DIARIOS OFICIAL LA GACETA MES DE JULIO DEL 2024.

Este decreto aprueba el Reglamento de Funcionamiento de la UMAPS, la unidad municipal que gestiona el agua potable, alcantarillado y drenaje en Tegucigalpa. Establece que la UMAPS administra y opera la infraestructura de agua (propiedad de la alcaldía), prestando servicios a usuarios que pagan tarifas. Define los derechos y obligaciones de la alcaldía, la UMAPS y los usuarios para garantizar servicios eficientes, sostenibles y con participación ciudadana.

Esta ordenanza obliga a propietarios de terrenos forestales en Tegucigalpa a prevenir y controlar incendios y plagas de árboles. Prohibe cambiar el uso de suelo en bosques dañados y exige reforestación. Los incumplimientos generan multas de 15,000 a 75,000 lempiras según la infracción.

Este documento contiene varios acuerdos y decretos hondureños: el Acuerdo 149-2017 autoriza al Procurador General a firmar un contrato de arrendamiento de 39.28 hectáreas de terreno nacional a favor de la empresa Camaronera El Faro para cultivo de camarón en Valle; el Acuerdo Ejecutivo 0122 redistribuye fondos presupuestarios para infraestructura y transporte urbano; y un Reglamento de Manejo del Centro Histórico del Distrito Central que regula construcciones, rótulos y uso de espacios en Tegucigalpa y Comayagüela para proteger el patrimonio cultural.

Este reglamento municipal regula todos los procesos de evaluación, control y gestión ambiental en el Distrito Central de Honduras. Establece requisitos, permisos y licencias ambientales que deben obtener personas y empresas que realicen obras o actividades que afecten el ambiente, desde cortes de árboles hasta explotación de recursos naturales, con el fin de proteger y controlar los recursos naturales del municipio.

Este decreto establece un reglamento municipal para reducir riesgos de desastres en el Distrito Central mediante evaluaciones técnicas obligatorias antes de otorgar permisos de construcción u operación. Afecta a todas las personas que deseen construir o abrir negocios en zonas de amenaza (deslizamientos, inundaciones), con el propósito de proteger vidas y bienes de los habitantes contra fenómenos naturales.