos que demuestran que el contenido de las reformas bajo estudio es inconstitucional, porque contraviene el contenido protegido del artículo 374 constitucional. En el considerando 14 de la sentencia dictada en el año 2014, la Sala de lo Constitucional ( 2 0 0 9 - 2 0 1 6 ) d i s p u s o d e s e s t i m a r e l m o t i v o d e inconstitucionalidad mediante el cual se denunciaba la vulneración del artículo 374 de la Constitución de la República, por quebrantar la forma de gobierno. En ese entonces la Sala de lo Constitucional se limitó a argumentar lo siguiente: “… esta Sala estima que teniendo cada poder del Estado definida las atribuciones que le corresponden, así como analizadas las reformas constitucionales impugnadas y la ley que rige las ZEDE, no encontramos que las mismas se opongan a la forma de gobierno establecida por nuestra carta magna toda vez que precisamente las referidas zonas tienen como normativa jerárquica aplicable en primer lugar la Constitución de la República, en segundo lugar los tratados internacionales celebrados por el Estado de Honduras en lo que sean -- 54 of 60 -- aplicables; en tercer lugar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); en cuarto lugar las leyes señaladas en las disposiciones finales de la referida ley y finalmente la normativa interna que emane de las autoridades de las referidas zonas.” Con la anterior argumentación, la Sala de lo Constitucional (2009-2016), niega rotundamente que una reforma constitucional pueda contrariar a la misma Constitución, lo que si es posible, tal como ya fue explicado en esta sentencia. La Sala de lo Constitucional (2009-2016), obvió en aquel momento, cuestionar todo lo referente a la autonomía que el Congreso Nacional de entonces, le cedió a los inversionistas sobre los territorios constituidos en ZEDEs, permitiéndoles crear y aplicar normas legales especiales; y juzgar a los habitantes de dichas zonas de conformidad, no a las leyes hondureñas, sino a las propias, incluyendo extranjeras; y, ni siquiera conforme a nuestro sistema judicial, sino sistemas ad hoc, administrado por jueces nombrados por nuestra Corte Suprema de Justicia, pero escogidos por los gobiernos de las ZEDEs. La Sala de lo Constitucional (2009-2016) conformada por los nuevos magistrados, precisamente los mismos que sustituyeron a los q u e f u e r o n d e s t i t u i d o s p o r h a b e r d e c l a r a d o l a inconstitucionalidad de las “ciudades modelo”, se refirió al motivo de inconstitucionalidad consistente en la violación a normas de naturaleza irreformable en sentido restrictivo61, señalando dicha Sala que, al confrontar el objetivo de las 61 Refiriéndose a temas relacionados con: a) La libertad e igualdad ante la ley (artículo 60); b) La no aplicabilidad de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergi- versan (artículo 64); c) derecho a la libre circulación (artículo 81); d) Derecho a no ser expatriado (artículo 102); y, e) Las leyes que regulan las relaciones laborales son de orden público, e implica la nulidad de los actos o convenios que implique renuncia, disminución o restricción de los mismos (artículo 128); en relación con los artículos 1, 10 y 24 de la Declaración universal de los derechos humanos, y lo preceptuado en los artículos 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reformas constitucionales, observa que la ley orgánica impugnada y que regula las referidas zonas, establece en su artículo 9 lo siguiente: “Todas las personas en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son iguales en derechos y deberes, sin discriminación de ninguna naturaleza, salvo las disposiciones señaladas en la Constitución de la República o en la presente Ley Orgánica que reserven a hondureños o a residentes en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).” Por lo que, al tenor de lo antes expuesto, dicha Sala (2009-2016) desestimó el reproche de violación al derecho a la igualdad que le asiste a los ciudadanos de este país con la creación de las referidas zonas de desarrollo. Posteriormente la Sala de lo Constitucional (2009-2016) en la sentencia que pronunció en el año 2014, con relación a la libertad de locomoción, dispuso que no existe violación al artículo 81 de la Constitución de la República. Esto lo explicó señalando que dicho derecho está contenido en el artículo 13 de la Declaración universal de derechos humanos, haciendo referencia a cuatro derechos claramente diferenciados y complementarios entre sí, como son: “1) El derecho a la libre circulación de los nacionales de un determinado Estado dentro de su Estado y de los extranjeros que se hallen en el legalmente. 2) El derecho que tienen los nacionales de un Estado y los extranjeros que se hallen en él legalmente a escoger su residencia dentro del Estado. 3) El derecho a salir libremente de cualquier Estado, incluso del que el ciudadano es nacional. 4) El derecho a retornar a un Estado. Este último derecho comprende el de retorno de los nacionales y el derecho a la reinmigración para los extranjeros residentes.” Asimismo, dicha Sala (2009-2016) explicó que: “La formulación del principio general de la libre -- 55 of 60 -- circulación de las personas tiene dos vertientes bien diferenciadas: a) La estatal o derecho a poder residir y moverse dentro de las fronteras de un determinado Estado; y, b) La internacional que hace referencia al derecho a poder salir de un Estado del que no se es nacional, el derecho a volver a él, o el derecho a pedir asilo. Para luego señalar, que al contrastar el derecho a la libre circulación y de residencia, analizados a la luz de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), decide que dicha ley no restringe el derecho constitucional mencionado porque cuando un ciudadano decide voluntariamente habitar en una ZEDE, es indudable que para él, se establecen unas condiciones y límites específicos, que no se dan respecto de aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de las referidas zonas; y que, tales límites o restricciones, operan tanto para residentes como para aquellos que no lo son, sometiéndose a la Constitución y las leyes vigentes, por lo que no existe vulneración a la referida garantía.62 Al analizar la razón de rechazo descrito ut supra, se percibe que no es una respuesta que satisfaga el deber de motivación clara y suficiente, debido a que lo que el impetrante reprocha es la inaccesibilidad de los no residentes a las ZEDEs, queriendo señalar que es como entrar a otro país, en virtud de que dichas zonas están sometidas a otra legislación y autoridades distintas a las del resto del país. Cuestionamiento que no abordó este alto tribunal de justicia en aquel momento, o sea no dio puntual respuesta al reproche. También en dicha sentencia, se pretendió dar respuesta al reproche de que la creación de las 62 En realidad, este apartado de la sentencia se encuentra redactado de manera farragosa o poco comprensible, de manera que aquí se resume, intentando captar lo mejor posible, su sentido y alcance. ZEDEs, violenta el artículo 102 constitucional, el cual prohíbe la expatriación o entrega de personas de nacionalidad hondureña a autoridades de un Estado extranjero. En ese momento la Sala (2009-2016), dispuso que no eran de recibo los argumentos de la recurrente, puesto que las ZEDEs, no constituyen un estado extranjero y que tampoco el territorio ocupado por las mismas puede considerarse como tal, ya que sigue siendo parte inalienable del territorio nacional. Al analizar nuevamente el tema, se cuestiona que, en aquella oportunidad, este alto tribunal de justicia, no brindó una respuesta satisfactoria al problema, al contestar el asunto dando por hecho una cuestión que suscita más bien, más inquietudes y dudas que certezas y seguridades. Es decir, se responde bajo la afirmación de que el territorio de las ZEDEs sigue siendo territorio hondureño; pero sin abordar y aplacar las dudas que existen, sobre si dichos territorios se encuentran más allá de la mera formalidad bajo la real y material jurisdicción hondureña. Esto último, como interrogante bien fundada en el hecho concreto de la casi absoluta autonomía cedida a favor de los inversionistas, quienes como ya se expuso antes, tendrían absoluta libertad para legislar, nombrar autoridades, escoger jueces, imponer sistemas de juzgamiento foráneos y juzgar finalmente a quienes se encuentren en dichos territorios según sus propias leyes. 6.6.2. La sentencia RI- 0174-2014, se dictó por unanimidad de votos63 desestimando la garantía de inconstitucionalidad. En esta sentencia se reproduce el contenido de la sentencia RI-0030-2014 anteriormente expuesta, insertándola desde el considerando 63 La decisión fue tomada por los magistrados Silvia Trinidad Santos Moncada (Presidenta). Víctor Manuel Lozano Urbina. German Vicente García García. José Elmer Lizardo Carranza. Lidia Estela Cardona Padilla. -- 56 of 60 -- 5 hasta el considerando 16, para reiterar al final su decisión y confirmando sus argumentos.64 6.6.3. La sentencia RI-0179- 2014 dictada en fecha diez de junio de dos mil catorce65, nuevamente reitera la decisión y argumentos de la sentencia RI-0030-2014, transcribiéndola al igual que en la anterior. 6.7.4. La sentencia RI-0424-2014 de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce fue declarada inadmisible tras considerar que los ciudadanos Jorge Nelson Ávila Gutiérrez y Edwin Antonio Sandoval Lagos, actuando en su condición personal, no cumplieron con la previsión establecida en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que impone al recurrente la obligación de indicar en forma clara y precisa el interés directo, personal y legítimo que motiva su acción. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia concluye señalando que la presente sentencia constituye por sí misma una variación en la línea jurisprudencial que había seguido este alto tribunal de justicia con las sentencias anteriores: RI-0030-2014, RI-0174-2014, RI-0179-2014 y RI-0424-2014. La argumentación que explica el cambio 64 Sentencia de fecha doce de agosto de dos mil catorce, dictada en la garan- tía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de acción por Nahum Efraín La- lin Güity por la ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA DE HONDURAS (OFRANEH); Bertha Cáceres por COPINH; Jessica Yamileth Trinidad por la RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS; Ana Suyapa Ortega por la MESA DE MUJERES PROGRESISTAS; Luis Alberto Méndez por el PROYECTO CULTURAL Y POLÍTICO CASA DE LOS PUE- BLOS; Carmen Gabriela Diaz Sánchez por el CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES; Kevin Armando Galo por el FRENTE REVOLUCIONARIO AR- TÍSTICO CONTRACULTURAL; Donaldo Hernández Palma por el CEHPRO- DEC; Denia Xiomara Mejía por el INEHSCO; Fredin Funez por el PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES; Juan Almendares por el COMITÉ HONDUREÑO ACCIÓN POR LA PAZ; Lorena Margarita Zelaya por INSU- RRECTAS AUTÓNOMAS; Sandra Marybel Sánchez y Óscar Tábora Leiva. Acción interpuesta en contra del Decreto Legislativo No. 236-2012 ratificado con el Decreto No. 9-2013, en cuanto crean las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, y el Decreto No. 120-2013, contentivo de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, por violentar artículos 294, 303, 329 y 374 de la Constitución de la República, esta última contentiva de disposiciones irreformables como los relativo a la soberanía, al territorio nacional y a la forma de gobierno. 65 Esta sentencia desestima la acción de inconstitucionalidad promovida por Jari Dixon Herrera Hernández, Juan Alberto Barahona, Pedro Rafael Alegría Moncada, Darwin Enrique Barahona, Juan Alexander Barahona y Nelson Enri- que colindres, miembros del FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA PO- PULAR (FNRP). jurisprudencial, se encuentra ampliamente expuesta en la parte que fundamenta el fallo de esta sentencia, debiéndose reparar especialmente en el carácter impositivo e ineludible del artículo 375 constitucional en relación con el artículo 374, debiéndose en ese sentido tomar esta sentencia, como el restablecimiento ex officio del imperio de nuestra Constitución violentada en sus elementos irreformables de territorio y forma de gobierno, con la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo o ZEDEs, mediante el Decreto Legislativo No. 236-2012, e

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