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Este decreto suspende ciertos derechos constitucionales (libertad de movimiento, asociación y otros) por 45 días en Honduras para combatir el crimen organizado y la extorsión. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas quedan autorizadas para detener a personas sospechosas de delitos en municipios específicos, buscando recuperar la seguridad y paz en el país.

Este decreto suspende ciertos derechos constitucionales por 45 días (del 5 de enero al 19 de febrero de 2025) en 226 municipios de Honduras para combatir el crimen organizado. Autoriza a la policía y fuerzas armadas a detener a personas vinculadas con delitos graves como extorsión, asesinatos y tráfico de drogas. El Congreso Nacional debe ratificar esta medida dentro de 30 días.

Esta ley establece normas para que los bancos y instituciones financieras evalúen y clasifiquen el riesgo de sus créditos en cinco categorías (buenos, mencionados, bajo norma, dudosa recuperación y pérdida), determinando qué porcentaje deben reservar según el tipo de garantía y días de atraso. Afecta a todas las instituciones supervisadas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros para asegurar que sus reportes financieros reflejen correctamente la situación real de sus préstamos.

Este decreto ordena a instituciones públicas devolver dinero no utilizado a la Tesorería Nacional para financiar prioridades urgentes: carreteras, hospitales y medicinas. Los fondos ociosos en cuentas bancarias de agencias del Estado se recuperarán mediante procedimientos establecidos por Finanzas, garantizando transparencia pública sobre cómo se usan estos recursos.

Este decreto prorroga por 7 días (del 2 al 8 de agosto de 2021) las restricciones a derechos constitucionales para contener la COVID-19: circulación de 5am a 10pm, cierre de bares y cines, y capacidad limitada en comercios. Autoriza la reapertura voluntaria de escuelas en zonas de bajo riesgo si el personal está vacunado y hay bioseguridad. Afecta a toda la población y especialmente a estudiantes, docentes y comerciantes.