Decreto Legislativo No. 36-2026 — Reforma a la Ley de Municipalidades - Límite de embargos judiciales a transferencias municipales
Resumen
Esta ley protege a los municipios limitando los embargos judiciales a solo el 30% de sus transferencias del Estado, evitando que pierdan toda su financiación para servicios básicos como agua, recolección de basura y salarios. Los jueces que ignoren este límite responden legalmente, garantizando que los municipios puedan seguir funcionando mientras pagan sus deudas.
Cadena de Modificaciones
Considerandos
- 1.Que la Constitución de la República de Honduras, en su Artículo 298, consagra la autonomía municipal como principio fundamental, garantizando a los municipios la capacidad para administrar sus recursos y prestar servicios públicos esenciales como agua potable, saneamiento, recolección de basura, mantenimiento vial y atención básica, los cuales dependen mayoritariamente de las transferencias del Gobierno Central.
- 2.Que el Artículo 91 de la Ley de Municipalidades regula las transferencias del Estado a las municipalidades, equivalentes al once por ciento (11%) de los ingresos tributarios nacionales, distribuidas mensualmente, constituyendo la principal fuente de financiamiento para la mayoría de los municipios, en especial los de Categorías C y D con escasa recaudación propia.
- 3.Que, en la actualidad, más de setenta (70) municipalidades enfrentan embargos judiciales por ejecución de sentencias firmes que superan los MIL DOSCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS (L.1,200,000,000), según Informe actualizado de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), generando retenciones que en muchos casos alcanzan el cien por ciento (100%) de las transferencias, lo que paraliza el pago de salarios, servicios básicos y ejecución de obras, afectando gravemente a la población de cada municipio.
- 4.Que es necesario reducir y reforzar el límite a los embargos judiciales sobre dichas transferencias, estableciendo un tope máximo del treinta por ciento (30%) para garantizar la sostenibilidad financiera municipal, equilibrar el cobro de deudas consolidadas por Sentencias Firmes con la protección del interés público y la continuidad de los servicios esenciales, en armonía con los principios de proporcionalidad y bien común.
- 5.Que los jueces que ordenen embargos en contravención a límites legales incurren en abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por lo que deben responder civil, penal y administrativamente, pudiendo iniciar cualquier investigación en su contra de oficio o a denuncia de parte.
- 6.Que esta reforma fortalece la autonomía municipal, en armonía con la Descentralización, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 11) y experiencias regionales -- 1 of 3 -- que protegen fondos públicos transferidos contra embargos excesivos, contribuyendo a mitigar la crisis financiera que afecta actualmente a decenas de alcaldías.
- 7.Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las Leyes.
Articulos
Articulo 1
Reformar por adición a la LEY DE MUNICIPALIDADES, contenida en el Decreto No.134-90 de fecha 29 de Octubre de 1990 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 19 de noviembre de 1990, Edición No.26,292, adicionando el Artículo 91-A, el que de ahora en adelante se leerá de la siguiente manera: “ARTÍCULO 91-A.- Se prohíbe el embargo judicial o cualquier retención sobre las transferencias que el Estado realice a cada municipalidad, por ejecución de Sentencias Firmes o cualquier otro título ejecutivo, cuando afecte más del treinta por ciento (30%) del monto de dichas transferencias. Tampoco se podrá afectar el uno por ciento (1%) correspondiente al Fondo de Transparencia Municipal y el uno por ciento (1%) correspondiente a la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON). Todos los jueces y órganos jurisdic- cionales tienen la obligación de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en este Artículo. Para tal efecto, la Alcaldía llevará un registro anual de todos los embargos, sin que, en conjunto, pueda embargarse un porcentaje superior al límite establecido entre todos los procesos. La inobservancia de esta disposición dará lugar a la correspondiente responsabilidad civil, administrativa y penal”. -- 2 of 3 -- Poder Legislativo