Decreto Legislativo No. 20-2022 — Cumplimiento de sentencia de inconstitucionalidad y remisión de expedientes al Ministerio Público

Considerandos

1. 1.Que de conformidad al Artículo 222 de la Constitución de la República, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), es el ente rector del Sistema de Control de los Recursos Públicos, con autonomía funcional y administrativa de los Poderes del Estado, sometido solamente al cumplimiento de la Constitución y las leyes, el mismo tiene como función la fiscalización a posteriori de los fondos, bienes y recursos administrados por los Poderes del Estado, instituciones descentralizadas y desconcentradas, incluyendo los bancos estatales o mixtos, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), las municipalidades y de cualquier otro Órgano Especial, ente público o privado que reciba o administre recursos públicos de fuentes internas o externas.
2. 2.Que es necesario actualizar el marco jurídico del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a fin de lograr el fortalecimiento de su capacidad para prevenir y evitar que se cometan actos irregulares en perjuicio del Patrimonio del Estado, evitando llegar al daño causado, por ello como parte de esta actualización normativa se están fortaleciendo las disposiciones que devienen la creación de un estamento de controles preventivos que obligatoriamente deben aplicarse en todas las instituciones públicas para detectar debilidades administrativas y de conducta de los funcionarios antes de que se llegue al perjuicio o daño contra el erario.
3. 3.Que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, incluyendo las Disposiciones Generales de éste, son esencialmente transitorias y vigentes únicamente mientras dura el ejercicio fiscal correspondiente, razón por lo cual, no pueden incluir disposiciones que afecten la legislación secundaria debido que su duración es indeterminada. CONSIDERANDO: En vista que en fecha 30 de enero del año 2019 mediante Resolución por unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional por razón de forma el Artículo 238 contenido en el Decreto Legislativo No.141-2017 de fecha 18 de Enero del año 2018, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No.34,546, y la Fe de Erratas del mismo publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” de fecha 26 de Enero de 2018, Edición No. 34,552. En cumplimiento a lo ordenado en la resolución, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 34,862 en fecha 4 de Febrero del año 2019.
4. 4.Que para que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), logre el efectivo cumplimiento de sus atribuciones es necesario reformar su Ley Orgánica, a efecto de armonizar sus preceptos con la Constitución de la República, la Convención Interamericana Contra la Corrupción, los demás convenios suscritos por Honduras al efecto y otras leyes de la Administración Pública.
5. 5.Que la actualización de la normativa del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debe realizarse en apego a la visión del nuevo Gobierno en lo referente al combate de la corrupción y a la exigencia de organismos cooperantes y comunidad internacional en general en esta materia; retornando al Poder Ejecutivo sus facultades relacionadas a la selección, designación y destitución del Auditor Interno y Personal Auxiliar de las Unidades de Auditoría Interna de las instituciones, como complemento de la Fiscalización a posteriori.
6. 6.Que, en aras de la transparencia y de la rendición de cuentas, no debe impedirse el acceso a los registros del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a los órganos judiciales y a los demás Órganos del Estado, siempre que cumplan con el procedimiento respectivo.
7. 7.Que de conformidad al Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.

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