Decreto Legislativo No. 133.96 Reformas a Ley de Municipalidades publicada en Diario Oficial La Gaceta No. 28109

Esta ley de 1911, reformada varias veces, establece cómo recaudan y usan sus ingresos las instituciones públicas hondureñas. Permite que cada entidad estatal (ministerios, agencias, institutos) guarde entre el 20% y 100% de lo que cobra por servicios, licencias, multas y tasas, para financiar su funcionamiento. Busca que las instituciones sean más independientes y eficientes al reinvertir sus propios ingresos.

Este decreto aprueba el presupuesto general de Honduras para 2026 por L444,335,810,947, reducido 5.3% para mejorar eficiencia. Prioriza educación, salud e infraestructura; asigna L6,817.9 millones en subsidios a combustibles y energía, e invierte L48,229.6 millones en proyectos productivos. Afecta a todas las instituciones públicas y ciudadanos que dependen de servicios estatales.

Este decreto aprueba el presupuesto de Honduras para 2022, autorizando ingresos por L.308,233 millones y gastos por la misma cantidad distribuidos entre todas las instituciones públicas. Afecta a todos los ciudadanos y servicios del Estado, ya que financia salud, educación, seguridad, infraestructura y otros programas que dependen de estos recursos.