PUBLICACIONES LA GACETA OCTUBRE 2025

Considerandos

1. 1.Que el señor Roberto Armando Ordoñez Flores, presentó en fecha 22 de agosto del 2014 demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, la cual fue evacuada por dicho órgano jurisdiccional bajo el número de registro 333-2014 y cuyo objeto lo constituye, entre otras cosas, que: “Se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter particular o en consecuencia que decrete la nulidad del mismo acto dictado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y que son resolución No. 39-SD-DDEFM-2013, Acuerdos No: 5730-DDEFM-2013 y 5731-DDEFM-2013, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de medidas necesarias para su pleno restablecimiento consistente en que ordene mi reintegro al cargo como Director del Instituto Central Vicente Cáceres, pago de salarios dejados de percibir, derechos adquiridos (vacaciones, aguinaldo, catorceavo mes, bonos, otros) y costas del juicio”. Demanda interpuesta contra la Administración Pública, específicamente, contra la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación y cuya cuantía fue inicialmente indeterminada.
2. 2.Que el cuatro (04) de octubre del 2013, la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, emitió la RESOLUCIÓN No.39-SD-DDEFM-2013, mediante la cual se RESOLVIÓ: 1) Sancionar al docente ROBERTO ARMANDO ORDÓÑEZ FLORES, con Acuerdos de Nombramientos: No. 3292-DDEFM-2007 y No. 3291-DDEFM-2007, ambos de fecha siete de junio del año 2007, el primero en el cargo de DIRECTOR DEL INSTITUTO CENTRAL “VICENTE CÁCERES” y el -- 1 of 188 -- EDIS ANTONIO MONCADA ELSA XIOMARA GARCIA FLORES Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL segundo en el cargo de 18 horas, asignadas a la Dirección del mismo centro educativo, ubicado en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, con la medida disciplinaria de DESTITUCIÓN como sanción a las faltas muy graves de: 1. Rebelarse contra las órdenes emanadas de autoridades competentes siempre que estas no violenten preceptos legales. 2. Fomentar la anarquía o inducir a ella a compañeros de trabajo, padres de familia y alumnos, faltas señaladas en el artículo 137 numerales 21 y 26 del Reglamento General del Estatuto del Docente.
3. 3.Que el nueve (9) de octubre del 2013, el Secretario Departamental de Educación de Francisco Morazán, mediante Oficio No.633-DDEFM-13, notificó al docente ROBERTO ARMANDO ORDÓÑEZ FLORES, los Acuerdos de Cancelación números 5730-DDEFM-2013 y 5731-DDEFM-2013, quien ostentaba el cargo de Director del Instituto Central Vicente Cáceres, dependiente de la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán, por no cumplir con la obligación de todo servidor del Estado, sobre todo del cargo que ostentaba como Director de un Centro Educativo de Educación Media, por incumplir con las órdenes emanadas de la autoridad superior.
4. 4.Que el treinta (30) de octubre del 2013, el Abogado Norman Oswaldo Reaños, interpuso recurso de apelación contra la RESOLUCIÓN No. 39-SD- DDEFM-2013 dictada por la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán en fecha 4 de octubre del 2013 y en fecha 12 de mayo del 2014, mediante RESOLUCIÓN No.131-SE-2014 la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación RESUELVE: 1. DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Norman Oswaldo Reaños, en su condición de Apoderado Legal del Docente ROBERTO ARMANDO ORDÓÑEZ FLORES, en virtud de estar ajustada a derecho la RESOLUCIÓN No. 39-SD-DDEFM-2013, de fecha 4 de octubre del 2013 emitida por la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán. 2. Confirmar en toda y cada una de sus partes la RESOLUCIÓN No. 39-SD-DDEFM-2013, de fecha 4 de octubre del 2013, por estar emitida conforme a derecho. El 16 de junio del 2014 se presentó recurso de reposición contra la RESOLUCIÓN No.131-SE-2014 y el 15 de julio del 2014 mediante RESOLUCIÓN No. 241-SE-2014, la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación RESUELVE: 1. Declarar sin lugar el Recurso de Reposición contra la Resolución No.131-SE-2014 de fecha 12 de mayo del 2014, interpuesta por el Abogado Norman Oswaldo Reaños, en su condición de Apoderado Legal del Docente ROBERTO ARMANDO ORDÓÑEZ FLORES. 2. Confirmar en toda y cada una de sus partes la RESOLUCIÓN No. 131-SE-2014 de fecha 12 de mayo del 2014, por haberse dictado en apego a la Ley.
5. 5.Que el veintidós (22) de agosto del 2014, fue presentada la demanda en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; el 10 de mayo del año 2016, fue emplazado el Procurador General de la República; y, el 07 de junio del 2016, fue contestada la demanda de mérito.
6. 6.Que el veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, emitió sentencia definitiva en el cual “FALLA: PARTE DISPOSITIVA PRIMERO (1): Declarar procedente la -- 2 of 188 -- acción incoada por el señor ROBERTO ARMANDO ORDOÑEZ FLORES, por no estar ajustados a derecho los actos administrativos impugnados, consistente en la resolución No. 39-SD-DDEFM-2013 y los Acuerdos No. 5730-DDEFM-2013 y 5731-DDEFM-2013 de fecha nueve (09) de octubre del 2013, emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; en consecuencia, se anulan totalmente las mismas. SEGUNDO (2): Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: PRIMERO (1): Se ordena el reintegro del demandante al cargo que ocupaba al momento de su cancelación.- SEGUNDO (2): Se condena a la Secretaría de Educación al pago a favor del demandante de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de su cancelación, hasta que quede firme la sentencia y demás derechos que por Ley le pudieran corresponder, hasta el momento de su reintegro. TERCERO (3): Asimismo se decreta la nulidad del acto administrativo por medio del cual se hayan nombrado sustituto del demandante, si este fuere el caso. CUARTO (4): Se exime del pago de costas a la parte vencida en juicio”.
7. 7.Que el veinticuatro (24) de noviembre del dos mil veinte (2020), se interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva de primera instancia emitida el veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), recurso de apelación que a la fecha, no se ha emitido el correspondiente fallo por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo.
8. 8.Que el veintidós (22) de septiembre del 2021, el Abogado Darwin Lindolfo García, actuando en su condición de Apoderado Legal de las señoras: Francia Roberta Ordóñez Pagoaga y Marlen Alejandra Ordóñez Euceda, presentó copia de sentencia de Declaratoria de Herederos Ab- Intestato debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil y Acta de Defunción, documentos debidamente autenticados por notario público y el veintitrés (23) de septiembre del 2021 la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, admite escrito junto con los documentos y tiene por sustituido el poder en el Abogado Darwin Lindolfo García como parte recurrida.
9. 9.Que, en el presente caso, no se cuenta con los elementos jurídicos suficientes para la sustentación de una defensa eficaz que resulte favorable al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, dado que la cancelación del señor ROBERTO ARMANDO ORDÓÑEZ FLORES, se realizó sin existir una causal legal para hacerlo.
10. 10.Que asesoría legal, de la Secretaría de Educación, es del criterio que, continuar con el trámite del presente juicio resultaría perjudicial para el Estado de Honduras ya que consideramos que en la demanda de mérito, no existen suficientes fundamentos de hecho y de derecho para que el fallo de la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo sea favorable al Estado, por lo tanto, nuestra recomendación es que se proceda a la tramitación del respectivo Acuerdo Ejecutivo, para el pago de los derechos que les corresponden a las herederas del señor ROBERTO ARMANDO ORDÓÑEZ FLORES (QDDG).
11. 11.Que en fecha nueve (09) de enero del año dos mil veinticinco (2025), la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, emite fallo definitivo, mediante el cual declara SIN LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto como parte demandada, confirmando la Sentencia Definitiva emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, en fecha veintiséis (26) de octubre del año dos mil veinte (2020), sin condena en costas.
12. 12.Que en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinticinco (2025) en virtud del Fallo Definitivo emitido por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso, el que fue desfavorable para mi representado el Estado de Honduras, -- 3 of 188 -- se interpuso y formalizó Recurso de Casación, ante la misma Corte de Apelaciones, el cual se encuentra en el Estado actual de contestación por parte de la parte demandante, al recurso de casación interpuesto.
13. 13.Que haciendo consideración a lo anteriormente expuesto, en aras de una administración responsable de las finanzas del Estado y no seguir ocasionando más pérdidas financieras al mismo y así tomar las acciones correspondientes, se solicita al señor Procurador General de la República, se realice el trámite de Acuerdo Ejecutivo que faculte ejercitar las facultades de expresa mención, específicamente las de renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar y transigir en el presente caso, al tenor de lo dispuesto en los artículos 19 numeral 1 de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil; y así tomar las acciones correspondientes ante la Honorable Corte Suprema de Justicia y el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, sobre la aceptación del fallo del juicio, reconociendo el pago de los derechos que les corresponden a las herederas del señor ROBERTO ARMANDO ORDÓÑEZ FLORES (QDDG) por las consideraciones descritas. Se acompañan copias de sentencias dictada por el Juzgado de primera y segunda instancia y partida presupuestaria que se afectará.
14. 14.Que en razón a lo anteriormente expuesto y en aras de renunciar al recurso de Casación antes expuesto, se emite Informe Suscinto de lo actuado en el caso de cancelación del Señor Roberto Armando Ordoñez Flores (QDDG), al Procurador General de la República para que se realice el trámite de Acuerdo Ejecutivo ante la Excelentísima Presidenta de la República, señora IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO que faculte ejercitar las facultades de expresa mención, específicamente renunciar a los términos o recursos legales, en el presente caso, al tenor de lo dispuesto en los artículos 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil y así tomar las acciones correspondientes ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, de Renunciar al Recurso de Casación formalizado, por haber sido desfavorable al Estado de Honduras el Recurso de Apelación interpuesto y proceder a realizar la tramitación correspondiente ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.
15. 15.Que en virtud del informe presentado por la Abogada Margarita Molina Reyes, esta Procuraduría General de la República, por medio de la supervisora judicial, Abogada Edis Yazunith Ruiz Barahona, de la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial, verificó el expediente judicial cuyo número en primera instancia es el No. 333-2014, con el objeto de constatar la procedencia de la autorización de Acuerdo Ejecutivo, mediante un informe al respecto, el que fue remitido por medio del Oficio No. OF 085-SG-2025-USL, de fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinticinco (2025), a la Directora Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial Abogada Odessa Figueroa Guillén, en el que informa sobre el juicio supervisado y efectúa las siguientes CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓNES: “6.1 De conformidad con los hechos alegados en la demanda presentada los documentos que corren agregados al expediente Administrativo y las sentencias dictadas al respecto y que no hubo fundamento legal para iniciar un proceso de cancelación del demandante y quedando demostrado que hubo infracción al ordenamiento jurídico por exceso de poder, se concluye que es procedente la emisión del Acuerdo Ejecutivo, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 19 numeral 1 Atribución Primera de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 24 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 81 numeral 2) y 82 numeral 2) del Código Procesal Civil; en virtud de existir dos sentencias favorables al demandante en primera y segunda instancia y no esperar a emitirse una sentencia en casación y así ejercitar las facultades de expresa mención, específicamente las de renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar y transigir, con el propósito de no continuar con el juicio en el momento procesal en que actualmente se encuentra”. “6.2 -- 4 of 188 -- Al conciliarse esta demanda se otorgarán los derechos que correspondían al señor Roberto Armando Ordoñez Flores (QDDG), a las herederas las señoras Francia Roberta Ordóñez Pagoaga y Marlen Alejandra Ordóñez Euceda y así honrar los derechos que les correspondan a sus herederas hasta la fecha de su fallecimiento, en virtud de la demanda promovida por el señor Roberto Armando Ordóñez Flores (QDDG), la que ya tiene más de diez (10) años de haberse incoado, lo que resulta oneroso a las finanzas del Estado de Honduras”. En consecuencia de lo anterior, mediante nota de fecha treinta y uno (31) de marzo del año dos mil veinticinco (2025), la Abogada Odessa Figueroa Guillén, en su condición de Directora de la Dirección Nacional de Auditoría y Supervisión Judicial, comunicó al Despacho del Procurador General de la República, Abogado Manuel Antonio Díaz Galeas, sobre el oficio del informe realizado por la Abogada Margarita Molina Reyes, en su condición de procuradora judicial de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, así como el informe del análisis del juicio realizado por la Abogada Edis Yazunith Ruiz Barahona, supervisora judicial de esta Procuraduría General de la República, donde se establece, en este último la procedencia de la emisión del Acuerdo Ejecutivo para hacer uso de la facultad de expresa mención específicamente la de renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar y transigir, en la demanda promovida por el señor Roberto Armando Ordoñez Flores (QDDG), en contra de la Administración Pública a través de la Secretaría de Educación, conciliación que se realizaría con las herederas del demandante señoras: 1) Francia Roberta Ordoñez Pagoaga y Marlen Alejandra Ordoñez Euceda, por lo que se estima procedente ponerle fin al proceso por medio de la emisión del Acuerdo Ejecutivo. En virtud de lo anterior y con fundamento en lo establecido en los artículos 1 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, le transcribo los informes y notas relacionadas, junto con las recomendaciones de procedencia para la emisión del Acuerdo Ejecutivo, a fin de que en el uso de las facultades y atribuciones que la Ley otorga, usted acuerde lo procedente.
16. 16.Que en fecha treinta y uno (31) de marzo del dos mil veinticinco (2025), el Procurador General de la República, Abogado Manuel Antonio Díaz Gáleas emitió Oficio No. 137-D-PGR-2024, mediante el cual notifica al Secretario de Estado en el Despacho de Educación, Profesor Daniel Enrique Esponda Velásquez, el informe emitido por la Procuradora Judicial, Abogada Margarita Molina Reyes y en virtud del mismo la Supervisora Judicial Abogada Edis Yazunith Ruiz Barahona, constató la procedencia de la autorización del Acuerdo Ejecutivo, por lo que transcribió los informes y notas relacionadas junto con la recomendación de procedencia para la emisión del Acuerdo Ejecutivo.
17. 17.Que según el artículo 228 Constitucional y artículo 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General, representa legalmente al Estado de Honduras; y asimismo, de conformidad al numeral 1 del artículo 19 de su Ley Orgánica debe promover, representar y sostener los derechos del Estado en todos los juicios en que este fuere parte, para ese efecto actúa con las facultades de un Apoderado General y requiere la autorización expresa del Poder Ejecutivo, extendida mediante Acuerdo, en cada caso, para ejercer las facultades designadas en el artículo 81 numeral 2 y artículo 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, entre las cuales está la facultad de renunciar a los términos o recursos legales.
18. 18.Que de conformidad al artículo 247 de la Constitución de la República de Honduras, los Secretarios de Estado son colaboradores de la Presidenta de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la Administración Pública Nacional en el área de su competencia.
19. 19.Que el artículo 7 del Decreto Ejecutivo PCM-05-2022 de fecha 06 de abril del año 2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 06 de abril del 2022, se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), con la finalidad de desarrollar los proyectos y programas de infraestructura, para lo cual contará con dos Subsecretarías, la Subsecretaría de Obras Públicas y la Subsecretaría de Transporte...
20. 20.Que el artículo 74 del Reglamento de Organización Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo, reformado mediante Decreto Ejecutivo número PCM-023-2023, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 4 de mayo del año 2023, establece que: La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), le compete lo relacionado a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionada con las obras de infraestructura pública, el sistema vial y el transporte, incluyendo el planteamiento, estudio, diseño, construcción, supervisión y conservación de la red vial nacional, incluyendo las vias de comunicación terrestre, interurbanas y rurales.-
21. 21.Que mediante Decreto Legislativo No. 58-2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 13 de julio 2011, fue aprobada la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, la cual tiene por objeto simplificar y agilizar los procedimientos de ejecución de proyectos de infraestructura pública, con el propósito de generar empleo y lograr mayor crecimiento económico, a través de la modernización de la infraestructura nacional, las normas y procedimientos establecidos en esta Ley serán aplicables a las unidades ejecutoras de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada a cargo de proyectos de infraestructura pública de cualquier naturaleza.
22. 22.Que el artículo 22 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, establece que los dueños de terrenos continuos o cercanos a cualquier obra de infraestructura pública, cuyos predios hayan sido identificados por la respectiva unidad ejecutora a cargo del proyecto como idóneos para servir como bancos de materiales, están obligados a facilitar y permitir la extracción de todo el material que sea necesario para la apertura, construcción, mantenimiento del proyecto, sin costo alguno para el Estado o sus contratistas, previa notificación al propietario.
23. 23.Que de conformidad al Artículo 24 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de -- 9 of 188 -- Inversión en Infraestructura Pública, para que el Estado realice el aprovechamiento racional de los materiales requeridos, la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), podrá otorgar autorizaciones a los órganos estatales, encargados de la ejecución de los diferentes proyectos de infraestructura pública y/o a las empresas constructoras por dichos órganos ejecutores, para que procedan a la extracción y acarreo de los materiales, de conformidad con los respectivos contratos de obra pública.
24. 24.Que el artículo 25 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, establece que la extracción de materiales efectuada por el Estado o sus ejecutores no afectará la explotación simultánea que puedan hacer los titulares de concesiones mineras, en caso que exista concesión previa al Acuerdo que emita SIT autorizando la extracción. En tal razón, SIT emitirá la respectiva autorización para que el órgano estatal realice la extracción de materiales sobre el banco o cantera concesionada, siempre que no exista otro sitio de mejor precisión. La explotación simultánea que haga el Estado y el concesionario estará sujeta a las normas técnicas que emita el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN).
25. 25.Que, de no existir concesión alguna sobre el banco de materiales identificado, el Estado podrá realizar una extracción acorde con el aprovechamiento racional de esos recursos naturales, sujeto a las limitaciones que le señale INHGEOMIN en las respectivas normas técnicas que emitan para tal efecto.
26. 26.Que el artículo 26 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, establece que previo a la emisión del Acuerdo la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), notificará de oficio al Instituto Hondureño de Geología y Minas INHGEOMIN, para que esta compruebe el estatus ambiental, técnico y jurídico del banco de materiales identificado, de no haber impedimento para realizar la extracción, sin más trámite, INHGEOMIN procederá a la emisión de las normas técnicas aplicables al aprovechamiento, extracción y acarreo de los materiales con las mismas técnicas emitidas y comunicadas, tanto a la SOPTRAVI ahora SIT como al órgano ejecutor interesado, esta Secretaría de Estado procederá a la emisión del acuerdo de autorización correspondiente el cual será notificado tanto a la Unidad Ejecutora como al propietario del Inmueble identificado para servir como banco de materiales. La autorización emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), regulada en esta Ley, constituye el permiso único de extracción necesario para que el órgano ejecutor o el contratista del proyecto pueda realizar la extracción de los materiales, sin perjuicio de los demás permisos que por Ley pudieran corresponder en materia municipal, forestal y ambiental.
27. 27.Que el artículo 27 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública, establece que: Cometerá el delito de desobediencia tipificado en el Código Penal quien, debidamente notificado por la autoridad competente, ejecute actos que tengan por objeto impedir al Estado o a sus contratistas el acceso al inmueble identificado para servir como banco de materiales. El mismo delito incurrirá quien impida o dificulte la extracción de materiales dentro de un mismo banco de materiales que será aprovechado por -- 10 of 188 -- el Estado o quien procure obtener una remuneración por el valor de los materiales extraído. Cuando haya particulares que impidan el acceso al inmueble o a la extracción de materiales dentro del mismo, la Unidad Ejecutora responsable presentará inmediatamente la denuncia correspondiente ante la físcalía General de la República, para que se deduzca al particular la responsabilidad que corresponda.
28. 28.Que la normativa antes relacionada concede al Estado, a través de la entidad competente de la ejecución de los proyectos de infraestructura pública, aprovechar de manera racional los recursos minerales no metálicos requeridos para la ejecución de proyectos; y en particular el proyecto: “CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN TRAMO CARRETERO RN-15 LAS DELICIAS - EL BIJAGUAL, OLANCHO”. EJECUTADO POR LA EMPRESA “WILLIAM Y MOLINA S. DE R.L (W Y M)”.
29. 29.Que la Unidad de Desarrollo Social y Registro Minero y Catastral dependientes del Instituto Hondureño de Geologia y Minas (INHGEOMIN). Emitieron los Informes Técnicos ITBP-017-2025 de fechas 1) treinta (30) de abril, 2) siete (07) de abril y 3) 30 de abril del año dos mil veinticinco (2025) de conformidad a las inspecciones realizadas los días 1) veintiséis (26) de marzo, 2) veintisiete (27) de marzo y 3) veinticinco (25) de marzo del año dos mil veinticinco (2025), a tres (03) bancos de préstamo de materiales, denominados: Banco Seco: “ZOPILOTEPE” y Bancos Aluviales: “JALAN I” y “GUAYAPE II” los cuales están ubicados en el Municipio de Juticalpa, Departamento de Olancho, mismos que serán utilizados en la ejecución del Proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN TRAMO CARRETERO RN-15 LAS DELICIAS - EL BIJAGUAL, OLANCHO”. Así mismo las Unidades de Desarrollo Social, y Registro Minero y Catastral, emitieron las Normativas Técnicas NTBP-014-2025 de fecha dos (02) de abril del año dos mil veinticinco (2025) y dos (02) NTBP- 022-2024 de fechas veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinticinco (2025) en donde se establecen las Normas Técnicas aplicables para el aprovechamiento de la extracción y acarreo de materiales en dichos Bancos de préstamo de materiales.
30. 30.Que en fechas dos (02) de abril y veintiocho (28) de mayo del año dos mil veinticinco (2025), la Unidad Técnica de Desarrollo Social dependiente del Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN), emitió los Dictámenes número UDS-BP-033-2025 y UDS-BP-060-2025, los cuales en el acápite: “…IV. REQUERIMIENTOS/ RECOMENDACIONES, literalmente dicen: Se requiere que la empresa WILLIAM Y MOLINA S. de R.L (WyM), encargada de efectuar los trabajos de aprovechamiento de material a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), titular del proyecto en base a los requisitos establecidos en el artículo 65 y 95 de la Ley General de Mineria y 96 del Reglamento de dicha ley y artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 de la LEY ESPECIAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA; complete dentro del expediente siguiente información: Informe de socialización de las actividades de aprovechamiento de material que se realizarán en el área solicitada para el desarrollo del proyecto, con las comunidades aledañas al proyecto. El informe de la socialización realizada, deberá ser presentado ante la Autoridad Minera INHGEOMIN. Copia de Resolución de autorización -- 11 of 188 -- de explotación de banco de préstamo emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), MEDIANTE ACUERDO ministerial, establecido en la LEY ESPECIAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, de acuerdo a lo instituido en los artículos N° 24, N° 25 y N°26 de dicha Ley. Constancia, Acuerdo o Licencia Ambiental del proyecto, o constancia de no requerir la misma en el caso que aplique. Bitácora de volúmen de material extraido debidamente firmada y sellada por la persona a cargo una vez inicien las labores de explotación. Se requiere autorización parte del ICF para el corte de árboles en el caso que dicha actividad se requiera. Secciones transversales con la extracción que muestren los niveles del terreno o a las condiciones que se desea llegar en el sitio de extracción”; Además, cumplir con las recomendaciones plasmadas en los informes ITBP-017-2025 en los trabajos de extracción de los bancos de préstamo de material denominados: Banco Seco: “ZOPILOTEPE” y Bancos Aluviales: “JALAN I” y “GUAYAPE II”.
31. 31.Que la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), es una institución de Educación Superior del Estado, descentralizada, autónoma, que se norma por la Constitución de la República, la Ley de Educación Superior, las Normas Académicas del Nivel de Educación Superior, el Estatuto y demás reglamentos que emanen del mismo.
32. 32.Que el Consejo de Dirección Universitario, máximo órgano de gestión y decisión del gobierno de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales, es responsable de definir la política institucional de la Universidad, de establecer las estrategias, la metodología, la conducta académica y administrativa de la Institución.
33. 33.Que es atribución del Consejo de Dirección Universitario, aprobar y reformar su propio reglamento y los reglamentos generales para el funcionamiento de la Universidad dentro del Marco del Estatuto. C O N S I D E R A N D O : Q u e l a U N A C I F O R y e l SITRAUESNACIFOR firmaron el cuarto Contrato Colectivo de Condiciones de trabajo que está vigente a la fecha.
34. 34.Que el cinco de abril de 2024, el Consejo de Dirección Universitario aprobó el Reglamento de Valoración de Puestos, Escala Salarial, Política de Administración Salarial del Personal Administrativo, Técnico, de Servicio y de la Carrera Docente de la UNACIFOR, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de junio de 2024, vigente a la fecha.
35. 35.Que el Departamento de Recursos Humanos a través de su titular, solicitó al Consejo de Dirección Universitario se reforme el artículo 39 del Reglamento de Valoración de Puestos, Escala Salarial, Política de Administración Salarial del Personal Administrativo, Técnico, de Servicio y de la Carrera Docente de la UNACIFOR, en sus renglones 80 y 128.
36. 36.Que a solicitud del SITRAUNACIFOR el Consejo de Dirección Universitario procedió a revisar la redacción de los artículos 50 y 176 del Reglamento de Valoración de Puestos, Escala Salarial, Política de Administración Salarial del Personal Administrativo, Técnico, de Servicio y de la Carrera Docente de la UNACIFOR, a fin de no alterar las cláusulas del Cuarto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.
37. 37.Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre es el ente encargado de administrar el recurso forestal público para garantizar su manejo racional y sostenible; regulando y controlando el recurso natural privado para garantizar la sostenibilidad ambiental.
38. 38.Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre está facultado para diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento, ejecutar y evaluar la política nacional, relacionada con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
39. 39.Que de conformidad con la Ley y para asegurar la sostenibilidad y productividad de los bosques públicos o privados será obligatorio el Plan de Manejo Forestal, mismo que debe ser evaluado periódicamente de conformidad con las especificaciones técnicas que para tal efecto determina el ICF
40. 40.Que el ICF como órgano rector de la política forestal del país, debe establecer los mecanismos idóneos que orienten sin excesiva dificultad a los particulares sobre los trámites y demás gestiones que deban realizar en sus respectivas dependencias y de conformidad con las facultades otorgadas por ley. -- 45 of 188 -- EDIS ANTONIO MONCADA ELSA XIOMARA GARCIA FLORES Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL
41. 41.Que la Actividad Administrativa debe ser presidida por los principios de economía, celeridad y eficacia, procurando la simplificación y racionalización de los procedimientos que los particulares deben implementar para lograr la pronta y efectiva satisfacción de sus peticiones.
42. 42.Que, el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción del Estado Socialista y Democrático establece recuperar las zonas de recarga hídrica (cuencas hidrográficas) retomando la iniciativa interrumpida del Poder Ciudadano de reforestar, y los compromisos del país de restaurar el bosque perdido y reducir en 40 % el consumo doméstico de leña verde al 2030.
43. 43.Que, la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 340 declara que los recursos naturales de la nación son de utilidad y necesidad pública y corresponde al Estado reglamentar su aprovechamiento, de acuerdo con el interés social y fijar las condiciones de su aprovechamiento sostenible. La reforestación del país y la conservación de bosques se declara de conveniencia nacional y de interés colectivo.
44. 44.Que, el artículo 145 de la Constitución de la República de Honduras, establece “…El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas. En consecuencia, declárese el acceso al agua y saneamiento como un derecho humano. Cuyo aprovechamiento y uso será equitativo preferentemente para consumo humano. Asimismo, se garantiza la preservación de las fuentes de agua a fin de que estas no pongan en riesgo la vida y salud pública…”.
45. 45.Que, el Estado hondureño es signatario de convenios internacionales donde asume compromisos relativos a la conservación de la biodiversidad y a los diferentes elementos o ecosistemas, en especial sobre aquellos que se encuentran en grave riesgo o con especies en inminente peligro de extinción.
46. 46.Que, el Estado hondureño debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir y corregir la contaminación y degradación del ambiente, proteger las fuentes de agua y todos los recursos naturales bajo el esquema de desarrollo sostenible como nueva modalidad para mantener en equilibrio la armonía entre el ser humano y la naturaleza.
47. 47.Que, según el artículo 1 de la Ley General del Ambiente, estable que, la protección, -- 52 of 188 -- conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales son de utilidad pública y de interés social.
48. 48.Que, el artículo 3 de la Ley General de Aguas, establece que el agua es un recurso esencial para la vida, el desarrollo social y económico. Su protección y conservación constituye una acción prioritaria del Estado.
49. 49.Que, el artículo 43 de la Ley General de Aguas, establece que, las acciones de protección tienen como propósito conservar o incrementar los niveles de calidad y cantidad del agua, ante el efecto destructivo de los fenómenos naturales y las acciones humanas de degradación y contaminación del recurso.
50. 50.Que, los objetivos de la Ley Forestal son lograr y perpetuar los máximos beneficios directos e indirectos que puedan derivarse para la nación, de la flora, fauna, las aguas y los suelos existentes en las áreas forestales que se definen y clasifican en la Ley; asegurando la protección y el mejoramiento de las áreas forestales, áreas protegidas y vida silvestre.
51. 51.Que, corresponde al Estado a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Protegidas y Vida Silvestre (ICF) la protección, restauración, aprovechamiento, conservación, manejo, administración, la regulación, el respeto y la seguridad jurídica de la inversión de la propiedad forestal estatal y la propiedad privada forestal.
52. 52.Que, la Ley Forestal establece el régimen legal a que se sujeta la administración y manejo de los Recursos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país.
53. 53.Que, el ICF debe garantizar el acceso y la participación de la población en el manejo sostenible y los bienes y servicios que prestan los recursos forestales públicos, las áreas protegidas, propiciando la generación de mayores beneficios económicos, sociales y ambientales bajo el principios de equidad, delimitando y declarando las microcuencas hidrográficas productoras de agua para consumo humano que son una prioridad nacional, para asegurar a perpetuidad la cantidad y calidad del recurso hídrico a favor de las comunidades en general.
54. 54.Que, de conformidad con el artículo 18 numeral 19 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Estado por medio del Director Ejecutivo del ICF tiene la atribución de Aprobar los Reglamentos Internos, Manuales e Instructivos para realizar la gestión del sector forestal, Áreas Protegidas y vida silvestre, tomando en cuenta lo dispuesto en esta Ley, la Ley de Ordenamiento Territorial, la Ley de la Propiedad, Ley General del Ambiente, la Ley de Municipalidades y otras leyes aplicables y de declarar y delimitar las microcuencas hidrográficas abastecedoras de agua a las comunidades, como áreas protegidas, por motivos de necesidad o interés público conforme a lo dispuesto en los Artículos 103, 106 y 354 párrafo segundo de la Constitución de la República y las disposiciones aplicables de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento. La declaración respectiva la hará el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) de oficio o a solicitud de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre o las comunidades o las mancomunidades, a través de las Municipalidades respectivas, llevando un registro especial, regulando y supervisando el uso de las mismas.
55. 55.Que, de conformidad con los artículos 64, la declaratoria de un área forestal como área protegida no prejuzga ninguna condición de dominio o posesión, pero sujeta a quienes tienen derechos de propiedad con dominio pleno, -- 53 of 188 -- posesión, uso o usufructo a las restricciones, limitaciones y obligaciones que fueren necesarias para alcanzar los fines de utilidad pública que motivan su declaración.
56. 56.Que, de conformidad con el artículo 120 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), compete al ICF liderar los procesos para elaborar e implementar los planes de ordenación y manejo integrado de las cuencas hidrográficas, microcuencas y subcuencas, con énfasis en la conservación de los recursos suelo, bosque y agua.
57. 57.Que, las microcuencas que son áreas delimitadas por las partes altas de montañas, laderas y colinas, donde el agua fluye hacia un cuerpo de agua. Estas áreas, por su importancia hídrica, se gestionan para conservar y asegurar la sostenibilidad del agua, teniendo en cuenta los ecosistemas y las necesidades humanas presentes y futuras.
58. 58.Que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 109, de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, corresponde al ICF la declaratoria de las microcuencas abastecedoras de agua a las comunidades para uso doméstico, productivo y energético, por lo que de conformidad con el artículo 122 de la citada Ley, estas deben someterse un régimen especial para su protección.
59. 59.Que, le corresponde al ICF la facultad de declarar las microcuencas abastecedoras de agua a las comunidades, como áreas de protección forestal, por motivos de necesidad o interés público conforme a lo dispuesto en los Artículos 103, 106 y 354 párrafo segundo de la Constitución de la República y las disposiciones aplicables de la Ley Marco del Sector Agua y Saneamiento.
60. 60.Que, las disposiciones del Acuerdo 040-2024 contentivo del “MANUAL PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DECLARATORIA DE MICROCUENCAS COMO ZONAS DE PROTECCIÓN FORESTAL, EL MANEJO Y REDEFINICIÓN DE LÍMITES GEOGRÁFICOS DE MICROCUENCAS DECLARADAS”, el cual establece que las declaratorias de microcuencas como zonas de protección forestal, se realizarán de oficio por el ICF o a petición de las Corporaciones Municipales o las comunidades de conformidad con la Ley.
61. 61.Que la Oficina de la Región Forestal de Occidente, del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), ha determinado Factible a Nivel Técnico, declarar como zonas de protección forestal de nueve (09) Microcuencas localizadas en el Departamento de Copán; en los Municipios de Concepción, Florida, Veracruz, Trinidad y Copán Ruinas, los expedientes conformados contienen los documentos necesarios para iniciar el proceso, tal y como lo establece el Acuerdo 040-2024.
62. 62.Que el Departamento de Cuencas Hidrográficas y Ambiente, ha emitido Dictamen Técnico DCHA-103-2025 mediante el cual, determina Factible a Nivel Técnico y recomienda a la Dirección Ejecutiva la aprobación de las solicitudes de declaratoria de microcuencas como zona de protección forestal.
63. 63.Que el Departamento Legal, ha emitido DICTAMEN LEGAL ICF-DL-155-2025. mediante el cual, determina que es procedente legalmente la solicitud a petición de parte de la declaratoria de las nueve (9) microcuencas como zonas de Protección Forestal las áreas abastecedoras de agua para consumo humano, que se encuentran ubicadas en la jurisdicción geográfica de la Región Forestal de Occidente y recomienda a esta Dirección Ejecutiva la aprobación de las solicitudes de declaratoria de microcuencas como zona de protección forestal. -- 54 of 188 --
64. 64.Que este Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), emitió RESOLUCIÓN 207-2025, en el que resolvió procediendo a la Declaración a petición de parte de las nueve (9) Microcuencas como zonas de Protección Forestal las áreas abastecedoras de agua para consumo humano, que se encuentran ubicadas en la jurisdicción geográfica de la Región Forestal de Occidente.
65. 65.Que el Estado de Honduras, a través del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), es el ente responsable de la administración, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas y la vida silvestre, conforme a lo establecido en la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto No. 98-2007) y su Reglamento.
66. 66.Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), es un ente desconcentrado, dependiente de la Presidencia de la República, con exclusividad en la competencia determinada por dicha Ley, la cual ejerce con independencia técnica, administrativa y financiera; estando facultado para emitir actos, celebrar contratos y comparecer ante los Tribunales de la República. Asimismo, actúa como ejecutor de la política nacional en materia de conservación y desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre, con atribuciones para desarrollar programas, proyectos y planes, así como crear las unidades administrativas técnicas y operativas necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos en la normativa, conforme lo establece el artículo 14 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
67. 67.Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal tiene dentro de sus atribuciones aprobar los reglamentos internos, manuales e instructivos para realizar la gestión del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre.
68. 68.Que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal ha identificado la necesidad de implementar una herramienta tecnológica moderna, efectiva y escalable para el seguimiento y gestión de eventos, patrullajes y amenazas, que complemente y fortalezca los sistemas ya existentes.
69. 69.Que el monitoreo continuo y sistemático de amenazas, actividades humanas, biodiversidad y recursos naturales representa una prioridad institucional para el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), al ser fundamental para garantizar una gestión eficaz y basada en evidencia científica. Este monitoreo permite identificar oportunamente riesgos y cambios en el estado de conservación de los ecosistemas, facilitando la implementación de acciones adaptativas que aseguren la protección y conservación sostenible de las áreas protegidas y los recursos naturales de Honduras.
70. 70.Que la plataforma EarthRanger es una herramienta tecnológica de monitoreo geoespacial y recolección de datos en tiempo real, diseñada para fortalecer la capacidad institucional de respuesta ante amenazas, mejorar -- 63 of 188 -- la coordinación entre actores involucrados y consolidar información crítica para la conservación. Actualmente, está implementada en más de 600 sitios en 74 países, lo cual respalda su efectividad, confiabilidad y relevancia para su adopción en Honduras.
71. 71.Que se requiere establecer formalmente su implementación mediante una estructura operativa, lineamientos técnicos y mecanismos de validación que aseguren su buen funcionamiento, integración institucional y sostenibilidad en el tiempo.
72. 72.Que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, aprobada mediante Decreto Legislativo 98-2007, establece en sus artículos 111 y 113 que el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) tiene la facultad de administrar las áreas protegidas del país, elaborar y actualizar sus planes de manejo y velar por el cumplimiento de los mismos, ya sea de forma directa o mediante terceros.
73. 73.Que el marco jurídico forestal vigente declara de prioridad nacional el manejo racional y sostenible de los recursos forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, promoviendo la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad, los recursos genéticos y la reducción de la vulnerabilidad ambiental y social.
74. 74.Que el plan de manejo constituye un instrumento técnico, legal y operativo, que define objetivos, estrategias y normas para el uso de los recursos naturales de un área protegida, así como la programación de inversiones, mecanismos de participación, alianzas estratégicas y acciones para enfrentar amenazas prioritarias, todo enmarcado en procesos de consulta y legislación vigente.
75. 75.Que mediante Decreto Legislativo No. 075-2010, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,273 el 26 de julio de 2016, se declaró el Parque Nacional Marino Islas de la Bahía como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, con el objetivo de proteger la integridad ecológica de sus ecosistemas marinos y promover un uso racional, educativo, científico, espiritual y recreativo, compatible con la conservación ambiental y cultural.
76. 76.Que el objetivo general del Plan de Manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía es contribuir a la conservación y uso sostenible de sus recursos naturales, mediante lineamientos técnico-legales y mecanismos de gestión participativa, inclusiva y coordinada, que garanticen una distribución equitativa de beneficios y el bienestar de las comunidades locales.
77. 77.Que mediante Acuerdo ICF No. 047- 2024 se aprobó el Plan de Manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía con una vigencia de doce (12) años, como instrumento orientador de la gestión del territorio, definiendo objetos de conservación, lineamientos de uso y acciones de mitigación frente a amenazas identificadas.
78. 78.Que el referido plan establece como objetos de conservación ecosistemas y especies clave Arrecife de coral, Lagunas Costeras, Playas, Manglares, Praderas de pastos marinos, Arrecifes emergentes, Tiburón Ballena, Sitios de desove y agregación de peces; y reconoce los principales -- 69 of 188 -- bienes y servicios ecosistémicos, así como las amenazas que afectan la integridad del área, incluyendo daño arrecifal por actividad de navegación, desarrollo inmobiliario, relleno para construcción, desarrollo infraestructura del sector turismo, infraestructura marítima, operación en la navegación, efluentes domésticos, industrial y turismo, residuos sólidos, expendios de combustibles, efluentes de embarcaciones, operación de áreas para el mantenimiento de embarcaciones, efluentes agrícolas, recolección recursos biológicos, pesca comercial (sobrepesca), tala de bosque de mangle, especies invasoras y el sargazo.
79. 79.Que en fecha 20 de mayo de 2025, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó la suspensión provisional del Acuerdo ICF No. 047- 2024, como medida cautelar derivada de recursos de amparo presentados por municipalidades y organizaciones locales, en virtud de observaciones al componente normativo del Plan de Manejo.
80. 80.Que el 3 de julio de 2025, se realizó los acercamientos de los compromisos entre las partes involucradas en el proceso, en el documento denominado Acuerdo de Conciliación Extrajudicial entre el ICF, la Comunidad de Afrodescendientes Negros de Habla Inglesa (a través del Comité Herencia Afrodescendiente), la Cámara de Comercio e Industrias de Islas de la Bahía y los gobiernos locales, estableciendo compromisos para la revisión activa y propositiva del componente normativo del plan.
81. 81.Que en fechas 14 al 18 de julio de 2025, se desarrolló la Mesa Técnica de Revisión y Seguimiento en la Municipalidad de Roatán, con participación de representantes institucionales, gobiernos locales, comunidades, comanejadores y sectores productivos, culminando con la suscripción de un Acta de Conformidad de la Mesa Técnica de Revisión y Seguimiento del documento denominado Plan de Manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía 2023-2034, mediante la cual las partes acuerdan aprobar un nuevo componente normativo del Plan de Manejo del Parque Nacional Marino Islas de la Bahía para el período 2025–2034.
82. 82.Que en fechas 22 y 24 de julio de 2025, los actores firmantes formalizaron ante la Sala de lo Constitucional y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el desistimiento de las acciones legales interpuestas contra el ICF y su Acuerdo Institucional.
83. 83.Que la Constitución de la República en su artículo 340 declara de necesidad y utilidad pública el aprovechamiento técnico y racional de los recursos naturales de la nación, declarando de conveniencia nacional e interés público la conservación, restauración y aprovechamiento racional sostenible de los bosques.
84. 84.Que el Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026, se enmarca en la implementación de acciones orientadas en la Agenda Nacional 2030 vinculada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y la Construcción de un Estado Socialista Democrático y que se promueve e implementa a través del ICF, el cual se basa en los siguientes fundamentos: construcción del Estado Socialista Democrático, el ser humano como fin supremo de la sociedad y el Estado, la protección de los derechos del soberano y la naturaleza, la democracia participativa como pilar central del gobierno y la lucha contra la corrupción y el abuso del poder.
85. 85.Que en el Sector Ambiente del Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026 se orientan acciones dirigidas a la Protección de los bienes comunes, e integra el Sub-Sector Manejo Forestal y de Sistemas Agroforestales, orientado a: Asegurar la protección de los bienes comunes naturales para la disponibilidad de su aprovechamiento y manejo sostenible, entre estos: servicios ecosistémicos, el recurso hídrico para consumo humano, producción, generación hidroeléctrica, riego y demás usos. Dicho Sub-Sector, tiene como objetivo específico: el manejo de los bienes forestales mediante el Sistema Social Forestal y la Forestería Comunitaria, generando empleo digno y permanente en zonas rurales, incentivando la producción, protección y conservación del bosque y demás bienes y servicios ecosistémicos.
86. 86.Que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo N°98-2007) y su Reglamento (Acuerdo N°31-2010), establece el régimen legal a que se sujeta la administración y manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país.
87. 87.Que es potestad del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), administrar y regular los aprovechamientos y demás actividades forestales y afines que se desarrollen en áreas forestales públicas para garantizar su manejo racional y sostenible, de igual forma le corresponde regular y controlar el recurso forestal privado, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental.
88. 88.Que la Ley Forestal tiene como principio básico la regularización, el respeto y la seguridad jurídica de la inversión de la propiedad forestal estatal y la propiedad privada forestal, garantizando la posesión de los grupos campesinos, comunidades, grupos étnicos y determinando sus derechos y -- 109 of 188 -- sus obligaciones relacionadas con la protección y el manejo sostenible de los recursos forestales, así como promover el Co-manejo como mecanismo básico para incorporar la participación de la sociedad civil en la gestión de las áreas protegidas y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
89. 89.Que el ICF en cumplimiento de sus facultades y responsabilidades y basados en los principios de la Ley Forestal, suscribe Contratos de Manejo Forestal Comunitario (CMFC) con las Organizaciones Comunitaria, integrada por las Comunidades y la Organización Agroforestal, las cuales forman parte del Sistema Social Forestal (SSF) y representan los derechos e intereses de los pobladores de las comunidades que viven dentro o alrededor del bosque nacional y que a efecto, de generar beneficios formulan e implementan el respectivo Plan de Manejo Forestal (PM) y Plan Operativo Anual (POA).
90. 90.Que el ICF en uso de sus facultades emitió el Acuerdo N°009-2011, en fecha 15 de marzo del 2011, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 6 de septiembre del año 2011, mediante el cual se aprobó el “MANUAL DE NORMAS TÉCNICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROCESO DE ASIGNACIÓN DE ÁREAS FORESTALES CON FINES DE APLICACIÓN DE LA FORESTERÍA C O M U N I T A R I A E N B O S Q U E S P Ú B L I C O S HONDUREÑOS”, estableciéndose en este los “Mecanismos de transparencia en los procesos de comercialización de productos forestales”.
91. 91.Que tanto la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, su Reglamento, y el Acuerdo N°009-2011, fundamentan y definen el procedimiento de suscripción del Contrato de Manejo Forestal Comunitario, en el cual se describe el cumplimiento de las “Obligaciones y derechos de la Organización Comunitaria y del ICF”.
92. 92.Que el ICF emitió el Acuerdo N°026A-2013, aprobado en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil trece, mediante el cual se aprobó la “ESTRATEGIA NACIONAL DE LA FORESTERÍA COMUNITARIA (ENFC)”, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha uno (1) de noviembre del año dos mil trece.
93. 93.Que el ICF, a solicitud de los principales actores del Sistema Social Forestal, inició el proceso de la regulación de la comercialización de la madera del bosque nacional asignado mediante CMFC, proceso que a la fecha actual requiere ser ajustado para incluir mejoras orientada a obtener resultados de su implementación, mucho más transparentes para la sociedad hondureña.
94. 94.Que, de conformidad con la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, el Director Ejecutivo del ICF tiene la atribución de aprobar los Reglamentos Internos, Manuales e Instructivos para realizar la gestión del Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y cualquier determinado procedimiento, que requiera la respectiva autorización en beneficio de las organizaciones comunitarias que forman parte del Sistema Social Forestal.
95. 95.Que la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo No. 98-2007) y su Reglamento (Acuerdo No. 31-2010), establecen el régimen legal a que se sujeta la administración y manejo de los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, incluyendo su protección, restauración, aprovechamiento, conservación y fomento, propiciando el desarrollo sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país.
96. 96.Que es potestad del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), administrar y regular los aprovechamientos y demás actividades forestales y afines que se desarrollen en áreas forestales públicas para garantizar su manejo racional y sostenible, de igual forma le corresponde regular y controlar el recurso forestal privado, con el fin de garantizar la sostenibilidad ambiental.
97. 97.Que del cien por ciento (100%) del ingreso de la utilidad neta obtenida por la venta del producto forestal, la Organización Comunitaria y el Instituto de Conservación Forestal (ICF), a través del Comité de Comercialización, realizarán la siguiente distribución: a) 25% para obras de inversión comunitaria. b) 25% para el fortalecimiento del Sistema Social Forestal del ICF. c) 30% para proyectos productivos de los miembros de la Organización Comunitaria. d) 20% para la Organización Agroforestal. Que el 25% correspondiente a las utilidades generadas en bosque nacional por el aprovechamiento de la madera será administrado directamente por el ICF.
98. 98.Que el ICF no acepta, ni reconoce ni se compromete y desconoce cualquier negociación que las Organizaciones Agroforestales realicen con terceros sobre el recurso forestal, sin seguir los procedimientos técnicos, legales y administrativos establecidos y autorizados por el ICF, eximiendo al ICF de cualquier responsabilidad pasada, presente y futura por reclamos de terceros sobre el recurso forestal basados en contratos, compra ventas, negociaciones o cualquier tipo de enajenación. Para la subsanación de los daños económicos que se ocasionen por estas negociaciones, dicho monto será deducido del 20% de utilidades que le corresponden a la Organización Agroforestal, sin afectar los montos destinados a proyectos productivos, sociales o al fondo del ICF, esto con el objetivo de dar continuidad a la implementación del plan de manejo.
99. 99.Que, la Constitución de la República de Honduras, en su artículo 340 declara que los recursos naturales de la Nación son de utilidad pública y corresponde al Estado reglamentar su uso sostenible, de acuerdo con el interés social, económico, ambiental y cultural del país.
100. 100.Que, el artículo 2 de la Constitución de la República establece que “la Soberanía corresponde al Pueblo, del cual emanan todos los Poderes del Estado que se ejercen por representación”; en virtud de esta soberanía popular, las comunidades asentadas en “El Merendón” son reconocidas como legítimas titulares y garantes de la gestión sostenible de sus recursos naturales, debiendo su participación ser entendida como expresión directa del mandato constitucional.
101. 101.Que, el Estado hondureño es signatario de Convenios Internacionales donde asume compromisos relativos a la conservación, protección y restauración de la biodiversidad.
102. 102.Que, en el artículo 109 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Decreto Legislativo 98-2007), establece que es facultad del Estado de Honduras a través del Congreso Nacional de la República y la asistencia del ICF, la declaratoria de área protegidas y vida silvestre dentro del territorio de la República de Honduras.
103. 103.Que, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre aprobada mediante Decreto Legislativo 98- 2007, en su artículo 111 concede al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), las facultades de Manejo y Administración de Áreas Protegidas y Vida Silvestre del País.
104. 104.Que, es obligación del Instituto de Conservación Forestal (ICF) velar por la conservación, protección y preservación de la flora y fauna existente en el país, principalmente todas las especies que se encuentran amenazadas o en peligro de extinción.
105. 105.Que, la Zona de Reserva “El Merendón” fue declarada área protegida mediante el Decreto Legislativo No. 46-90, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 12 de julio de 1990, en la edición No. 26,184. Dicha declaratoria tuvo como propósito detener la explotación irracional de los recursos naturales, la cual representaba una amenaza para las fuentes de agua que abastecen a la ciudad de San Pedro Sula.
106. 106.Que, mediante Decreto Legislativo No.334-2013, publicado en la edición No. 33,336, en fecha -- 134 of 188 -- 23 de enero de 2014, los límites del área fueron redefinidos excluyendo principalmente cinco sectores, estos corresponden a: 1) Desde el Cerro Will hasta la intersección de la cota 200 con el Río Armenta; 2) Desde la intersección de la cota 20 con el Río Santa Ana hasta la Puerta; 3) Las colonias Lempira II y III; 4) La colonia La Fortaleza; y, 5) Desde Casa Quemada hasta la Intersección con el Río Naco. Durante este proceso de redefinición se excluyeron un total de 2,583.72 hectáreas.
107. 107.Que, a través del Decreto No. 58-2024, se establece la derogación en todas y cada una de sus partes el Decreto Legislativo No. 334-2013, y se ordena al Instituto de Conservación Forestal (ICF) redefinir los límites de la Zona de Reserva “El Merendón” priorizando su ampliación, especialmente en el sector del Cerro Will.
108. 108.Que, en el Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (Acuerdo Ejecutivo No. 031-2010) en el artículo No. 335 establece que el procedimiento a seguir para la redelimitación y recategorización de las áreas protegidas; es el mismo que se realiza para la declaratoria de áreas protegidas, por lo tanto, se debe de seguir como base los lineamientos establecidos en el artículo 326 al 339 de la misma normativa.
109. 109.Que, en el artículo 324 del Reglamento de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, establece las categorías de manejo de las áreas protegidas, estas corresponden a: 1) Monumento Natural, 2) Parque Nacional, 3) Refugio de Vida Silvestre, 4) Reserva Antropológica; y, 5) Reserva Biológica, por lo tanto, durante este proceso además de redefinir sus límites, se propone una nueva categoría.
110. 110.Que la zona del Merendón, por su ubicación estratégica, riqueza natural, diversidad biológica, riqueza cultural y diversidad de agroecosistemas, presenta un alto potencial para el desarrollo de actividades compatibles con la conservación, tales como el turismo sostenible, agroforestería, educación ambiental, investigación científica, restauración ecológica y otras iniciativas de uso racional de los recursos naturales, que contribuyen al bienestar de las comunidades locales, seguridad hídrica para la ciudad de San Pedro Sula y a la protección de los ecosistemas presentes en el área protegida. CONSIDERANDO: Es indispensable reconocer a las comunidades locales como aliadas y protagonistas en la defensa, promoción, conservación y protección del Parque Nacional “El Merendón”; valorando su compromiso histórico y cotidiano en el resguardo de sus territorios, lo cual fortalece la gobernanza ambiental y contribuye a la sostenibilidad del área protegida.
111. 111.Que, durante décadas, las comunidades asentadas en la zona de reserva han llevado a cabo de manera histórica y continuada labores de construcción, ampliación y mejora de viviendas, adecuación de vías de acceso y cultivo de parcelas para su subsistencia; prácticas que, lejos de representar un perjuicio irreparable para los objetivos de conservación, responden al ejercicio del derecho -- 135 of 188 -- constitucional a una vivienda digna y al acceso a los recursos naturales para el sustento familiar.
112. 112.Que la comunidad de El Boquerón se abastece de agua de la microcuenca La Vereda, por lo que necesita protegerse y conservarse a perpetuidad.
113. 113.Que, según la Ley de Municipalidades, Decreto No 134-90, artículo 14, uno de los objetivos de las Municipalidades es el de “Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente”.
114. 114.Que según la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, capítulo IV artículo 124, se declaran como Zonas de Protección Las Microcuencas que abastecen o podrían abastecer de agua a poblaciones y capítulo II artículo 64, la declaración de un área forestal como área protegida no prejuzga ninguna condición de dominio o posesión, pero sujeta a quienes tienen derechos de propiedad con dominio pleno, posesión, uso o usufructo a las restricciones, limitaciones y obligaciones que fueren necesarias para alcanzar los fines de utilidad pública que motivan su declaración.
115. 115.Que la comunidad de La Laguna #3 se abastece de agua de la microcuenca El Liquidambal, por lo que necesita protegerse y conservarse a perpetuidad.
116. 116.Que, según la Ley de Municipalidades, Decreto No. 134-90, artículo 14, uno de los objetivos de las Municipalidades es el de “Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente”.
117. 117.Que según la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, capítulo IV artículo 124, se declaran como Zonas de Protección las Microcuencas que abastecen o podrían abastecer de agua a poblaciones y capítulo II artículo 64, la declaración de un área forestal como área protegida no prejuzga ninguna condición de dominio o posesión, pero sujeta a quienes tienen derechos de propiedad con dominio pleno, posesión, uso o usufructo a las restricciones, limitaciones y obligaciones que fueren necesarias para alcanzar los fines de utilidad pública que motivan su declaración.
118. 118.Que las comunidades de San Antonio de La Cuchilla y El Socorro de La Peñita se abastecen de agua de la microcuenca La Garrufia, por lo que necesita protegerse y conservarse a perpetuidad.
119. 119.Que, según la Ley de Municipalidades, Decreto No. 134-90, artículo 14, uno de los objetivos de las Municipalidades es el de “Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente”.
120. 120.Que según la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, capítulo IV artículo 124, se declaran como Zonas de Protección las Microcuencas que abastecen o podrían abastecer de agua a poblaciones y capítulo II artículo 64, la declaración de un área forestal como área protegida no prejuzga ninguna condición de dominio o posesión, pero sujeta a quienes tienen derechos de propiedad con dominio pleno, posesión, uso o usufructo a las restricciones, limitaciones y obligaciones que fueren necesarias para alcanzar los fines de utilidad pública que motivan su declaración.

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