La Gaceta No. 34,187 del 15 de Noviembre del 2016

Este documento contiene varios acuerdos y decretos hondureños: el Acuerdo 149-2017 autoriza al Procurador General a firmar un contrato de arrendamiento de 39.28 hectáreas de terreno nacional a favor de la empresa Camaronera El Faro para cultivo de camarón en Valle; el Acuerdo Ejecutivo 0122 redistribuye fondos presupuestarios para infraestructura y transporte urbano; y un Reglamento de Manejo del Centro Histórico del Distrito Central que regula construcciones, rótulos y uso de espacios en Tegucigalpa y Comayagüela para proteger el patrimonio cultural.

Este documento publica varios acuerdos administrativos del gobierno hondureño de 2018-2019, incluyendo cambios de personal en dependencias estatales y la creación de un mecanismo de protección para funcionarios del Ministerio Público que enfrentan riesgo por su trabajo. El mecanismo establece medidas de seguridad y protección para fiscales, investigadores y empleados del MP que estén en peligro por combatir la criminalidad.

El Decreto 143-2014 aprueba la cuarta modificación de un contrato de supervisión para la carretera Tegucigalpa-Catacamas. Aumenta el presupuesto en 12.3 millones de lempiras (total: 91.7 millones) y extiende el plazo de ejecución 11 meses adicionales (total: 69 meses). Beneficia al supervisor de la obra y garantiza fondos suficientes para completar el proyecto.

El Decreto 266-2013 crea un marco legal para optimizar la administración pública y mejorar servicios. Establece cambios institucionales, ascensos en el Cuerpo de Bomberos y aprueba el Programa "Bono Vida Mejor", que entrega dinero mensual a familias pobres si cumplen corresponsabilidades en educación, salud y nutrición para romper el ciclo de pobreza.

Este documento publica varios acuerdos y decretos presidenciales de 2014 sobre cambios administrativos en el gobierno hondureño, incluyendo nombramientos y cancelaciones de funcionarios. También aprueba el Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que organiza y regula el funcionamiento de las cárceles, estableciendo reglas para la rehabilitación de prisioneros y protección de sus derechos humanos.