Gaceta 36,495 MARTES 26 DE MARZO DEL 2024

Considerandos

1. 1.Que la Constitución de la República establece que Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional que propenden a la solidaridad humana, al respeto de la autodeterminación de los pueblos, a la no intervención y al afianzamiento de la paz y la democracia universal. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional (artículo 15).
2. 2.Que de conformidad a la Constitución de la República, corresponde a la Presidenta de la República, entre otras atribuciones, dirigir la Política General del Estado y representarlo, emitir Acuerdos, Decretos, expedir Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley, así como las demás atribuciones que le confiere la Constitución y las Leyes (artículos 245 numerales 2, 11 y 45).
3. 3.Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República la Presidenta convoca y preside el Consejo de Ministros (artículo 252). Asimismo, de conformidad a la Ley General de la Administración Pública, la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones, actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
4. 4.Que de conformidad a la Ley General de la Administración Pública, es atribución del Consejo de Secretarios de Estado conocer y resolver los asuntos que le someta la Presidenta de la República (artículo 22 numeral 9).
5. 5.Que en el año 2002, el Estado de Honduras ratificó la Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, con lo cual el Estado se comprometió a condenar toda -- 1 of 8 -- EDIS ANTONIO MONCADA SULY YADIRA ANDRADE GUTIERREZ Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL discriminación racial y adoptar medidas especiales con el fin exclusivo de asegurar el adecuado progreso de los grupos raciales o étnicos que requieren protección con el objeto de garantizarles, en condiciones de igualdad, el disfrute o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
6. 6.Que en el año 1995, el Estado de Honduras ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, el cual establece que el Estado deberá reconocer a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan, por lo cual debe tomar las medidas que sean necesarias para garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión (artículo 14).
7. 7.Que en 2007, el Estado de Honduras adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, mediante la cual se reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos.
8. 8.Que el Estado de Honduras es parte de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos desde el año 1977 y aceptante de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo cual, tiene la obligación de cumplir con las sentencias emitidas por ese Alto Tribunal del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por lo cual, es necesario adoptar medidas que garanticen el cumplimiento efectivo de las obligaciones contenidas en los fallos que involucran a comunidades Garífunas.
9. 9.Que las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de la “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras”, y “Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”, ambas de fecha 8 de octubre de 2015, determinaron la responsabilidad del Estado de Honduras por violaciones a los derechos de ambas comunidades, a su propiedad colectiva, a las garantías y protección judicial y a la vida de sus miembros. Asimismo, condenó al Estado a cumplir con su obligación de reparar integralmente a las víctimas, mediante medidas de reparación que incluyen, entre otros puntos, la obligación de garantizar el uso y goce de su propiedad colectiva a través de la demarcación, titulación y saneamiento de sus tierras ancestrales, reformas en el ordenamiento jurídico interno y a la investigación diligente de las muertes de miembros de las comunidades, con base en estándares internacionales.
10. 10.Que el punto resolutivo décimo tercero (13) de la sentencia del caso “Comunidad Garífuna de Punta -- 2 of 8 -- Piedra y sus miembros vs. Honduras”, establece que “El Estado debe poner en marcha los mecanismos necesarios de coordinación entre instituciones con el fin de velar por la efectividad de las medidas antes dispuestas”. Por lo cual, es necesario reformar y optimizar la coordinación interinstitucional del Estado para dar cumplimiento a dichas sentencias, en coordinación con las comunidades Garífunas de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, y sus representantes legales.
11. 11.Que la Ley General de la Administración Pública, define como competencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI): “…la protección de los intereses del Estado hondureño frente a demandas, arbitrajes u otras acciones que los amenacen…” (artículo 29 numeral 14).
12. 12.Que el Decreto Ejecutivo No. 01-2016 crea la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos “Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras” y “Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras”. Sin embargo, las comunidades referidas y sus representantes legales han solicitado al Estado de Honduras la nueva conformación, estructuración y funcionamiento de la Comisión antes indicada, en virtud de que la misma no ha cumplido con los objetivos de “allanar los obstáculos y garantizar la adopción de criterios y acciones eficaces para satisfacer el cumplimiento de las sentencias internacionales y las recomendaciones y obligaciones internacionales”.

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