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Considerandos

1. 1.Que de conformidad al Artículo 235 de la Constitución de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo, el Presidente de la República.
2. 2.Que de conformidad con el Artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones, actuar por sí o en Consejo de Secretarios de Estado.
3. 3.Que la República de Honduras es miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y, en consecuencia, adquiere la responsabilidad del cumplimiento y aplicación de sus Acuerdos, entre ellos el Acuerdo Sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (Acuerdo MSF de la OMC), instrumento que establece las directrices para que sus países miembros establezcan sus medidas sanitarias de forma transparente y con la sustentación técnica y científica necesaria, de manera que las mismas no se conviertan en obstáculos innecesarios al comercio.
4. 4.Que corresponde a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), establecer las acciones de emergencia necesarias para la prevención, control o erradicación de enfermedades que amenacen el patrimonio agropecuario del país, conforme lo dicta la legislación nacional. -- 1 of 92 -- ABG. JUAN MANUEL GALVEZ ORDONEZ DIOSSANA GUADALUPE FLORES LEIVA Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ´ ͂
5. 5.Que la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves silvestres es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a aves silvestres y domésticas, con potencial zoonótico, lo cual justifica su consideración como una amenaza para la economía, la salud animal y la salud pública.
6. 6.Que la Dirección Técnica de Salud Animal del SENASA ha confirmado la presencia de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad Tipo A, Subtipo H5 en aves silvestres (Zopilote negro – Coragyps atratus) en las siguientes localidades: a) El Higuito, Talgua, Lempira (Lat. 14.716115, Long. -88.783775), confirmado el día 5 de junio del año 2026; b) El Tiste, San Antonio, Copán (Lat. 15.015601, Long. -88.860307), confirmado el día 13 de junio del año 2026; y, c) Taulabé, Comayagua (Lat. 14.696749, Long. -87.989670), confirmado el día 13 de junio del año 2026, a través de diagnósticos realizados por el SENASA y ratificado por un laboratorio de referencia internacional y, consecuentemente y, estos eventos de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad se encuentran circunscritos a poblaciones de aves silvestres por lo que a la fecha no se ha registrado afectación al volumen de producción avícola nacional o al abastecimiento de productos avícolas, ni a la continuidad de las actividades productivas del sector.
7. 7.Que la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) ha sido reportada, a su vez, en diversos países a nivel mundial y regional, constituyendo una amenaza para el patrimonio avícola nacional debido a las graves repercusiones sanitarias y económicas que su introducción podría ocasionar, al afectar la salud, productividad y sostenibilidad de las poblaciones aviares. Asimismo, dada su alta capacidad de transmisión entre aves domésticas y silvestres, existe un elevado riesgo de rápida diseminación de la enfermedad. Considerando además su potencial impacto en la salud pública por su carácter zoonótico, resulta indispensable la implementación de un enfoque integral e interinstitucional, basado en la coordinación de equipos multidisciplinarios para la prevención, vigilancia, control y respuesta oportuna ante los presentes y eventuales brotes.
8. 8.Que el Programa Avícola Nacional (PAN) adscrito al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) estratégicamente desarrollará acciones de prevención, control y erradicación de las enfermedades aviares implementando diversas actividades como el monitoreo en granjas, aves de traspatio, ornato, de combate y otros a nivel nacional, sistema de vigilancia epidemiológica, infraestructura y servicio de diagnóstico, plan de capacitación, promoción y educación sanitaria, verificación del estado sanitario de las granjas y comunidades, erradicación de brotes o focos de enfermedades, vacunación, establecimiento de cuarentenas, sacrificio sanitario y despoblación, limpieza, desinfección y centinelización en el área focal. -- 2 of 92 --
9. 9.Que la Dirección Técnica de Salud Animal, a través del Programa Avícola Nacional (PAN) podrá, a su vez, aplicar medidas cuarentenarias en las granjas o parvadas de avicultura de traspatio, así como medidas para el control de movilización, al aparecimiento de un brote o foco de enfermedad aviar cuando lo considere pertinente, pudiendo, el personal designado para la ejecución, realizar los decomisos, eliminación y destrucción de los productos y subproductos de origen avícola que representen un alto riesgo para la avicultura nacional.
10. 10.Que, en atención a lo expuesto en los considerandos anteriores y dada la alta capacidad de diseminación de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad, la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) manifiestan la necesidad de establecer una declaratoria de emergencia sanitaria por riesgo de diseminación del virus de la Influenza Aviar a las aves domésticas y, la activación del Plan Nacional para la Prevención, Detección Temprana, Control y Erradicación de Influenza Aviar.
11. 11.Que de conformidad al Artículo 235 de la Constitución de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo, el Presidente de la República.
12. 12.Que de conformidad a los Numerales 2 y 11 del Artículo 245 de la Constitución de la República, son Atribuciones del Presidente de la República, la administración general del Estado, dirigir la política general del Estado y representarlo, emitir Acuerdos y Decretos y expedir reglamentos y resoluciones conforme la Ley, respectivamente.
13. 13.Que de conformidad con el Artículo 11 de la Ley General de Administración Pública, el Presidente de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones, actuar por sí o en Consejo de Secretarios de Estado.
14. 14.Que el Artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública establece que los actos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones y Providencias y, el Artículo 117 del mismo cuerpo legal, establece que se emitirán por Decreto los actos que de conformidad con la Ley sean privativos del Presidente de la República o deban ser dictados en Consejo de Secretarios de Estado.
15. 15.Que mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-004-2026 de fecha 24 de febrero de 2026 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 25 de febrero de 2026, se impulsó un proceso de reestructuración y modernización de la Administración Pública, orientado a reorganizar competencias institucionales, redistribuir funciones entre las entidades del Estado y optimizar la gestión de los recursos públicos; facultándose además a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para realizar las acciones administrativas y legales necesarias derivadas de dicho proceso.
16. 16.Que el Consejo Directivo de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), mediante vigencia de los Decretos Legislativos No.82-2012 y 30-2020, se redujo la integración de sus miembros de siete (7) a cinco (5) miembros, sin que se realizara la correspondiente adecuación del quorum establecido en el Artículo 21 de su Ley Orgánica.
17. 17.Que la exigencia actual de un quorum del ochenta por ciento (80%) resulta desproporcionada e irrazonable tras la reducción del número de miembros del Consejo Directivo, lo que provoca inoperancia institucional, obstaculiza la adopción oportuna de decisiones y contraviene los principios de eficiencia, celeridad y buena gestión administrativa consagrados en la Ley General de la Administración Pública.
18. 18.Que es necesario reformar al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Empresa Nacional Portuaria (ENP) para armonizar dicha disposición con el Artículo 110 de la Ley General de la Administración Pública, estableciendo un quórum y mecanismos de decisión que garanticen la seguridad jurídica, la validez de los actos administrativos y la continuidad operativa del órgano colegiado, blindando de esta manera la eficacia y legitimidad de los contratos, resoluciones y decisiones emanadas del Consejo Directivo y evitando vicios de nulidad por cuestiones formales de integración. -- 11 of 92 --
19. 19.Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
20. 20.Que la Constitución de la República de Honduras establece como deber del Estado proteger los recursos naturales y garantizar un ambiente sano.
21. 21.Que el cambio climático constituye una amenaza real para la seguridad alimentaria, los recursos hídricos y la biodiversidad del país.
22. 22.Que el ciudadano CESAR QUINTANILLA ha trascendido su rol como Abogado, Mercadólogo y Comunicador, para convertirse en un estratega de la diplomacia climática, representando a Honduras con distinción ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización de Estados Americanos (OEA), Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Junior Chamber International (JCI), Asamblea de Nueva York y liderando la formación de líderes globales bajo la tutela del Exvicepresidente de Estados Unidos de América y Premio Nobel de la Paz Albert Al Gore.
23. 23.Que su aporte académico es inédito, al ser el autor de la currícula educativa que introduce por primera vez en Honduras conceptos de Economía Circular, Valorización de Residuos y Servicios Ecosistémicos (Bonos de Carbono). Estos materiales no solo educan, sino que dotan a la juventud hondureña de herramientas reales para la autonomía y el emprendimiento verde.
24. 24.Que la labor del ciudadano CESAR QUINTANILLA ha permitido que Honduras exporte propiedad intelectual de alto valor, posicionando al país como un referente en pedagogía ambiental y asegurando que las futuras generaciones no solo sobrevivan al cambio climático, sino que prosperen a través de el.
25. 25.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
26. 26.Que mediante Decreto Legislativo No.120-93, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” No. 27,138 de fecha 2 de Septiembre del año 1993, contentiva a la Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras, que mediante su Artículo 1, crea esta Empresa del Estado de Honduras, como “una institución pública con personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia funcional y administrativa, de duración indefinida”.
27. 27.Que el servicio postal constituye un servicio público esencial que contribuye a la integración territorial, al desarrollo económico y a la comunicación entre los ciudadanos, siendo responsabilidad del Estado garantizar su funcionamiento en todo el territorio nacional.
28. 28.Que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) es la institución estatal encargada de la prestación del servicio postal universal y forma parte de la estructura de servicios públicos estratégicos del Estado hondureño.
29. 29.Que es obligación del Estado garantizar el derecho a toda forma de comunicación, siendo el correo -- 14 of 92 -- un instrumento fundamental en el ejercicio de este derecho, a través de la prestación de servicios básicos que contribuyen al desarrollo económico y social de nuestros pueblos y que deben ser prestados a toda comunidad con alto grado de calidad.
30. 30.Que debido a la naturaleza pública y social de sus operaciones, la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) ha operado históricamente bajo condiciones financieras limitadas y con obligaciones de cobertura nacional que no responden a criterios estrictamente comerciales.
31. 31.Que existe una determinación de obligaciones tributarias relacionadas con el Impuesto Sobre la Venta y otros impuestos contra la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), las cuales representan una carga financiera significativa que podría afectar la sostenibilidad institucional y la continuidad del servicio postal nacional.
32. 32.Que el Estado de Honduras mantiene compromisos internacionales en materia postal, por lo que resulta necesario garantizar la estabilidad y funcionamiento del operador postal público nacional.
33. 33.Que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), cumple una función básica de comunicación en favor de la población hondureña, generando los procesos postales que por su condición de operador designado le representa fuertes costos de operación necesarios para mantener su actividad operativa y administrativa, por lo que requiere del apoyo estatal, para el otorgamiento de exenciones y condonaciones fiscales que conlleven un valioso alivio fiscal y financiero.
34. 34.Que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) cambió su esquema jurídico, pasando de Dirección General de Correos dependiente del Estado a Empresa del Sector Descentralizado, sin sanear sus finanzas y arrastrando el pasivo laboral cargado de múltiples deudas históricamente acumuladas que evitan su autosostenibilidad y crecimiento empresarial.
35. 35.Que el presente Gobierno, tiene como políticas de Estado el fortalecimiento a las instituciones gubernamentales en las cuales se encuentra la EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR), por lo que se le está brindando todo el apoyo necesario para llevarla a una reingeniería total, que permita la autosostenibilidad operativa.
36. 36.Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
37. 37.Que la Constitución de la República de Honduras reconoce a la persona humana como el fin supremo de la sociedad y del Estado, estableciendo como deber fundamental de este garantizar la protección de la dignidad humana, el derecho a la salud, así como promover el reconocimiento y fortalecimiento de las profesiones y actividades técnicas vinculadas al bienestar integral de la población hondureña.
38. 38.Que los Técnicos en Radiología Médica constituyen un recurso humano especializado e indispensable dentro del sistema nacional de salud, desempeñando funciones científicas y técnicas esenciales en los procesos de prevención, diagnóstico, control y tratamiento oportuno de enfermedades mediante la utilización de tecnologías de imagen y procedimientos radiológicos.
39. 39.Que la naturaleza de las funciones desarrolladas por los Técnicos en Radiología Médica implica una exposición permanente a riesgos ocupacionales derivados del uso de radiaciones ionizantes y demás agentes asociados a su actividad profesional, circunstancia que justifica el reconocimiento institucional y social de su labor en favor de la salud pública.
40. 40.Que el día 8 de Noviembre de cada año se conmemora internacionalmente el descubrimiento de los rayos X realizado en el año 1895 por el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen, acontecimiento científico que marcó un hito trascendental en el desarrollo de la medicina moderna y en el avance de las ciencias diagnósticas a nivel mundial.
41. 41.Que la Asociación de Técnicos en Radiología Médica de Honduras desarrolla una importante labor gremial, académica y científica orientada a la formación, capacitación, actualización profesional y fortalecimiento técnico de sus agremiados, contribuyendo de manera permanente al mejoramiento de la calidad de los servicios de salud en el país.
42. 42.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
43. 43.Que el sistema de justicia penal enfrenta una significativa saturación de procesos penales derivados del delito de tenencia o portación ilegal de armas de fuego de uso permitido, previsto en el Artículo 580 del Código Penal, contenido en el Decreto No.130-2017, lo cual genera saturación en los tribunales, dilación en la administración de justicia y un consumo excesivo de recursos fiscales, policiales y judiciales que podrían destinarse con mayor eficiencia a la persecución de delitos de mayor gravedad y peligro social.
44. 44.Que en la mayoría de los casos de portación ilegal de armas comerciales o de uso permitido se trata de conductas predominantemente formales, cometidas por personas primarias sin antecedentes penales, sin concurrencia de violencia ni de circunstancias agravantes, y sin intención de cometer otros delitos, por lo que resulta desproporcionado y contrario a los principios de celeridad, economía procesal y justicia restaurativa obligar a tramitar dichos casos hasta etapas avanzadas del proceso penal, en lugar de habilitar mecanismos alternativos para los casos de menor impacto y establecer una respuesta punitiva proporcional.
45. 45.Que para atender esta problemática se requirió opinión técnica a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la reforma al Artículo 580 del Código Penal; sin embargo, mediante la Opinión recibida en el Honorable Congreso Nacional el 20 de Mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recomendó, además como solución adecuada y de mayor impacto sistémico, también reformar el Artículo 45 del Código Procesal Penal para incorporar expresamente la procedencia de mecanismos procesales alternativos para los casos de menor impacto en los delitos que admitan la suspensión condicional de la persecución penal.
46. 46.Que la reforma coordinada de ambos artículos permite atender la problemática desde una doble perspectiva: por un lado, facilitar la resolución alternativa de conflictos para los que admitan la suspensión condicional de la persecución penal de conformidad con el Artículo 36 del Código Procesal Penal; y por otro, establecer penas más proporcionales para la tenencia o portación de armas de uso permitido, manteniendo la severidad frente a las armas prohibidas o de guerra.
47. 47.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
48. 48.Que la Constitución de la República de Honduras y la Ley de Municipalidades reconocen a las Municipalidades autonomía administrativa y facultades para promover el bienestar social, la salud y el desarrollo integral de sus habitantes.
49. 49.Que es obligación de la Municipalidad de Yauyupe, Departamento de El Paraíso garantizar y fortalecer los servicios públicos esenciales en beneficio de la población, especialmente aquellos relacionados con la atención médica y el traslado de pacientes en situaciones de emergencia.
50. 50.Que el Municipio de Yauyupe, Departamento de El Paraíso presenta limitaciones geográficas y de acceso a servicios de salud, lo cual hace indispensable contar con una Ambulancia equipada que permita atender oportunamente las emergencias médicas de la población.
51. 51.Que mediante proforma emitida por la Empresa CORPORACIÓN FLORES, S.A., se acredita la intención de adquirir un Vehículo MARCA: TOYOTA, AÑO: 2026, TIPO: LAND CRUISER Ambulancia Equipada 4X4 mecánica, MODELO: HZJ78L-RJMRS, COLOR: BLANCO, MOTOR: 1HZ 1136157, VIN: JTERB71J90F040152, con un valor de US$ 53,600.00.
52. 52.Que el referido vehículo será destinado exclusivamente al servicio público municipal, atención de emergencias médicas, traslado de pacientes y actividades de asistencia humanitaria en beneficio de los habitantes del Municipio.
53. 53.Que resulta procedente gestionar ante las autoridades competentes la exoneración del pago de impuestos, derechos arancelarios, tasas aduaneras, Impuesto Sobre Ventas y demás gravámenes aplicables a la importación y adquisición del referido vehículo, a fin de optimizar el uso de los recursos municipales y garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos.
54. 54.Que debido a la naturaleza especializada del vehículo tipo ambulancia y a la necesidad urgente de fortalecer la capacidad de respuesta en materia de atención médica y emergencias, resulta de interés público autorizar a la Municipalidad de Yauyupe, Departamento de El Paraíso la adquisición directa del referido vehículo, garantizando condiciones de eficiencia administrativa, oportunidad y continuidad en la prestación de los servicios públicos de salud y asistencia humanitaria.
55. 55.Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
56. 56.Que la violencia contra las mujeres y el femicidio constituyen uno de los problemas más graves, persistentes y alarmantes en la sociedad hondureña, representando la expresión más extrema de la desigualdad de género y de las relaciones históricas de poder entre hombres y mujeres. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de El Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS) - Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el año 2024 se registraron doscientos cuarenta (240) muertes violentas de mujeres, equivalente a una (1) muerte cada treinta y seis (36) horas y media, con una tasa de cuatro punto siete (4.7) por cada cien mil (100) mujeres. De estos casos, el setenta punto cuatro por ciento (70.4%) fueron feminicidios, cometidos mayoritariamente con arma de fuego sesenta y cinco por ciento (65%), en vía pública y con ensañamiento en el cuarenta y seis punto tres por ciento (46.3%) de los hechos. Asimismo, entre Enero y Octubre de 2025 se registraron doscientos veinticinco (225) muertes violentas de mujeres, proyectándose una tasa de cinco punto cero (5.0) al cierre del año.
57. 57.Que los feminicidios íntimos (perpetrados por parejas o exparejas) representaron el veintitrés punto uno por ciento (23.1%) de los casos en 2024, mientras que los vinculados a delincuencia organizada alcanzaron el treinta y seis punto uno por ciento (36.1%). Además, la violencia sexual también muestra un incremento preocupante, registrándose mil ochocientos treinta y cinco (1,835) evaluaciones por delitos sexuales en 2024, con un setenta y siete punto siete por ciento (77.7%) de víctimas niñas y adolescentes. Estos datos evidencian la magnitud y la urgencia de abordar este flagelo que atenta contra la vida, la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres hondureñas.
58. 58.Que ante esta realidad, el incremento de las penas para el delito de femicidio constituye una medida necesaria y proporcional que actúa como disuasivo tanto para la prevención general como especial del delito, enviando un mensaje claro de tolerancia cero frente a la violencia de género. Esta reforma permite al Estado hondureño cumplir con sus obligaciones constitucionales y convencionales derivadas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de Belém do Pará y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH), garantizando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante una respuesta integral que combine el endurecimiento penal con políticas públicas de prevención, protección y atención a las víctimas.
59. 59.Que el Congreso Nacional de la República es la máxima expresión de la voluntad popular y el órgano constitucional encargado de legislar en nombre del pueblo hondureño, teniendo la obligación primordial, en el marco del contrato social descrito por Cesare Beccaria, de garantizar la seguridad y la tranquilidad pública frente a la grave amenaza que representa el delito de femicidio, como la forma más extrema de violencia machista, que genera miedo colectivo entre las mujeres, perpetúa patrones de dominación y desigualdad de género, destruye el tejido social, afecta gravemente la economía y atenta contra la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres hondureñas. -- 23 of 92 --
60. 60.Que cumpliendo con el mandato constitucional previsto en el Artículo 219 de la Constitución de la República, este Congreso Nacional solicitó la Opinión Jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto al Proyecto de Decreto, recibiéndose mediante Oficio PCSJ No.0302-2026 de fecha 29 de Mayo de 2026, en la cual el Pleno de Magistrados se pronunció sobre el proyecto de reforma haciendo sus observaciones orientadas al tipo penal y al órganos jurisdiccionales especializados para el juzgamiento de estos graves delitos.
61. 61.Que el delito de femicidio, como la forma más extrema de violencia de género, constituye una de las más graves amenazas contra la integridad, la dignidad y la vida de las mujeres en Honduras, generando miedo colectivo entre la población femenina, perpetuando patrones de dominación, control y desigualdad, causando graves afectaciones al tejido social, la economía y el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres hondureñas.
62. 62.Que con estas herramientas normativas actualizadas, el Estado de Honduras reafirma su compromiso constitucional de garantizar la seguridad, la igualdad de género, la paz pública y el orden social, cumpliendo con el fin primordial del contrato social: Proteger especialmente a las mujeres contra la violencia machista para que puedan ejercer libremente sus derechos, vivir sin temor y contribuir plenamente al desarrollo integral de la nación, libre del flagelo del femicidio y la violencia de género.
63. 63.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
64. 64.Que la Constitución de la República reconoce como deber del Estado promover, estimular y exaltar los méritos de aquellos ciudadanos hondureños que, mediante sus acciones, disciplina, talento y representación digna de la Nación, contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional y al prestigio internacional de Honduras.
65. 65.Que el deporte constituye un instrumento de interés público para la formación integral de la persona humana, la promoción de valores cívicos y sociales, así como un medio de integración y representación internacional de los pueblos, principios reconocidos por la Carta Internacional de la Educación Física, la Actividad Física y el Deporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ratificada y promovida por el Estado de Honduras.
66. 66.Que el ciudadano hondureño MAURICIO ANDRÉ DUBÓN DOBLADO, ha destacado de manera sobresaliente en el ámbito deportivo internacional, constituyéndose en un ejemplo de disciplina, perseverancia, excelencia y orgullo nacional, elevando el nombre de Honduras en competencias de alto nivel y proyectando una imagen positiva del país ante la comunidad internacional.
67. 67.Que el Estado de Honduras, a través de sus instituciones representativas, debe reconocer públicamente a aquellas personalidades cuyos méritos y trayectoria constituyan aportes relevantes al desarrollo moral, deportivo, cultural y social de la Nación, conforme a los principios contenidos en la legislación nacional sobre honores, distinciones y condecoraciones oficiales.
68. 68.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
69. 69.Que el Estado de Honduras es garante de compromisos internacionales y tiene la obligación de adoptar medidas legislativas y de otra índole para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conforme a lo establecido en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y demás instrumentos del bloque de convencionalidad, lo cual se materializa mediante la implementación de mecanismos más eficaces de monitoreo, seguimiento y protección de las víctimas.
70. 70.Que la violencia contra la mujer, particularmente la violencia doméstica e intrafamiliar, constituye un grave fenómeno social en Honduras, donde según encuestas nacionales más del 52% de las mujeres y niñas de 15 años o más han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, y donde se registran altos índices de femicidios y muertes violentas de mujeres, muchas de las cuales ocurren en el ámbito familiar, evidenciando una profunda desigualdad de poder y patrones culturales que perpetúan el ciclo de abuso y revictimización.
71. 71.Que este fenómeno social no solo afecta la integridad física, psicológica y emocional de las mujeres y sus hijos, sino que representa un obstáculo estructural para el desarrollo del país, generando altos costos económicos, sociales y en salud pública, así como una alarmante impunidad que debilita la confianza en las instituciones; por lo que resulta imperativo fortalecer el marco jurídico con mecanismos más efectivos de prevención, protección y sanción, tal como proponen las reformas analizadas, para avanzar hacia una sociedad con tolerancia cero a toda forma de violencia de género.
72. 72.Que estas reformas representan un avance significativo hacia un modelo proactivo y preventivo de la violencia de género, al combinar la disuasión específica, la prevención situacional y el uso de tecnologías de control judicial, permitiendo una mejor coordinación interinstitucional, la generación de datos confiables para políticas públicas y una protección integral y prolongada de las víctimas, especialmente mujeres e hijos, contribuyendo de esta manera a la prevención de la violencia doméstica. -- 30 of 92 --
73. 73.Que de conformidad con el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la República de Honduras, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
74. 74.Que la Constitución de la República de Honduras en su Artículo 59 establece que: “La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable”; principio constitucional que obliga al Estado a adoptar medidas orientadas a garantizar la protección integral, inclusión social y desarrollo humano de los sectores en condición de vulnerabilidad, especialmente de las personas con discapacidad. Asimismo, el Estado de Honduras es signatario de Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, entre ellos los Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad (1991), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (OEA, 2015), instrumentos que establecen el deber de los Estados de promover políticas públicas inclusivas y garantizar condiciones de igualdad, dignidad y acceso a servicios integrales para las personas en condición de vulnerabilidad.
75. 75.Que la Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad establece en su Artículo 57 que el Estado fomentará la creación de instituciones destinadas a la atención y protección de las personas con discapacidad, así como el apoyo a Instituciones Privadas sin fines de lucro que desarrollen programas y acciones orientadas a la educación, rehabilitación, inclusión social, atención terapéutica y desarrollo integral de este sector de la población. En consecuencia, corresponde al Estado impulsar mecanismos de cooperación y fortalecimiento institucional que permitan ampliar la cobertura y calidad de los servicios especializados brindados por organizaciones que contribuyen al bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad y sus familias.
76. 76.Que “INTEGRAR, FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN”, conocida como “FUNDACIÓN INTEGRAR”, fue constituida legalmente el 19 de agosto de 1999 como una organización privada sin fines de lucro, orientada a promover y ejecutar acciones encaminadas a garantizar la inclusión plena de las personas con Síndrome de Down en los ámbitos familiar, educativo, social, sanitario y laboral, procurando el ejercicio efectivo de sus derechos humanos y ciudadanos en condiciones de igualdad y dignidad. Asimismo, dicha Fundación ha desarrollado programas educativos, terapéuticos y de asistencia integral dirigidos a personas con Síndrome de Down y sus familias, constituyéndose en una institución de reconocido impacto social y humanitario en beneficio de la población hondureña.
77. 77.Que es deber del Estado promover políticas públicas y acciones afirmativas orientadas al fortalecimiento de instituciones que desarrollen programas de inclusión social, atención terapéutica, educación especializada y asistencia integral para personas con discapacidad, a fin de garantizar mejores condiciones de vida, accesibilidad, integración y desarrollo humano -- 36 of 92 -- En tal sentido, resulta de interés público fortalecer institucional y financieramente a “INTEGRAR, FUNDACIÓN SÍNDROME DE DOWN”, conocida como “FUNDACIÓN INTEGRAR” mediante la asignación de recursos destinados al sostenimiento de sus programas operativos, educativos y terapéuticos, contribuyendo con ello al cumplimiento de los fines sociales y constitucionales del Estado de Honduras.
78. 78.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
79. 79.Que de conformidad con el Artículo 205 de la Constitución de la República de Honduras, corresponde al Congreso Nacional la potestad de emitir, reformar, interpretar y derogar leyes, así como aprobar Decretos y disposiciones de carácter general orientadas al interés público y al desarrollo nacional.
80. 80.Que el Artículo 59 de la Constitución de la República de Honduras establece que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, siendo obligación ineludible de este garantizar las condiciones que permitan el desarrollo integral de la niñez, en especial de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad.
81. 81.Que los artículos 145 y 151 de la Constitución de la República de Honduras reconocen el derecho a la protección de la salud y la educación como funciones esenciales del Estado, orientadas a garantizar el bienestar, la inclusión y el desarrollo integral de la población, particularmente en el caso de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.
82. 82.Que es deber del Estado promover políticas públicas orientadas a la inclusión social y educativa de personas con discapacidad, garantizando el acceso a servicios especializados que contribuyan a su desarrollo cognitivo, emocional y social, en condiciones de igualdad y dignidad.
83. 83.Que el Centro de Atención a Niños con Necesidades Educativas Especiales (CNNEE) es una organización sin fines de lucro que brinda atención especializada a niños, niñas y jóvenes con trastornos del neurodesarrollo, discapacidad intelectual, dificultades de aprendizaje y otras condiciones que requieren intervención psicopedagógica y terapéutica especializada, beneficiando a comunidades con limitado acceso a este tipo de servicios.
84. 84.Que la implementación de espacios como aulas multisensoriales y terapias asistidas, incluyendo la equinoterapia, constituyen herramientas técnicas fundamentales para mejorar la autorregulación emocional, la capacidad de aprendizaje, la inclusión social y la calidad de vida de los beneficiarios, conforme a enfoques científicos de desarrollo neurológico e integración sensorial.
85. 85.Que de conformidad con la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) y su Reglamento, estas organizaciones son entidades privadas sin fines de lucro que pueden colaborar con el Estado en la ejecución de programas y proyectos de interés social, especialmente en áreas como educación, salud y desarrollo humano, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas.
86. 86.Que el Artículo 5 del Reglamento de la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) establece que dichas organizaciones pueden colaborar con el Estado en la implementación de políticas públicas mediante proyectos de impacto social, en coordinación con las instituciones competentes. -- 39 of 92 --
87. 87.Que los proyectos de creación de un Aula Multisensorial y el Techado de la pista de terapia asistida con caballos representan intervenciones concretas orientadas a mejorar la calidad de los servicios brindados por el Centro de Atención a Niños con Necesidades Educativas Especiales (CNNEE), fortaleciendo la atención integral de la niñez con discapacidad y ampliando la cobertura de beneficiarios en comunidades aledañas.
88. 88.Que corresponde al Congreso Nacional autorizar la asignación de recursos públicos para proyectos de alto impacto social, especialmente aquellos dirigidos a la niñez y a poblaciones en condición de vulnerabilidad, garantizando que dichos recursos sean utilizados de forma transparente y conforme a los fines establecidos.
89. 89.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República de Honduras, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
90. 90.Que mediante Decreto Ejecutivo PCM-031-2014, mediante el cual se crea EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, suprimiéndose la Dirección General de Migración y Extranjería. Y en fecha 27 de septiembre de 2014, mediante Decreto Ejecutivo PCM- 063-2014, se reforman los artículos 1, 4 y 5 del Decreto Ejecutivo PCM-031-2014, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta", en fecha 29 de septiembre de 2014, como ente desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización con personalidad jurídica propia, independencia administrativa, laboral, funcional financiera.
91. 91.Que el artículo 3 del Decreto Ejecutivo PCM-031-2014 de fecha 30 de junio de 2014, manda que, el Instituto Nacional de Migración (INM), será dirigido por un Director Ejecutivo, nombrado por el Presidente de la República.
92. 92.Que los Funcionarios Públicos tienen la facultad de delegar el ejercicio de sus funciones en el (la) Servidor(a) Público(a) que estimen pertinente, en quien, en ausencia de aquella ejerza sus funciones por disposición de la Ley o de autoridad superior.
93. 93.Que, de conformidad con la Ley General de Administración Pública, los órganos de la Administración Pública pueden delegar el ejercicio de sus competencias en los órganos jerárquicamente inferiores.
94. 94.Que el artículo 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que el acto de delegación además de indicar el órgano delegado podrá contener instrucciones obligatorias para el órgano delegado en materia procedimental, en los actos dictados por delegación, se expresará esta circunstancia y se entenderán adoptados por el órgano delegante. No obstante, la responsabilidad que se derive de la emisión de los actos será imputable al órgano delegado.
95. 95.Que el artículo 1 de la Ley de Simplificación Administrativa el objeto general de esta Ley es establecer las bases para simplificar y racionalizar los procedimientos administrativo a fin de garantizar que todos los órganos del Estado actúen con apego a las normas de economía, eficacia y espíritu de servicio, logrando la pronta y efectiva satisfacción de los interesados.
96. 96.Que para lograr una gestión administrativa eficiente y dinámica, es necesario dotar a la Gerencia de Talento Humano de las facultades necesarias para la toma de decisiones inmediatas en materia de personal. -- 42 of 92 --
97. 97.Que mediante ACUERDO firmado en fecha 19 de septiembre de 2025, que obra a folios 68 al 86 del expediente de mérito, la empresa concedente MAZDA MOTOR CORPORATION., de nacionalidad japonesa, autoriza a la Sociedad Mercantil GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V., como DISTRIBUIDOR, en forma NO EXCLUSIVA, por tiempo DEFINIDO HASTA EL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2028, en el área geográfica de 7 Provincias de Honduras (Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso y Olancho), para importar y vender VEHÍCULOS y PARTES CBU vehículos motorizados nuevos de la marca MAZDA completamente construidos, especificados en el Anexo (A), que incluyen aquellos modelos fabricados designados por el FABRICANTE en el extranjero como se especifica en el Anexo (A) del presente Acuerdo. Designación de Modelos para Vehículos CBU. Los modelos de Vehículos CBU contemplados en el Artículo 1 (1) serán los Siguientes: I. Fabricados por el FABRICANTE. 1. Serie MAZDA CX-5. 2. Serie MAZDA CX-30. 3. Serie MAZDA CX-60. 4. Serie MAZDA CX-90. II. Fabricados por FABRICANTES EXTRANJEROS. Mazda Motor Manufacturing de México S. A. de C. V. (MMMdM). 1. Serie MAZDA2. Isuzu Motors Company (Tailandia) Limited (IMCT). 1. Serie MAZDA BT-50.
98. 98.Que según informe de fecha 28 de abril del año 2026, que obra a folio 138 del expediente de mérito, emitido por la Dirección General de Sectores Productivos, en el cual una vez revisados los Libros de Licencias de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras que al efecto lleva la Dirección General de Sectores Productivos, se constató que NO existe registros vigentes de la empresa concedente MAZDA MOTOR CORPORATION., de nacionalidad japonesa.
99. 99.Que en fecha 12 de mayo del 2026, la Unidad de Servicios Legales emitió Dictamen Legal No. 336-2026, en donde DICTAMINÓ: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la solicitud de LICENCIA DE DISTRIBUIDOR, presentada por el Abogado MÁXIMO JEREZ SOLÓRZADO, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V., con RTN: 08019004467912, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el departamento de Francisco Morazán. SEGUNDO: Otorgar la licencia de DISTRIBUIDOR a la Sociedad Mercantil GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C.V., como concesionaria de la sociedad concedente MAZDA MOTOR CORPORATION., de nacionalidad japonesa, en forma NO EXCLUSIVA, por tiempo DEFINIDO HASTA EL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2028, en el área geográfica de 7 Provincias de Honduras (Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Valle, Choluteca, El Paraíso y Olancho), para importar y vender VEHÍCULOS y PARTES CBU vehículos motorizados nuevos de la marca MAZDA completamente construidos, especificados en el Anexo (A), que incluyen aquellos modelos fabricados designados por el FABRICANTE en el extranjero como se especifica en el Anexo (A) del presente Acuerdo. Designación de Modelos -- 57 of 92 -- La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M.D.C., 30 D E J U N I O D E L 2026 N o . 37,181 para Vehículos CBU. Los modelos de Vehículos CBU contemplados en el Artículo 1 (1) serán los Siguientes: I. Fabricados por el FABRICANTE. 1. Serie MAZDA CX- 5. 2. Serie MAZDA CX-30. 3. Serie MAZDA CX-60. 4. Serie MAZDA CX-90. II. Fabricados por FABRICANTES EXTRANJEROS. Mazda Motor Manufacturing de México S. A. de C. V. (MMMdM). 1. Serie MAZDA2. Isuzu Motors Company (Tailandia) Limited (IMCT). 1. Serie MAZDA BT-50.
100. 100.Que el Artículo 80 de la Constitución de la República, manda: Toda persona o asociación de personas tiene derecho a presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o generar y de obtener pronta respuesta en el plazo legal.
101. 101.Que el Artículo 321 de la Constitución República, manda: Los Servidores de Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad.
102. 102.Que la Ley de Procedimiento Administrativo en el Artículo 25, ordena: Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.
103. 103.Que la Ley de Procedimiento Administrativo en el Artículo 60, establece: El procedimiento podrá iniciarse: a) De oficio, por mandato del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden del superior jerárquico inmediato, noción razonada de los subordinados o denuncia; o, b) A instancia de persona interesada.
104. 104.Que el Artículo 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo, manda: Que el órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrá de remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha en que reciban la petición. En todo caso, habrá de solicitarse dictamen de la Asesoría Legal respectiva antes de dictar resolución, cuando ésta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados.
105. 105.Que el Artículo 3 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, expresa: Contrato de representación, distribución o agencia es aquel por el cual una persona natural o jurídica nacional, con independencia de la forma en que las partes denominen, caractericen o formalicen dicha relación, se obligan con un concedente o principal, nacional o extranjero en forma exclusiva o no, a representarlo en sus negocios, prestarle servicios de agencia o distribuir sus mercancías o productos en el mercado nacional.
106. 106.Que de conformidad en lo dispuesto en el Artículo 4 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, corresponde a esta Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, extender Licencias para que los concesionarios puedan dedicarse a la representación, agencia o distribución.
107. 107.Que el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras modificado mediante Acuerdo No. 180-00 de fecha 31 de octubre del 2000, establece: La Representación, Distribución, o Agencia con carácter exclusivo, será expresa. En el caso que no se acredite la exclusividad, se entenderá que la Representación, Distribución o Agencia es NO exclusiva. Asimismo, deberá indicarse la vigencia de la misma, si no se indica la duración de la misma se considerará otorgada por tiempo indefinido. Para los efectos del inciso f) del Artículo 3º y en los casos en que no exista contrato que conste en documento público o privado, la representación Agencia o Distribución, harán las veces de este, las cartas que hayan cruzado el concedente y el concesionario, en las cuales se conceda y se acepte la Representación, Agencia o Distribución.
108. 108.Que el Artículo 8 de la Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas -- 58 of 92 -- La G aceta Sección B A v isos L egales R E P Ú BLICA D E H O N D U R A S - T E G U C I G A L P A , M.D.C., 30 D E J U N I O D E L 2026 N o . 37,181 Nacionales y Extranjeras, manda: El concesionario actúa siempre por cuenta del concedente y será responsable por el incumplimiento de la obligación contraída.

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