Edicto No. 266-12 — Demanda ordinaria para nulación de actos administrativos de CONATEL

Esta resolución otorga personalidad jurídica a la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de la Colonia Monte Fresco en Siguatepeque, Comayagua. Permite que esta organización comunitaria funcione legalmente para administrar, operar y mantener el sistema de agua potable de la colonia, recaudar tarifas y gestionar recursos para mejorar el servicio.

SENASA modifica sus tarifas de servicios agregando dos nuevos cobros: una tasa administrativa de 1,200 lempiras para que médicos veterinarios se registren como autorizados (vigencia de 2 años) y una tasa operativa para granjas avícolas enlistadas bajo supervisión veterinaria (también por 2 años). Estos cambios buscan mejorar la bioseguridad en el programa avícola nacional y entran en vigencia desde su publicación.

Esta resolución otorga personalidad jurídica a la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento de Clarinero (Intibucá), permitiéndole funcionar legalmente como organización. La junta podrá administrar, operar y mantener el sistema de agua potable de la comunidad, recaudar tarifas, gestionar fondos y realizar actividades de saneamiento e higiene. Afecta a los usuarios de agua de Clarinero, quienes se benefician de un servicio regulado y transparente.

Este acuerdo delega las funciones de Coordinador de Servicios Legales de la Oficina Regional Sur de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia a la Oficial Jurídica Elba Yessenia Reyes Cruz. La delegada es responsable del ejercicio de estas funciones y el acuerdo entra en vigencia inmediatamente.

Este decreto autoriza al gobierno a ejecutar programas de reconstrucción y reactivación económica tras la pandemia y desastres naturales, permitiendo a instituciones públicas gestionar presupuestos de manera flexible, solicitar créditos internos y externos, y realizar contrataciones directas en proyectos específicos de infraestructura y servicios. Afecta a ciudadanos mediante inversión en carreteras, hospitales y servicios, pero también establece que funcionarios que despidan injustificadamente a empleados serán responsables financieramente.