VigenteCategoria: Telecomunicaciones
Decreto No. 109-2019 | 25 de noviembre de 2019 | La Gaceta No. 35,800

Decreto Legislativo No. 109-2019 — Reforma a la Ley de Minería de Honduras

Articulos

Articulo 22

Los ingresos por tarifas, recargos, licencias autorizadas o servicios prestados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) se pagarán en cualquier Banco del Sistema Financiero Nacional certificado para el uso del Recibo Oficial (TGR-1) en consonancia con lo establecido en el siguiente artículo. Los ingresos que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) perciba en el exterior por la emisión de Licencias de Radio que paguen los propietarios y arrendadores de buques o embarcaciones, así como los ingresos que por la inscripción - 47 - No. Institución Porcentaje Asignado Procedencia de los ingresos Criterio/Base Legal obtenidos y los gastos a realizar. Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones Decreto 185-95 Del 5 de diciembre de 1995,

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Esta ley reforma la Ley General de Minería para reactivar el sector minero tras decisiones de inconstitucionalidad. Establece nuevos plazos para concesiones mineras (20 años para no metálicos, 30 para metálicos), exige licencias ambientales obligatorias, define el canon territorial a pagar por las empresas mineras y fortalece los controles técnicos y ambientales en todas las operaciones de exploración y explotación.
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Este decreto reforma la Ley de Minería de Honduras y regula cómo las instituciones públicas (como CONATEL, DICTA y otras) pueden usar los ingresos que reciben por servicios, multas y licencias. Permite que guarden entre el 20% y 90% de estos ingresos para financiar sus operaciones, y establece que ciertos fondos deben destinarse a educación digital gratuita en escuelas públicas y parques recreativos.
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Esta reforma a la Ley de Minería modifica cómo se distribuyen los ingresos que reciben instituciones públicas hondureñas (como CONATEL, DICTA y la Comisión de Competencia) por tarifas, multas y servicios prestados. Permite que estas instituciones retengan porcentajes de sus ingresos (entre 20% y 90%) para financiar sus operaciones, y establece que internet gratuito debe llegar a escuelas públicas y parques mediante contribuciones de empresas de telecomunicaciones.
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