Decreto Legislativo No. 141-2019 mediante el cual se ordena incluir partida presupuestaria para la reparación de infraestructura de la Parroquia San José del municipio de Nacaome, departamento de Valle

Considerandos

1. 1.Que es función del Estado, proteger, promover, mantener y reparar todo lo que forma parte del patrimonio cultural de la Nación.
2. 2.Que Nacaome es un municipio localizado en el departamento de Valle, zona sur de Honduras.
3. 3.Que es necesario darle la debida atención a la Parroquia de San José del municipio de Nacaome, departamento de Valle para reparación de su infraestructura, por ser considerada uno de los monumentos más importantes del municipio.
4. 4.Que de conformidad al Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
5. 5.Que es deber del Estado preservar la salud de todos los ciudadanos, derecho consagrado en la Constitución de la República.
6. 6.Que el servicio de Ambulancias puede marcar la diferencia entre salvar o no la vida de una persona. En esta labor, el servicio de emergencia que se ofrezca en los centros asistenciales donde acude el paciente, juega un papel vital.
7. 7.Que el municipio de Atima, departa- mento de Santa Bárbara, es un Municipio con alta productividad en café, ganado, granos básicos y proyectos de generación de energía renovables que generan divisas al Estado hondureño.
8. 8.Que resulta la obligación y responsa- bilidad de legislar a favor del pueblo con proyectos que beneficien a nuestros sectores más vulnerables.
9. 9.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1), de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
10. 10.Que la Constitución de la República en su Artículo 145) establece que: “Se reconoce el derecho a la protección de la Salud” … De igual manera, la misma carta magna en su Artículo 146) instaura que: “Corresponde al Estado por medio de sus dependencias y de los organismos constituidos de conformidad con la Ley, la regulación, supervisión y control de los productos alimenticios, químicos, farmacéuticos y biológicos.
11. 11.Que por mandato Presidencial mediante Decreto PCM-032-2017, de fecha 28 de abril del 2017, publicado en Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 19 de mayo del año 2017, se crea la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) como una Entidad Desconcentrada de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) adscrita al Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, con independencia funcional, técnica, financiera y administrativa, con personalidad jurídica, responsable de la supervisión, revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización del cumplimiento de la normativa legal, técnica y administrativa de los establecimientos, proveedores, productos y servicios de interés sanitario y de los que realicen actividades o practiquen conductas que repercutan o puedan repercutir en la salud de la población; y de la regulación, otorgamiento, renovación, modificación, suspensión o cancelación de los registros, permisos, licencias, certificaciones y otras autorizaciones sanitarias…
12. 12.Que el Código de Salud en su Artículo 78 establece que: “Deben registrarse en LA SECRETARIA (ahora según PCM-032-2017, Corresponde a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA)), los alimentos que se expendan bajo marca de fábrica y nombre determinado y los que antes de ser puestos en el comercio sufran algún proceso de elaboración, transformación y fraccionamiento.
13. 13.Que el Reglamento para el Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interés Sanitario, en su Artículo 3, instaura que: “Registro Sanitarios es la autorización para que un producto de interés sanitario pueda ser fabricado, importado, envasado o expendido una vez que se cumpla con todos los requisitos técnicos y legales.
14. 14.Que en el Capítulo X del Reglamento Para el Control Sanitario de Productos, Servicios y Establecimientos de Interés Sanitario, en su Artículo 241 instituye que: “El otorgamiento de registros sanitarios,… certificados, autorizaciones, renovaciones y otros servicios… causará los derechos de conformidad con los valores contemplados en el Reglamento de Cuotas de Recuperación por Prestación de Servicios…, a la vez, el referido Reglamento no establece el tiempo para resolver dichas solicitudes ni tampoco establece los costos a cobrar por solicitud presentada y sabiendo que es competencia de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), elaborar, actualizar el marco normativo que regule los establecimientos, servicios y productos de interés sanitario, así como también, es atribución, establecer mecanismos para garantizar la calidad de los servicios y de los productos en el mercado que puedan repercutir sobre la salud de la población, de igual forma es competencia de la ARSA, aprobar las cuotas de recuperación por servicios prestados.
15. 15.Que el desempeño de la función de regulación y la vigilancia del marco normativo es un campo de acción muy específico, caracterizado por un elevado nivel de complejidad y diversidad tanto técnica como científica que requiere contar con una institucionalidad especializada que mejore la gestión de la regulación, fiscalización, control y vigilancia sanitaria, por lo que, a fin de responder eficientemente a las exigencias anteriormente planteadas es necesario el diseño y puesta en marcha de un nuevo modelo de organización y administración. Razón por la cual, el Pleno de Comisionados de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), en Sesión Extraordinaria de fecha veintidós de noviembre del presente año, en Acta No.SE-003-2019, específicamente en su punto No. Uno (1), aprueban: ESTABLECER LOS PLAZOS DE RESOLUCIÓN Y LAS CUOTAS DE RECUPERACIÓN POR LOS SERVICIOS PRESTADOS SIGUIENTES: 1) REGISTRO NUEVO, RENOVACIÓN, MODIFICACIÓN E INSCRIPCCIÓN SANITARIA; 2 ) C A N C E L A C I Ó N D E A U TO R I Z A C I O N E S SANITARIAS; 3) CONSTANCIAS (AGOTAMIENTO DE ETIQUETA O AUTORIZACIÓN DE ETIQUETA COMPLEMENTARIA; 4) CORRECCIONES; 5) AUTORIZACIONES ESPECIALES.
16. 16.Que nuestro marco legal vigente expresamente determina que los actos administrativos adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.
17. 17.Que el Artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la Administración de que forman parte el superior y el inferior.
18. 18.Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 217-2019 de fecha 05 de noviembre del 2019, se delegó en el ciudadano OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA, Oficial Jurídico I, las funciones correspondientes a Jefe de Interino Regional Norte, durante el período comprendido del seis (06) hasta el treinta (30) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).
19. 19.Que con el objeto de no paralizar el normal funcionamiento de los diferentes trámites administrativos de esta Dirección Ejecutiva, es necesario continuar con la delegación de las funciones de la Jefatura de la Regional Norte.
20. 20.Que nuestro marco legal vigente expresamente determina que los actos administrativos adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.
21. 21.Que conforme al Artículo 7 del Decreto Ejecutivo PCM-27-2014 de fecha 6 de junio del 2014, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), será coordinada por la Directora Ejecutiva.
22. 22.Que la Dirección de Niñez, Adoles- cencia y Familia (DINAF), es un Ente Desconcentrado, adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social, con dependencia técnica, funcional y administrativa para el mejor cumplimiento de sus fines.
23. 23.Que el Artículo 4, párrafo segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que el superior, podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la Administración de que forman parte el superior y el inferior.
24. 24.Que la Ley de Simplificación Adminis- trativa, contempla como su objetivo general, establecer las bases para simplificar y racionalizar los procedimientos administrativos, a fin de garantizar con apego a las normas de economía, celeridad, eficacia y espíritu de servicio, logrando la pronta y efectiva satisfacción de los interesados.
25. 25.Que en aplicación a los principios de Simplificación Administrativa, todo órgano del Estado tiene la obligación de realizar, permanentemente, diagnósticos y análisis sobre los diferentes trámites y procedimientos administrativos que deban seguirse en sus dependencias, a fin de diseñar medidas de simplificación las cuales deberán ser adoptadas de acuerdo a sus objetivos”.
26. 26.Que con el objeto de no paralizar el normal funcionamiento de los diferentes trámites administrativos de esta Dirección Ejecutiva, es necesario delegar las funciones de la Jefatura Administrativa.
27. 27.Que mediante la Resolución No.519- 12/2018 del 27 de diciembre de 2018 se aprobaron las Normas que Rigen la Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios del Banco Central de Honduras (BCH), publicadas en el Diario Oficial La Gaceta el 9 de enero de 2019, las que fueron objeto de reforma mediante la Resolución No.86-2/2019 del 21 de febrero de 2019.
28. 28.Que resulta necesario y conveniente revisar, aclarar y modernizar determinados aspectos para permitir una mejor aplicación de las disposiciones, así como adecuar las funciones de las áreas de esta Institución, conforme con el Manual Organizacional del BCH, por lo cual se conformó una comisión interdepartamental compuesta por los departamentos Jurídico y Adquisiciones y Bienes Nacionales, para efectuar una revisión y actualización de las precitadas normas.
29. 29.Que dicha Comisión ha efectuado el análisis correspondiente a la normativa en referencia, concluyendo que resulta necesario emitir una nueva normativa que adecúe su contenido a la legislación vigente y a la estructura organizacional de la Institución.
30. 30.Que la Gerencia mediante el memorándum ABN-10153/2019 del 19 de noviembre de 2019, con base en el referido análisis, recomienda a este Directorio la aprobación de un nuevo documento que contemple los cambios que se requieren efectuar a la normativa de contratación y adquisición propia de la Institución.
31. 31.Que el Artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, establece que este Ente Regulador, basada en normas y prácticas internacionales, ejercerá por medio de las Superintendencias, la supervisión, vigilancia y control de las aseguradoras y reaseguradoras y cualesquiera otras que cumplan funciones análogas a las señaladas en el Artículo antes referido.
32. 32.Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 13, numerales 1) y 2) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, corresponde a este Ente Supervisor dictar las normas prudenciales que se requieran para la revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización de las Instituciones Supervisadas, para lo cual se basará en la legislación vigente y en acuerdos y prácticas internacionales.
33. 33.Que el Artículo 1 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros señala que están sujetas a dicha Ley, las personas naturales o jurídicas que se dediquen en el país al ejercicio de las actividades relativas a la comercialización o intermediación de los contratos de seguros, fianzas, reaseguro y reafianzamiento. Asimismo, el Artículo 92 de esa misma Ley, define como mediación en seguros, la actividad mercantil promotora y la formalización de contratos de seguros entre personas naturales o jurídicas y las instituciones de seguros, así como la asesoría posterior que se preste en caso de reclamaciones y la conservación, modificación y renovación de los contratos. Adicionalmente, el Artículo 94 de la Ley referida en el presente Considerando, establece que para actuar como agentes dependientes, independientes o corredores de seguros o como sociedades de corretaje en el país, se requiere la autorización previa de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, así como estar inscritos en el Registro correspondiente, manteniendo vigente el certificado de inscripción, cumpliendo a su vez con los demás requisitos que el Ente Supervisor establezca.
34. 34.Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, mediante Resolución SS No.2007/16-12- 2010, aprobó el “Reglamento de Intermediación de Seguros y Fianzas”, el cual tiene como objeto regular la actividad de las personas naturales o comerciantes individuales y las sociedades mercantiles de cualquier naturaleza que se dediquen en forma profesional, exclusiva y sistemática a la intermediación de seguros y/o fianzas, estableciendo a su vez las normas relativas a la determinación de los requisitos para la autorización, inscripción, renovación, suspensión y cancelación en el Registro de Agentes Dependientes, Agentes Independientes o Corredores de Seguros y Sociedades de Corretaje que al efecto lleva el Ente Supervisor; y, la intermediación de seguros y/o fianzas respecto a sus obligaciones y prohibiciones.
35. 35.Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros considera necesario reformar las disposiciones contenidas en el Reglamento señalado en el Considerando (4) precedente, a efecto de digitalizar los procesos de inscripción y renovación de los agentes dependientes, agentes independientes y las corredurías de seguros, en el Registro que para estos efectos administra este Ente Supervisor. Asimismo, con estas reformas se pretende actualizar los requisitos aplicables a los procesos de inscripción y renovación del Registro antes mencionado, así como adecuar las disposiciones relativas a las garantías exigidas por el Artículo 103 de la Ley de Instituciones de Seguros y Reaseguros a los intermediarios de seguros y/o fianzas.
36. 36.Que en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el 29 de agosto de 2019, este Ente Supervisor publicó en su página de Internet, en la sección de “Proyectos de Normativa”, el “Proyecto de Reforma del Reglamento para la Intermediación de Seguros y/o Finanzas”, con el propósito de recibir comentarios y observaciones del público en general, de las instituciones de seguros, los agentes dependientes, agentes independientes y las corredurías de seguros, otorgándose un plazo original de veinte (20) días hábiles, el cual fue prorrogado por diez (10) días hábiles, venciendo el 16 de octubre de 2019.
37. 37.Que según lo dispuesto en la Constitución de la República y en la Ley del Banco Central de Honduras (BCH), corresponde a esta Institución formular, desarrollar y ejecutar la política monetaria, crediticia y cambiaria del país.
38. 38.Que el Acuerdo No.03/2019 del 21 de marzo de 2019 contiene el Reglamento para la Negociación en el Mercado Organizado de Divisas; asimismo, por medio de la Resolución No.293-6/2019 del 20 de junio de 2019, se emitió la Normativa Complementaria de dicho Reglamento, a fin de facilitar su cumplimiento y aplicación.
39. 39.Que conforme con la propuesta del Departamento Internacional, el Comité de Divisas, mediante Acta de la Sesión No.7/2019 celebrada el 18 de noviembre de 2019, estuvo de acuerdo en trasladar a los bancos la demanda de sus clientes por montos menores o iguales a US$520,000.00 y continuar atendiendo a través de la Subasta de Divisas la demanda de montos mayores a US$520,000.00, por lo que es necesario y conveniente someter a la consideración de este Directorio la aprobación de una nueva modificación a la Normativa Complementaria al Reglamento para la Negociación en el Mercado Organizado de Divisas, acorde con el desempeño del Mercado Organizado de Divisas.
40. 40.Que de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 13, numerales 1), 2), 4) y 24) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, corresponde a este Ente Supervisor dictar las normas prudenciales que se requieran para la revisión, verificación, control, vigilancia y fiscalización de las Instituciones Supervisadas, para lo cual se basará en la legislación vigente y en acuerdos y prácticas internacionales; cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes generales y especiales, los reglamentos y resoluciones a que están sujetas las instituciones supervisadas y emitir los reglamentos y demás normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.
41. 41.Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros mediante Resolución GE No.316/27- 02-2012 aprobó las “NORMAS REGULADORAS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS ADMINISTRADAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS”, las cuales tienen por objeto regular las firmas generadas bajo la denominada “Infraestructura de Firma Electrónica” (IFE), cuya propiedad y administración le corresponde a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), utilizada por las Instituciones Usuarias del Sistema de Interconexión Financiera. Esta Resolución se fundamentó en el Artículo 51 del Decreto Legislativo No.129-2004 LEY DEL SISTEMA FINANCIERO publicado en el Diario Oficial La Gaceta con fecha 24 de septiembre del 2004.
42. 42.Que mediante Decreto Legislativo No.160-2016 se reformó el Artículo 51 de la LEY DEL SISTEMA FINANCIERO, el cual establece que: “La Comisión seleccionará la infraestructura que soportará la firma en formato electrónico que debe utilizarse para el intercambio de información segura entre la Comisión y las instituciones del sistema financiero, así como para los demás fines que el Ente Regulador estime necesarios en cumplimiento de sus atribuciones y deberes, pudiendo para tales efectos, contratar servicios especializados para su implementación y/o revisiones, garantizando en todo momento la aplicación de los más altos estándares en materia de seguridad de la información. La infraestructura señalada en el párrafo anterior debe cumplir con las siguientes condiciones: 1) Identificar de manera única al firmante; 2) Que haya sido creada por medios que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su exclusivo control; 3) Que haya sido realizada por un dispositivo seguro de creación de firma; y, 4) Que permita detectar cualquier cambio posterior de los datos firmados. La firma generada a través de medios electrónicos, utilizada para los propósitos establecidos en el primer párrafo del presente Artículo, tendrá respecto de los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel y debe ser admisible como prueba en juicio, debiendo valorarse como instrumento público. Los servicios de la infraestructura que soporta la firma en formato electrónico administrados por la Comisión, no están sujetos a la inspección, vigilancia y control de otra entidad pública o privada. Lo anterior, a efecto de asegurar su independencia y capacidad técnica, administrativa y financiera, en el cumplimiento a lo señalado en el presente Artículo”.
43. 43.Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros considera necesario reformar las normas vigentes en materia de firmas en formato electrónico para el intercambio de información segura entre la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y las instituciones del sistema financiero, así como demás personas naturales o jurídicas que realicen cualquier trámite o gestión administrativa; a efecto de adecuarlas a los mejores prácticas y estándares internacionales y a las condiciones actuales del mercado.
44. 44.Que el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No.149-2013 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 11 de diciembre de 2013, aprobó la Ley Sobre Firmas Electrónicas, la cual tiene por objeto reconocer y regular el uso de firmas electrónicas aplicable en todo tipo de información en forma de mensaje de datos, otorgándoles, la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga, que conlleve manifestación de voluntad de los firmantes.
45. 45.Que la Ley sobre Firmas Electrónicas en el Artículo 5, señala que se autoriza al Poder Ejecutivo y a cualquier dependencia del sector público para la utilización de las firmas electrónicas en los documentos electrónicos en sus relaciones internas, entre ellos y con los particulares.
46. 46.Que la Ley del Sistema Financiero en el Artículo 51 reformado, establece que la Comisión seleccionará la infraestructura que soportará la firma en formato electrónico, que debe utilizarse para el intercambio de información segura entre la Comisión y las instituciones del sistema financiero, así como para los demás fines que el Ente Regulador estime necesarios en cumplimiento de sus atribuciones y deberes. La firma generada a través de medios electrónicos, tendrá respecto a los datos consignados en forma electrónica, el mismo valor jurídico que la firma manuscrita en relación con los consignados en papel y debe ser admisible como prueba en juicio, debiendo valorarse como instrumento público. Los servicios de la infraestructura que soporta la firma en forma electrónico administrados por la Comisión, no están sujetos a la inspección, vigilancia y control de otra entidad pública o privada. Lo anterior, a efecto de asegurar su independencia y capacidad técnica, administrativa y financiera.
47. 47.Que mediante Resolución GIT No.977/10-12-2019 la Comisión Nacional de Bancos y Seguros aprobó las “NORMAS PARA REGULAR LA FIRMA EN FORMATO ELECTRÓNICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BANCOS Y SEGUROS”.
48. 48.Que la Ley de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros Artículo 13 numerales 1), 2), 4) y 24) establecen que corresponde a la Comisión: revisar, verificar, controlar, vigilar y fiscalizar las instituciones supervisadas; dictar las normas que se requieran para el cumplimiento de los cometidos previstos en el numeral anterior, lo mismo que las normas prudenciales que deberán cumplir las instituciones supervisadas, para lo cual se basará en la legislación vigente y en los acuerdos y prácticas internacionales; cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes generales y especiales, los reglamentos y resoluciones a que están sujetas las instituciones supervisadas y emitir los reglamentos y demás normas necesarias para el funcionamiento de la Comisión.
49. 49.Que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros considera necesario establecer mecanismos electrónicos que permitan agilizar los actos o procedimientos administrativos entre el Ente Supervisor y las instituciones supervisadas, así como demás personas naturales o jurídicas que realicen cualquier trámite o gestión administrativa; basados en los principios de la buena administración; celeridad, economía y eficacia, a efecto de adecuarlas a los mejores prácticas y estándares internacionales y a las condiciones actuales del mercado.
50. 50.Que de conformidad con el Artículo 245 de la Constitución de la República, el Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado y tiene la atribución de emitir Acuerdos, Decretos y expedir los Reglamentos y Resoluciones conforme a la ley.
51. 51.Que mediante Decreto Legislativo No. 143-2010 de fecha once (11) de agosto del año dos mil diez (2010) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil diez (2010), se aprobó la Ley de Promoción de la Alianza Público-Privada, la que en su Artículo 11, crea la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) como un Ente Desconcentrado de la Presidencia de la República, con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargada de gestionar y promover los proyectos y procesos de las Alianzas Público-Privada (APP).
52. 52.Que los diferentes informes resultantes de consultorías internacionales, sociedad civil y de proyectos específicos, han evidenciado que COALIANZA presenta una capacidad técnica insuficiente, existiendo escasa coordinación entre los grupos de trabajo, siendo necesario dar mayor protagonismo a los entes Concedentes y hacer uso de mejores capacidades técnicas y mejores prácticas internacionales para la estructuración de los proyectos APP.
53. 53.Que los artículos 22 numeral 3) y 45 de la Ley General de la Administración Pública, reformado mediante Decreto Legislativo No. 266-2013, establecen que el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado está facultado para suprimir entidades Desconcentradas.
54. 54.Que es un deber del Estado generar las condiciones para atraer la inversión nacional y extranjera, creando los instrumentos necesarios que garanticen las inversiones y el desarrollo del país.
55. 55.Que es necesario una nueva generación de proyectos bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP), que según estudios realizados y las experiencias obtenidas, es vital para su éxito realizar cambios legales e institucionales para establecer procesos adaptados a las mejores prácticas a nivel regional e internacional, dando a los Concedentes un papel preponderante en la preparación, estructuración, contratación, seguimiento y control de los proyectos a lo largo de la vigencia del contrato APP.
56. 56.Que en consonancia con el Artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública, reformado mediante Decreto Legislativo No. 266-2013, publicado el veintitrés (23) de enero del 2014, manifiesta que la creación, modificación o suspensión de las Secretarías de Estado o de los Organismos o Entidades Desconcentradas, solamente puede ser hecha por el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.
57. 57.Que de conformidad a los Artículos 11 y 13 de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública y en el ejercicio de sus funciones podrá actuar por sí o en Consejo de Secretarios de Estado y asimismo puede crear comisiones integradas por funcionarios públicos, personalidades y representantes de diversos sectores de la vida nacional y asesores nacionales o internacionales; además puede designar autoridades únicas para el desarrollo de áreas, programas o proyectos especiales, con las atribuciones que determina la Ley General de la Administración Pública en sus Artículos 22, 99 y 100 y conforme a las atribuciones y facultades que determinen en el Decreto de su creación.

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