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Esta ley exonera a los adultos mayores (60 años en adelante) de todos los cargos y cobros por servicios financieros básicos como retiros, transferencias, emisión de tarjetas y consultas en bancos y entidades financieras supervisadas. Los bancos tienen 4 meses para adaptar sus sistemas y deben devolver cualquier cargo cobrado desde octubre de 2024.

Este decreto suspende temporalmente algunos derechos constitucionales (libertad de movimiento, reunión y expresión) desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 6 de enero de 2023 en 89 sectores de Tegucigalpa y 73 de San Pedro Sula. Autoriza a la Policía Nacional a detener personas vinculadas con crimen organizado, extorsión y narcotráfico para combatir la violencia criminal. Respeta derechos humanos y requiere ratificación del Congreso Nacional en 30 días.

Este decreto suspende ciertos derechos constitucionales (libertad de movimiento, expresión y otros) por 45 días en Honduras para combatir el crimen organizado y la extorsión. La Policía Nacional y Fuerzas Armadas pueden detener a personas sospechosas de delitos en municipios específicos, aunque se debe respetar la identificación y registro de detenidos. El Congreso Nacional debe ratificar esta medida dentro de 30 días.

Este decreto autoriza a municipios hondureños a usar fondos de emergencia para combatir el COVID-19, priorizando recursos en salud, prevención y atención social. Obliga a municipios a coordinar con autoridades de salud y publicar cuentas públicas con transparencia, durante la emergencia sanitaria nacional declarada en 2020.

Este decreto crea la operación "Fuerza Honduras II" para atender a poblaciones afectadas por la Tormenta Tropical ETA y rehabilitar infraestructuras dañadas. El gobierno transfiere fondos de emergencia a municipios, que deben elaborar planes de recuperación supervisados por comités locales y veedores sociales para garantizar transparencia y proteger a los más vulnerables.