Certificación de la Creación de la Academia Nacional Penitenciaria

El Estado crea el Fondo Solidario para el Sector Discapacidad con 15 millones de lempiras para financiar programas y proyectos de organizaciones sin fines de lucro que trabajen con personas discapacitadas. Las organizaciones pueden acceder al fondo presentando documentos que comprueben su existencia legal, probidad e idoneidad de sus directivos ante la Secretaría de Desarrollo Social.

Esta ley reforma el Plan de Arbitrios 2013 del Distrito Central para 2014, estableciendo nuevas tarifas para licencias de construcción, permisos de rótulos y vallas publicitarias, e inspecciones. Define costos diferenciados según tipo de obra (viviendas, bodegas, comercios), tasas de circulación vial por tipo de vehículo, y sanciones por incumplimiento. Beneficia a proyectos de interés social con costos reducidos y ajusta anualmente las tarifas según inflación.

Este acuerdo reforma el Plan de Arbitrios del Distrito Central para 2016, estableciendo nuevas tarifas para el manejo de desechos sólidos según ingresos anuales (desde L. 51 mensuales hasta L. 32,000), regulando la recolección de basura tanto domiciliar como comercial, y creando normas para hospitales, eventos temporales y fondos rotativos municipales. Afecta a todos los ciudadanos y negocios que generen residuos en el Distrito Central, estableciendo el pago obligatorio de estas tasas según su actividad económica.

Esta certificación aprueba el Plan de Arbitrios 2013 del Distrito Central, que es el documento que establece anualmente los impuestos, tasas y contribuciones que deben pagar los residentes y empresas. El plan afecta a todas las personas naturales y jurídicas que realicen actividades económicas o posean bienes en el municipio, con el propósito de recaudar fondos para que la municipalidad brinde servicios públicos como recolección de basura, seguridad y mantenimiento de vías.

La Corte Suprema declaró inconstitucional el artículo 34 del Decreto Legislativo 120-2013 que permitía a las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) crear sus propias políticas educativas. La decisión protege la autoridad exclusiva de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) sobre educación superior, evitando que las ZEDE establezcan sistemas educativos paralelos que violarían derechos constitucionales e internacionales.