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Considerandos

1. 1.Que la legislación vigente en materia fiscal permite la exoneración de impuestos, aranceles, tasas y gravámenes cuando la adquisición de bienes públicos resulta indispensable para el cumplimiento de funciones estatales, especialmente en casos de proveedores únicos, cotizaciones oficiales y necesidades de interés general, conforme a los principios de eficiencia, transparencia y racionalidad en el uso de los recursos del Estado.
2. 2.Que la dotación de transporte institucional responde a la protección del capital humano que sostiene el funcionamiento del Congreso Nacional de la República de Honduras, asegurando el traslado seguro del personal en jornadas extendidas, evitando riesgos previsibles asociados a la movilidad nocturna y garantizando condiciones laborales dignas para conserjes, asistentes, secretarias, técnicos, colaboradores de prensa y personal administrativo.
3. 3.Que la disponibilidad de vehículos institucionales permite fortalecer la capacidad logística del Congreso Nacional de la República de Honduras, asegurando la entrega oportuna de correspondencia oficial, decretos legislativos para su sanción y promulgación, documentación administrativa y otros instrumentos esenciales para la continuidad operativa del Poder Legislativo, evitando demoras, costos adicionales y riesgos asociados a la dependencia de servicios externos.
4. 4.Que autorizar la compra directa de los vehículos y exonerarlos del pago de impuestos, tasas -- 1 of 96 -- ABG. JUAN MANUEL GÁLVEZ ORDOÑEZ DIOSSANA GUADALUPE FLORES LEIVA Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL y gravámenes constituye una medida de interés público preventiva, estratégica y racional que garantiza el uso eficiente de los recursos del Estado, fortalece la institucionalidad y refleja un ejercicio de liderazgo responsable y comprometido con la gestión pública moderna y transparente.
5. 5.Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 205 atribución 1) de la Constitución de la República, potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes.
6. 6.Que la Constitución de la República establece en su Artículo 205, Atribución 19, establece que: El Congreso Nacional de la República: “Aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente periodo de gobierno de la República.”
7. 7.Que, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) es una institución pública descentralizada del Estado de Honduras, de carácter autónomo, con capacidad jurídica, personería y patrimonio propio fundada el 20 de Febrero de 1957, mediante el Decreto No. 48 emitido por la Junta Militar de Gobierno, adscrita al sector energético, creada con el propósito de garantizar la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el territorio nacional en condiciones de calidad, continuidad y seguridad, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
8. 8.Que el Artículo 3 del Decreto Legislativo No.46-2022 contentivo de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y Naturaleza Económica y Social, establece que la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) como entidad encargada de -- 4 of 96 -- la transmisión, generación y distribución de la energía, tiene la facultad de seleccionar la modalidad de contratación que más le convenga al Estado.
9. 9.Que la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), en su condición de entidad pública, se rige por las disposiciones establecidas en la Ley de Contratación del Estado, a fin de llevar a cabo los procesos de contratación necesarios para garantizar una administración eficiente, transparente y conforme a derecho. En ese sentido, la EMPRESA NACIONAL DE ENÉRGÍA ELÉCTRICA (ENEE) suscribió, en fecha cuatro (4) de Marzo del año Dos Mil Veinticinco (2025), con el Consorcio WINDEY–EQUINSA, el Contrato No. 074/2025 denominado “CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO, DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA CON BATERÍA CONECTADO A LA RED (BESS), CON UNA CAPACIDAD DE 75 MW / 300 MWH, EN LA SUBESTACIÓN AMARATECA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE)”, el cual fue adjudicado mediante el procedimiento de Licitación Pública Internacional LPI No. 001-ENEE-UEPER-2024.
10. 10.Que la Ley de Contratación del Estado, en su Artículo 119 establece que; “son prerrogativas de la administración: “…2) Facultad para modificar el contrato por razones de interés público, sin perjuicio de las compensaciones que correspondan al Contratista y dentro de los límites de esta Ley;”.
11. 11.Que durante la ejecución del Contrato No.074/2025, se suscitó una serie de eventos extraordinarios e imprevisibles que afectaron el ritmo normal de los avances de obra. Conforme a los dictámenes técnicos emitidos por el Supervisor y el Administrador del Contrato, se ha determinado que las causas que dieron lugar a dichos retrasos son reales, debidamente comprobadas, configurándose como circunstancias de fuerza mayor y caso fortuito, en los términos previstos por la normativa aplicable y por las cláusulas contractuales, lo cual justifica técnica y legalmente la ampliación del plazo contractual.
12. 12.Que, el referido Contrato constituye un proyecto estratégico para el sector eléctrico nacional, orientado a fortalecer la infraestructura del sistema de transmisión y a mejorar la operación del SIN, mediante la incorporación de un Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías (BESS), tecnología clave para la integración eficiente y segura de la generación proveniente de fuentes renovables, tales como la energía solar fotovoltaica y la energía eólica.
13. 13.Que conforme al Artículo 205 Atribución 19) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Aprobar los contratos que hayan de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de gobierno, siendo la presente ampliación contractual un -- 5 of 96 -- acto sujeto a su aprobación, en el marco de las atribuciones constitucionales de control y tutela del interés público que compete a este Poder del Estado.
14. 14.Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
15. 15.Que el Presidente de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros. A ese efecto, el Artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.
16. 16.Que Honduras es signataria de tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que instan a los Estados a implementar políticas públicas que garanticen el empoderamiento de las mujeres, la inclusión de las personas con discapacidad y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
17. 17.Que el empoderamiento de las mujeres, la inclusión de las personas con discapacidad y el desarrollo de los pueblos indígenas y afrodescendientes constituyen los pilares fundamentales para garantizar la justicia social, la reducción de desigualdades y el fortalecimiento de la democracia.
18. 18.Que a través del Contrato de Préstamo No.16404 PL, suscrito el 1 de Julio 2025, entre el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento para la ejecución del Programa de Igualdad de Género e Inclusión Social, tiene como objetivo reconocer y apoyar políticas, cambios regulatorios y reformas institucionales para el empoderamiento de las mujeres, la inclusión de las personas con discapacidad y el desarrollo de los indígenas y afrodescendientes.
19. 19.Que de conformidad con el Artículo 205, numerales 1), 19) y 36) de la Constitución de la República corresponde al Congreso Nacional, entre otros, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; asimismo, aprobar o improbar los contratos que llevan involucrados exenciones, incentivos y concesiones fiscales; y, aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.
20. 20.Que el Congreso Nacional de la República, mediante Decreto No.17-2010 de fecha 22 de abril de 2010, en el Artículo 70 de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, autoriza al Poder Ejecutivo para que suscriba los convenios sobre los empréstitos que considere necesarios en virtud del estado de emergencia actual de las Finanzas Públicas y que deban ser financiados con capital externo; aprobándose para tal efecto los proyectos de convenio correspondientes, sin perjuicio de su posterior ratificación por parte del Congreso Nacional, una vez firmados los mismos por el Poder Ejecutivo y el Organismo de Crédito Externo de que se trate.
21. 21.Que el combate a la corrupción constituye un deber ético y una prioridad central para el Gobierno de Honduras, ya que limita el desarrollo, la debilidad institucional, la alta informalidad económica y la dependencia del consumo impulsado por remesas dificultan el crecimiento a largo plazo. Además, el país es altamente vulnerable a desastres naturales y al cambio climático, lo que impacta sectores clave como la agricultura, infraestructura y energía, la corrupción, el lavado de dinero y la evasión fiscal agravan la situación al reducir los ingresos del Estado, afectando su capacidad para financiar programas sociales y ambientales. En este contexto, es fundamental adoptar medidas para la transparencia fiscal, fortalecer la sostenibilidad financiera y llevar a cabo políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
22. 22.Que para abordar los temas previamente mencionados el Gobierno de la República de Honduras ha preparado con el apoyo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el. “Primer Financiamiento para Políticas de Desarrollo sobre Transparencia y Sostenibilidad Fiscal y Climática”. Tiene por objetivo fortalecer la transparencia fiscal y promover la sostenibilidad climática. Lo anterior se logrará mediante la adopción de estándares internacionales que permitan combatir los flujos financieros ilícitos, mejorar la recaudación tributaria y movilizar financiamiento sostenible para proyectos prioritarios; además se implementarán medidas que garanticen que las exportaciones agrícolas clave cumplan con estándares de sostenibilidad, fomenten la eficiencia energética y fortalezcan la gestión de riesgos climáticos en el sector financiero.
23. 23.Que las medidas de política a implementarse constituyen un paso fundamental para que Honduras avance hacia una economía más estable, transparente y sostenible. Un mejor control fiscal y el fortalecimiento en la movilización de ingresos públicos permitirán al Estado disponer de mayores recursos para financiar servicios esenciales, asegurando así un sistema más eficiente y equitativo. A su vez, el acceso a Financiamiento sostenible impulsará inversiones estratégicas en sectores clave, fomentando un crecimiento económico con visión de -- 29 of 96 -- largo plazo. De igual manera, las reformas ambientales y climáticas fortalecerán la capacidad del país para adaptarse a un contexto global donde la sostenibilidad es un pilar cada vez más determinante en el comercio y la inversión. En conjunto, estas políticas no solo consolidarán la estabilidad macroeconómica, sino que también mejorarán la calidad de vida de la población y fortalecerán la resiliencia del país ante los efectos del cambio climático, sentando así las bases para un desarrollo más inclusivo, próspero y sostenible.
24. 24.Que el Acuerdo de Financiamiento compuesto de recursos A-Blend No.7703-HN y B-SML No.7702-HN, suscrito el 17 de febrero de 2025, entre la Asociación Internacional de Fomento (AIF), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento por un monto total de hasta CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 145,300,000.00) para la ejecución del. “Primer Financiamiento para Políticas de Desarrollo sobre Transparencia y Sostenibilidad Fiscal y Climática”.
25. 25.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribuciones 1, 19 y 36 de la Constitución de la República es potestad del Congreso Nacional, entre otros, crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes; asimismo, aprobar o improbar los contratos que llevan involucrados exenciones, incentivos y concesiones fiscales; y, aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionan con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.
26. 26.Que el Artículo 10 del Decreto Legislativo No.178-2016 contentivo de la Ley de Inspección de Trabajo establece que, “La relación de empleo y función pública de los servidores públicos de la Dirección General de Inspección de trabajo (DGIT), está sujeta a la Ley de Servicio Civil y su reglamento, con excepción del Director General y Subdirector General de Inspección de Trabajo, en su caso.
27. 27.Que el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil establece que, “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: ...F) A los Directores y Subdirectores Generales” con relación al Artículo 9 del Reglamento a dicha Ley “están excluidos del Régimen del Servicio Civil los servidores del Poder Ejecutivo comprendidos en los Artículos 3 de la Ley y 35 de la Ley General de la Administración Pública entre ellos los Directores Generales y los Subdirectores Generales, cuando en este último caso, dichos cargos estuvieren así creados y clasificados en la correspondiente estructura administrativa y sus titulares fueren nombrados específicamente para su desempeño.
28. 28.Que el Artículo 3 de la Ley de Servicio Civil establece que, “Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a los siguientes servidores públicos: ...f) A los Directores y Subdirectores Generales con relación al Artículo 9 del Reglamento a dicha Ley están excluidos del Régimen del Servicio Civil los servidores del Poder Ejecutivo comprendidos en los Artículos 3 de la Ley y 35 de la Ley General de la Administración Pública entre ellos los Directores Generales y los Subdirectores Generales, cuando en este último caso, dichos cargos estuvieren así creados y clasificados en la correspondiente estructura administrativa y sus titulares fueren nombrados específicamente para su desempeño.
29. 29.Que los artículos 235 y 245 de la Constitución de la República establecen que el Presidente de la República, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, ejerce sus funciones en representación y para beneficio del pueblo hondureño, correspondiéndole dirigir la política general del Estado y representarlo ante los órganos nacionales e internacionales, emitir Decretos, Acuerdos, Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley; administrar la Hacienda Pública; orientar y conducir la política económica y financiera del Estado, así como dictar medidas extraordinarias de carácter económico y financiero; ejerciendo, en fin, todas las atribuciones que le confiere la Constitución y las Leyes, con el propósito de garantizar la eficiencia, legalidad y bienestar general en el desempeño del Poder Ejecutivo.
30. 30.Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública, tanto en su modalidad centralizada como descentralizada, atribución que le confiere la potestad superior para conducir, orientar y armonizar la actuación de los órganos y entidades del Estado, asegurando la unidad de acción administrativa y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
31. 31.Que, el artículo 12 de la precitada Ley, establece la facultad del Presidente de la República para la coordinación de sectores que comprendan una o más Secretarías de Estado, entidades descentralizadas, desconcentradas, programas, proyectos, empresas o servicios públicos.
32. 32.Que, de conformidad al artículo 55 de la Ley General de la Administración Pública, la integración de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas se rige por lo dispuesto en sus respectivas leyes constitutivas y que, conforme al artículo 56 de dicha Ley, resulta necesario asegurar la continuidad, representatividad y eficacia en el funcionamiento de dichos órganos colegiados, estableciendo mecanismos claros de suplencia para los miembros propietarios del sector público en casos de ausencia o impedimento legal, así como la obligación de participación activa en la toma de decisiones, prohibiendo la abstención en las deliberaciones, a fin de salvaguardar el interés público y la responsabilidad inherente al ejercicio de la función pública.
33. 33.Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley del Seguro Social, dicho Instituto es dirigido por una Junta Directiva que constituye -- 48 of 96 -- su máxima autoridad, integrada por nueve (9) miembros propietarios en representación del Poder Ejecutivo, del Sector Empleador, del Sector Laboral y del Colegio Médico de Honduras, órgano colegiado al que corresponde la conducción superior y la adopción de las decisiones estratégicas para el adecuado funcionamiento del sistema de seguridad social.
34. 34.Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, los representantes que integran la Junta Directiva deben ser designados o electos según el sector al que corresponden, formalizándose su nombramiento mediante el respectivo Acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo, estableciéndose asimismo la duración de sus funciones, la posibilidad de reelección y la responsabilidad civil y penal derivada del ejercicio de su cargo, resultando necesario emitir el presente Acuerdo a fin de dar cumplimiento al marco legal vigente.
35. 35.Que, los miembros que integran la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a excepción de los representantes del Poder Ejecutivo, durarán en sus funciones dos (2) años pudiendo ser reelectos.
36. 36.Que, en fecha treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026), la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social en aplicación de sus atribuciones, convocó al Sector empleador, Sector laboral y al Colegio Médico para que acreditaran a sus representantes que integrarían la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social conforme a la normativa legal vigente.
37. 37.Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 008-DP-2026, de fecha 30 de enero de 2026, el Presidente de la República delegó en el Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social la representación titular del Poder Ejecutivo y oportunamente la Presidencia de la Junta Directiva del IHSS, confiriéndole las facultades necesarias para garantizar la inmediata integración, instalación y funcionamiento de dicha Junta, asi como para proponer a la Presidencia de la República la terna de candidatos a Director Ejecutivo y Subdirector Ejecutivo, conforme al artículo 25 de la Ley del Seguro Social; delegándose asimismo en el Subsecretario de Estado de Proyectos e Inversiones la representación titular de la Secretaría de Salud ante la Junta Directiva del IHSS.
38. 38.Que la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), en fecha treinta (30) de enero de dos mil veintiséis (2026), designó a los miembros que en su representación integrarán la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) siendo estos, MARIO ROBERTO ROJAS ESCOBAR, en calidad de propietario y MAURO JOEL DOMÍNGUEZ ALMENDARES, como suplente.
39. 39.Que la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), en fecha dos (2) de -- 49 of 96 -- febrero de dos mil veintiséis (2026), designó a los miembros que en su representación integrarán la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) siendo estos, JOSUÉ JEREMÍAS ORELLANA MUÑOZ en calidad de propietario y RENÉ IBEL FUENTES GALEAS, como suplente.
40. 40.Que la Central General de Trabajadores (CGT), en fecha dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026), designó a los miembros que en su representación integrarán la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) siendo estos, EVANGELINA ARGUETA CHINCHILLA, en calidad de propietaria y RAMÓN MARÍN AGUILERA, como suplente.
41. 41.Que, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) en fecha dos (2) de febrero de dos mil veintiséis (2026) designó a los miembros que en su representación integrarán la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) siendo los propietarios: GABRIEL ALBERTO MOLINA DELGADO, HELUI GUADALUPE CASTILLO HUNG Y VERA HILANE AZIZE AGUILAR y como suplentes a: PAOLA CELENIA DIAZ TOME, GUSTAVO RAFAEL SOLÓRZANO DIAZ Y ELVIN OSMIN TORRES FLORES.
42. 42.Que, el Colegio Médico de Honduras (CMH) designó a los miembros que en su representación integrarán la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) siendo designado como propietario SAMUEL FRANCISCO SANTOS FUENTES y como suplente a GLADYS ARGENTINA ORDOÑEZ ELVIR.
43. 43.Que los artículos 235 y 245 de la Constitución de la República establecen que el Presidente de la República, en su calidad de titular del Poder Ejecutivo, ejerce sus funciones en representación y para beneficio del pueblo hondureño, correspondiéndole dirigir la política general del Estado y representarlo ante los órganos nacionales e internacionales, emitir Decretos, Acuerdos, Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley; administrar la Hacienda Pública; orientar y conducir la política económica y financiera del Estado, ejerciendo, en fin, todas las atribuciones que le confiere la Constitución y las Leyes, con el propósito de garantizar la eficiencia, legalidad y bienestar general en el desempeño del Poder Ejecutivo.
44. 44.Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública, tanto en su modalidad centralizada como descentralizada, atribución que le confiere la potestad superior para conducir, orientar y armonizar la actuación de los órganos y entidades del Estado, asegurando la unidad de acción administrativa y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
45. 45.Que, el artículo 12 de la precitada Ley, establece la facultad del Presidente de la República para la coordinación de sectores que comprendan una o más Secretarías de Estado, entidades descentralizadas, desconcentradas, programas, proyectos, empresas o servicios públicos.
46. 46.Que el artículo 25 reformado de la Ley del Seguro Social dispone expresamente que el Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) será designado por el Presidente de la República, previa selección de una terna integrada por ciudadanos que reúnan los requisitos legales y de idoneidad, la cual deberá ser propuesta formalmente por la Junta Directiva de dicha Institución, en ejercicio de sus atribuciones legales, garantizando con ello el respeto al principio de legalidad, la participación del órgano colegiado competente y la observancia del procedimiento establecido en la normativa vigente.
47. 47.Que en sesión de Asamblea General Ordinaria número SO-JD-001-2026, celebrada en fecha -- 52 of 96 -- dos (02) de febrero del año dos mil veintiséis (2026), la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), debidamente convocada y válidamente constituida, conoció, analizó y aprobó el punto relativo a la conformación de la terna de candidatos para optar al cargo de Director Ejecutivo de dicha Institución, acordando por unanimidad remitir al Presidente de la República la terna integrada por los ciudadanos Víctor Antonio Martínez Cáceres, Fany Yamileth Navas León y César Eduardo Enríquez Cáceres, para los efectos legales correspondientes, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley del Seguro Social.
48. 48.Que la Constitución de la República y las leyes laborales vigentes, garantizan el derecho de todo trabajador a devengar un salario mínimo digno, que permita al trabajador satisfacer las necesidades económicas para él y su familia.
49. 49.Que mediante Acuerdo Ejecutivo número 029-2026, de fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veintiséis (2026), se nombró al ciudadano FERNANDO PUERTO CASTRO en el cargo de Secretario de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social.
50. 50.Que el artículo 36 de la Ley General de la Administración Pública, en su numeral 1, establece que corresponde a los Secretarios de Estado, como atribuciones y deberes comunes, orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de sus respectivos despachos, sin perjuicio de las competencias que la Constitución de la República y las leyes confieran a otros órganos del Estado.
51. 51.Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública, tanto en su modalidad centralizada como descentralizada, atribución que le confiere la potestad superior para conducir, orientar y armonizar la actuación de los órganos y entidades del Estado, asegurando la unidad de acción administrativa y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.
52. 52.Que, la Constitución de la República y la legislación laboral vigente garantizan el derecho de toda persona trabajadora a percibir un salario mínimo, entendido éste como la remuneración básica indispensable que debe recibir por la prestación de sus servicios, destinada a satisfacer sus necesidades materiales, sociales y culturales y a contribuir al sostenimiento y bienestar de su núcleo familiar, en condiciones de dignidad y justicia social.
53. 53.Que la economía nacional y el mercado laboral en Honduras, demanda a los sectores productivos y a las autoridades gubernamentales, establecer reajustes moderados a los salarios mínimos vigentes, de tal forma que respondan a la realidad económica actual en el país.
54. 54.Que el artículo 15 de la Ley del Salario Mínimo, en particular su numeral c), confiere al titular de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social la -- 54 of 96 -- atribución de nombrar la Comisión de Salario Mínimo encargada de la fijación o revisión del salario mínimo en cualquier actividad económica, la cual deberá integrarse, a partir de las nóminas sometidas a su consideración por los representantes del interés patronal y del interés obrero, por tres (3) miembros representantes del interés patronal, tres (3) miembros representantes del interés obrero y tres (3) miembros representantes del interés público, todos con sus respectivos suplentes, garantizando así una composición tripartita y equilibrada conforme a la ley.
55. 55.Que, el Reglamento de las Comisiones de Salario Mínimo regula los aspectos orgánicos, funcionales y procedimentales de las Comisiones de Salario Mínimo previstas en la Ley del Salario Mínimo, estableciendo sus atribuciones y el procedimiento aplicable para el cumplimiento de sus fines legales.
56. 56.Que, la Dirección General de Salarios de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5 del Reglamento de las Comisiones de Salario Mínimo, remitió a la representación del sector empleador y al sector trabajador, a través de las organizaciones sindicales de más alto grado, el Oficio No. SETRASS-DGS-007-2026, de fecha cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026), mediante el cual se solicitó la remisión de la nómina de los representantes que integrarán la Comisión de Salario Mínimo, con el propósito de dar inicio al proceso de revisión y fijación del salario mínimo.
57. 57.Que, en fecha doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) remitió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la designación de la organización de trabajadores para integrar la Comisión de Salario Mínimo, siendo éstos los ciudadanos CONSTANTINO LÓPEZ ARIAS, como Representante Propietario y THOMAS MEMBREÑO, como Representante Suplente.
58. 58.Que, en fecha doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026), la Central General de Trabajadores (CGT) remitió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la designación de la organización de trabajadores para integrar la Comisión de Salario Mínimo, siendo los ciudadanos FELIPE RAMIREZ SUAZO, como Representante Propietario y JOSE HUMBERTO LARA ENAMORADO, como Representante Suplente.
59. 59.Que, en fecha trece (13) de febrero de dos mil veintiséis (2026), la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH) remitió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la designación de la organización de trabajadores para integrar la Comisión de Salario Mínimo, siendo los ciudadanos JOSUE ORELLANA, como Representante Propietario y VERÓNICA MORAZÁN, como Representante Suplente.
60. 60.Que, en fecha dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026), el Consejo Hondureño -- 55 of 96 -- de la Empresa Privada (COHEP) remitió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, la designación de los empleadores para integrar la Comisión de Salario Mínimo, siendo los ciudadanos FERNANDO, ALEJANDRO GARCÍA MERINO, PAOLA CELENIA DÍAZ TOMÉ, MANUEL ANTONIO HERNÁNDEZ AGUILAR, Representantes Propietarios; y, a VERA HILANE AZIZE AGUILAR, NORA SCHMID, GERARDO JOSÉ GUILLÉN DOMÍNGUEZ, Representantes Suplentes.
61. 61.Que, en fecha trece (13) de febrero de dos mil veintiséis, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social designó como Representantes Propietario a FERNANDO PUERTO CASTRO, Secretario de Estado, DANIEL HUMBERTO DISCUA GUIFARRO, Subsecretario de Relaciones Laborales, LOURDES SUYAPA SALINAS OLIVA, Directora General de Salarios, y como Representantes Suplentes a MARÍA UBALDINA MARTÍNEZ MOLINA, Secretaria General, FAUSTO MOLINA CASTRO, Asesor del Despacho Ministerial, TANIA ALEJANDRA GUARDIOLA AGUILERA, Oficial Jurídico, para integrar la Comisión de Salario Mínimo.
62. 62.Que la Constitución de la República en su Artículo 59, establece que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Así mismo garantiza el derecho a la protección y promoción de la salud, como un derecho social para todos los habitantes de la República, para lo cual faculta al Poder Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para proteger y promover la salud de los habitantes, estableciendo mediante las Leyes y Reglamentos los procedimientos para lograr tal fin.
63. 63.Que la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud tiene la misión de ser la institución estatal responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimientos y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del sector, orientar los recursos del sistema nacional de salud; así como promover, conducir -- 57 of 96 -- comisión bipartita (Institución Empleadora y Colegio Médico de Honduras), de la misma manera cuando el concurso sea para cargos administrativos, el Médico aspirante deberá tener previo el acuerdo de nombramiento de la plaza base ya sea como Médico General o como Especialista. En ningún caso se permitirá la violación del Estatuto del Médico Empleado en lo que a horas del médico se refiere.
64. 64.Que según Dictamen Legal No. 211-2026-UAL-SS de fecha 27 de febrero de 2026, de la Unidad de Asesoría Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, relacionada con la Revisión de Oficio sobre la validez del Concurso Médico Cerrado Administrativo año 2025, contenido en el Acuerdo Ministerial No. 11879- 2025 de fecha 30 de diciembre del 2025, y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 9 de enero del 2026, concluye dicha unidad: “Que procede la anulación de la Resolución Número 1415-2025-SS de fecha 29 de diciembre del 2025 y, por ende, del Acuerdo Ministerial No. 11879- 2025 de fecha 30 de diciembre del 2025, mediante el cual se acordó nombrar en los cargos administrativos derivados del resultado final del Concurso Médico Cerrado Administrativo 2025, a los ciudadanos descritos en el mismo; en virtud de contemplarse dentro de lo establecido en el Artículo 34 inciso b); y, Artículo 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo, así mismo la violación al Artículo 9 Literal b) del Reglamento de Concursos del Profesional Médico Empleado del Gobierno Central e Instituto Hondureño de Seguridad Social y, violentar el principio de legalidad por vulnerar los derechos del trabajador al no reconocerles un salario por la falta de una estructura y disponibilidad presupuestaria”. y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de una cultura de vida y salud, la generación de inteligencia en salud, la atención a las necesidades y demandas de salud, la garantía de la seguridad y calidad de los bienes y servicios de interés sanitario y la intervención sobre riesgos y daños colectivos a la salud.
65. 65.Que corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud la definición de la política nacional de salud, la normalización, planificación y coordinación de todas las actividades públicas y privadas en el campo de la salud.
66. 66.Que mediante Acuerdo Ministerial No. 11879-2025 de fecha 30 de diciembre del 2025, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 9 de enero del 2026 bajo el Registro No. 37,039, acuerda nombrar en los cargos administrativos derivados del resultado final del Concurso Médico Cerrado Administrativo 2025, a los ciudadanos descritos, con efectividad a partir del 5 de enero del 2026.
67. 67.Que la Ley del Estatuto del Médico Empleado en su Artículo 7 establece que toda contratación o nombramiento para la prestación de Servicios Médicos generales o especializados, bajo la subordinación o dependencia de un empleador natural o jurídico, de derecho público o privado, deberá someterse a concurso; y, los Artículos 3 y 5 y demás aplicables del Reglamento de Concurso Médico son de aplicación obligatoria en las instituciones públicas para contratar o nombrar médicos para la prestación de servicios en materia de planificación, administración, docencia, investigación, gerencia y atención médica en materia de salud, mediante concurso con una -- 58 of 96 --
68. 68.Que mediante Decreto Legislativo Número 17-2026 de fecha 25 de febrero de 2026 se aprobó en el Congreso Nacional la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano y, en su Artículo 6 se establece literalmente que “Se autoriza a los titulares de las instituciones de la Administración Central, Desconcentradas, Descentralizadas y Municipalidades durante la vigencia de la presente Ley, procedan a realizar un diagnóstico de identificación de todos aquellos actos o contratos que hubieren sido emitidos y/o suscritos antes de la entrada en vigencia de la presente Ley, entre ellos, pero no limitados a los mismos, acuerdos de nombramientos y despidos, Resoluciones, Autos, Providencias, Concursos, traslados, ascensos, Acciones de Personal, Contratos de Personal, Contratos de Adquisición de Bienes y Servicios, Convenios, Permisos, Certificados, Concesiones, Licencias, entre otros, siempre de naturaleza decisoria a nivel gubernamental, cuando se hayan emitido sin la observancia total o parcial de la legalidad, omisión de requisitos o procedimientos, con violación de derecho preferente o prelación de otros servidores, funcionarios y terceros, o cuando se haya emitido sin la debida previsión de estructura presupuestaria; para que procedan a la anulación, cancelación, revocación o rescisión total o parcial de los mismos, incluso modificarlos para garantizar una responsable administración y manejo de las finanzas públicas”.
69. 69.Que el Artículo 237 de la Constitución de la República establece que, el período presidencial será de (4) cuatro años y empezará el veintisiete de enero siguiente a la fecha en que se realizó la elección; asimismo, el Artículo 321 de la Carta Magna determina que, los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad; en consonancia, con el Artículo 364 del mismo cuerpo legal donde ordena que, no podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el Presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. Los infractores serán responsables civil, penal y administrativamente.
70. 70.Que el Artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que, los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. El objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible. El Artículo 34 de la Ley citada, indica que, sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos: a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente; b) Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito; c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido; d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; e) Los de carácter general que infrinjan los límites señalados a la potestad reglamentaria, establecido por el Artículo 40; y, f) Los que contraríen lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública. De la misma manera, el Artículo 40 del mismo cuerpo legal establece que, los órganos de la Administración no podrán, mediante actos de carácter general: a) Alterar el espíritu de la Ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta; b) Regular, salvo autorización expresa de una Ley, materias que sean de la exclusiva competencia del Poder Legislativo; c) -- 59 of 96 -- Establecer penas ni prestaciones personales obligatorias, salvo aquellos casos en que expresamente lo autorice una Ley; y, d) Vulnerar los preceptos de otro acto de carácter general dictado por un órgano de grado superior. A este tenor, el Artículo 121, El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la Ley, siempre que no aparezca firme y consentido. Podrá revocarlo o modificarlo cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o sobrevinieren otras que, de haber existido a la sazón, el acto no habría sido dictado. También podrá revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines del servicio para el cual se dicta.

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