DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-07-2022

Considerandos

1. 1.Que la Presidenta de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado, contando entre sus atribuciones la de dirigir la política general del Estado y representarlo y las demás que le confiere la Constitución y las leyes.
2. 2.Que la Presidenta de la República podrá delegar en los Secretarios de Estado el ejercicio de la potestad de decidir en determinadas materias o en casos concretos.
3. 3.Que la Ley del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), crea un Consejo Directivo para el Régimen de Aportaciones de Trabajadores y Patronos, que es parte del Régimen de Aportaciones Privadas, en cuya conformación se integran dos representantes propietarios y sus respectivos suplentes, nombrados por el Presidente de la República.
4. 4.Que la Constitución de la República en su artículo 235 establece que “La titularidad del Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente de la República.”
5. 5.Que el artículo 228 de la Constitución de la República establece que “La Procuraduría General de la República tiene la representación legal del Estado, su organización y funcionamiento serán determinados por la ley”.
6. 6.Que la Constitución de la República en su artículo 247 establece: “Los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la Administración Pública Nacional en el área de su competencia”.
7. 7.Que la Constitución de la República en su artículo 245 numerales 2 y 11 establece que “el Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado; dirigir la política general del Estado y representarlo; así como, emitir los acuerdos conforme a ley”.
8. 8.Que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 116 establece que “los actos de los órganos de la administración pública adoptarán la forma de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias. “ y en su artículo 118 numeral 1) dispone que se emitirán por acuerdo “las decisiones de carácter particular que se tomaren fuera de los procedimientos en que los particulares intervengan como parte interesada”.
9. 9.Que el presente caso se relaciona con la alegada responsabilidad internacional del Estado hondureño por la destitución, calificada como arbitraria e ilegal, de José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira de sus cargos como magistrados y magistrada de Presidencia de la República de Honduras -- 6 of 76 --
10. 10.Que el 17 de julio de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aprobó el Informe de Admisibilidad No. 83/18, en la Petición 455-13 en el caso José Antonio Gutiérrez Navas y otros- Honduras en el cual se declara admisible las presuntas violaciones a los derechos establecidos en los artículos 5 (Integridad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad), 23 (Derechos Políticos), 25 (Protección Judicial) y 26 (Desarrollo Progresivo) de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación con sus artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento.
11. 11.Que el 25 de noviembre de 2021, la CIDH sometió el caso a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), siendo notificado el Estado de Honduras mediante comunicación de 20 de enero de 2022 sobre el sometimiento y su tramitación ante la Corte IDH con la referencia: CDH- 37-2021- José Antonio Gutiérrez Navas y otros vs Honduras.
12. 12.Que mediante análisis jurídico: AJ- DNDDHH-LI-PGR-003-2022, elaborado por la Procuraduría General de la República, luego de un minucioso análisis a los términos y documentación que sustenta dicha petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se determinó la procedencia de la aprobación de un acuerdo ejecutivo en el cual se otorguen las facultades de expresa mención de desistir, absolver posiciones, renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar los convenios de conformidad a los artículos 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, para que se pueda hacer uso de las referidas facultades en el caso “CDH-37-2021- Caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras”.
13. 13.Que en el proceso referido ut supra, la Procuraduría General de la República ostenta la representación legal del Estado. Conforme al artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para poder aplicar las facultades de expresa mención contempladas en los artículos 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, “Requerirá autorización expresa del Poder Ejecutivo, extendido mediante acuerdo en cada caso”. -- 7 of 76 -- ACUERDO EJECUTIVO No. 016-2022 Presidencia de la República de Honduras LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA,
14. 14.Que la Constitución de la República en su artículo 235 establece que “La titularidad del Poder Ejecutivo lo ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente de la República.”
15. 15.Que el artículo 228 de la Constitución de la República establece que “La Procuraduría General de la República tiene la representación legal del Estado, su organización y funcionamiento serán determinados por la ley”.
16. 16.Que la Constitución de la República en su artículo 247 establece: “Los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la Administración Pública Nacional en el área de su competencia”.
17. 17.Que la Constitución de la República en su artículo 245 numerales 2 y 11 establece que “el Presidente de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado; dirigir la política general del Estado y representarlo; así como, emitir los acuerdos conforme a ley”.
18. 18.Que la Ley General de la Administración Pública en su artículo 116 establece que “los actos de los órganos de la administración pública adoptarán la forma de decretos, acuerdos, resoluciones o providencias. “y en su artículo 118 numeral 1) dispone que se emitirán por acuerdo “las decisiones de carácter particular que se tomaren fuera de los procedimientos en que los particulares intervengan como parte interesada”.
19. 19.Que el presente caso versa sobre la presunta responsabilidad del Estado de Honduras por la ejecución extrajudicial de Herminio Deras García por parte de agentes públicos en enero de 1983, así como sobre las supuestas amenazas, detenciones ilegales y alegados actos de tortura en contra de sus familiares, todo ello, presuntamente vinculado con las actividades políticas y sindicales ejercidas por el señor Deras García.
20. 20.Que el 28 de septiembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el informe de fondo No. 158/19 en el caso 12.921 en relación con Herminio Deras García - Honduras. En dicho documento se declaró la violación a los artículos 4.1 (Derecho a la vida), 5.1 y 5.2 (Derecho a la integridad personal), 7.1, 7.2, 7.3 (Derecho a la Libertad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 11.2 (Derechos a la Honra y la Dignidad), 13. l (Libertad de Expresión), 16.1 (Libertad de Asociación), -- 8 of 76 -- 19 (Derecho del niño), 2.1 (Derecho de Circulación y Residencia), 25.l (Protección Judicial) relacionados con el 1.1, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
21. 21.Que el 20 de agosto de 2020, la CIDH sometió el caso a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), siendo notificado el Estado de Honduras mediante comunicación de 07 de octubre de 2020 sobre el sometimiento y su tra- mitación ante la Corte IDH con la referencia: CDH-16-2020 - Deras García y otros vs Honduras. Posteriormente, el 28 de marzo de 2022, la Corte IDH notificó al Estado de Honduras la celebración de la audiencia virtual para los días 10 y 11 de mayo de 2022.
22. 22.Que mediante análisis jurídico: AJ- DNDDHH-LI-PGR-002-2022, elaborado por la Procuraduría General de la República, luego de un minucioso análisis a los términos y documentación que sustenta dicha petición ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se determinó la procedencia de la aprobación de un acuerdo ejecutivo en el cual se otorguen las facultades de expresa mención de desistir, absolver posiciones, renunciar de los recursos o los términos legales, conciliar, transigir, aprobar los convenios de conformidad a los artículos 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, para que se pueda hacer uso de las referidas facultades en el caso “CDH-16- 2020-Deras García y otros vs Honduras”.
23. 23.Que en el proceso referido ut supra, la Procuraduría General de la República ostenta la representación legal del Estado. Conforme al artículo 19 numeral 1 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para poder aplicar las facultades de expresa mención contempladas en los artículos 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, “Requerirá autorización expresa del Poder Ejecutivo, extendido mediante acuerdo en cada caso”.
24. 24.Que la persona humana es el fin supremo de la Sociedad y el Estado, es por ello que este último se encuentra llamados a respetar los derechos, la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social de todos y todas sin excepción alguna.
25. 25.Que el pago de los impuestos, tasas municipales y la Tasa Única Vehicular deben de cumplirse por los obligados tributarios que se encuentre en el territorio nacional y aquellos que son propietarios de un automotor, siendo las municipalidades y el Instituto de la Propiedad (IP) respectivamente, los entes rectores responsables de la recaudación de tales impuestos y tasas municipales y, la Tasa Única Anual Vehicular.
26. 26.Que el pago de los tributos se encuentra programado de forma ordenada y se ha comunicado con antelación a los contribuyentes, lamentablemente, debido a la actual situación del país, que está en un período de recesión económica, muchos están imposibilitados para dar cumplimiento al pago de dichos tributos.
27. 27.Que los tributos se devuelven en obras de beneficio común a la población, por lo que deben implementarse mecanismos flexibles para la obtención de los mismos, los cuales deben apegarse a la realidad del país.
28. 28.Que de conformidad a lo establecido en el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de contempladas en los artículos 81 numeral 2 y 82 numeral 2 del Código Procesal Civil, a fin de que las mismas puedan ser ejercidas en el momento procesal oportuno, dado la complejidad del asunto y las particularidades de los hechos alegados en el CDH-16-2020 Deras García y Otros vs. Honduras, actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. SEGUNDO: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá ser publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”. Dado en Casa Presidencial, Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, el veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022). COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE. IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA MELINA NATALIE ROQUE SANDOVAL SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS -- 10 of 76 -- la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
29. 29.Que la Constitución de la República establece que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de la República, correspondiéndole dirigir la Política General del Estado y representarlo, así como emitir acuerdos y decretos conforme a ley, adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes (artículos 235 y 245 numerales 2, 11 y 29).
30. 30.Que según lo establecido en la Constitución de la República, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, todos tienen la obligación de respetarla y protegerla (artículo 59). En este sentido, la Constitución establece que el derecho a la vida es inviolable, reconociendo el derecho a la protección de la salud, así como el deber de todos de participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad, y el deber del Estado de conservar un medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas (artículos 65 y 145).
31. 31.Que la Ley General de la Administración Pública dispone que la Presidenta de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
32. 32.Que de conformidad a la Constitución de la República la Presidenta convoca y preside el Consejo de Ministros, el cual se reunirá para tomar resolución en todos los asuntos que juzgue de importancia nacional (artículo 252, párrafo segundo).
33. 33.Que de conformidad al artículo 9 de la Ley de Contratación del Estado, la declaración del estado de emergencia se hará mediante Decreto de la Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
34. 34.Que el erario público fue devastado por la anterior Administración del Estado, dejando una gran cantidad de deudas en diferentes áreas fundamentales para proteger la vida de la población, entre las cuales se encuentran: a) El pago de locales donde funcionan diferentes centros de triaje para atención de pacientes con COVID-19 y sus variantes, b) El pago de suministro de oxígeno para pacientes COVID-19 a nivel nacional, c) Pago de salarios y/o becas a personal de salud y a estudiantes que realizan su Servicio Social o Internado.
35. 35.Que el día 30 de enero del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través del Comité de Emergencia, declaró el brote del coronavirus (COVID-19) como una emergencia de salud pública de importancia -- 12 of 76 -- internacional, y que a la fecha el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, ha documentado la circulación de numerosos casos de infección por coronavirus (COVID-19), por lo que es necesario que el Sistema Nacional de Salud de Honduras continúe preparado para lograr la reducción de la infección humana, la prevención de la transmisión secundaria y por ende la propagación internacional, y que los establecimientos de salud que proveen servicios, faciliten el acceso a diagnóstico y tratamientos para la población que lo requiere.
36. 36.Que recientemente se han registrado rebrotes del COVID-19 a nivel internacional ante la aparición de nuevas variantes del virus, por lo cual el Sistema de Salud debe estar preparado para proteger la salud de la población.
37. 37.Que actualmente la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud se encuentra completamente desabastecida de varios medicamentos esenciales y/o vitales, como ser: Heparina, Dextrosa, Oxitocina, Enalapril, Clopidogrel, Inmunoglobulina Humana, entre otros. Además, existe un déficit general en el inventario de medicamentos, de aproximadamente cincuenta por ciento (50%) a nivel nacional.
38. 38.Que es de extrema urgencia adquirir los medicamentos de manera rápida y expedita, ya que el tiempo del proceso de adquisición mediante el procedimiento ante la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE) pondría en riesgo numerosas vidas, al no poder contar con los medicamentos vitales de manera urgente.
39. 39.Que la Ley de Contratación del Estado establece que se podrá realizar la contratación directa cuando tenga por objeto proveer a las necesidades ocasionadas por una situación de emergencia (artículo 63, numeral 1).
40. 40.Que de conformidad con el Artículo 245, numeral 2, 11, 18, 19 y 35 de la Constitución de la República, corresponde a la Presidenta de la República, dirigir la Política general del Estado y Representarlo.
41. 41.Que de conformidad con el Artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones, actuar por sí o en Consejo de Secretarios de Estado.
42. 42.Que la Presidenta de la República, actuará en Consejo de Ministros de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y las Leyes, para la administración general del Estado.
43. 43.Que de conformidad al Artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública, la Presidenta de la República, por Decreto en Consejo de Secretarios de Estado, puede emitir dentro de la Administración Centralizada las normas requeridas para: 1) Determinar la competencia de los Despachos de las Secretarías de Estado y crear las dependencias internas que fueren necesarias para la buena administración; 2) Fusionar las dependencias internas que dupliquen funciones o actividades, o que fusionadas puedan desempeñarse eficientemente; 3) Suprimir dependencias internas cuando sea necesario o conveniente para los fines de la Administración Pública; 4) Reorganizar aquellas dependencias que la eficiencia de la Administración Pública demande; y, 5) Traspasar funciones, actividades y servicios a las municipalidades o a los organismos de derecho privado auxiliares de la Administración Pública. Estas disposiciones pueden ser emitidas por la Presidenta de la República en Consejo de Secretarios de Estado, aun cuando la dependencia o función haya sido creada u otorgada mediante una disposición legal. Las instituciones descentralizadas, en el ámbito de su competencia, adoptarán iguales medidas de acuerdo con las políticas del Gobierno Central.
44. 44.Que el Artículo 45 de La Ley General de la Administración Pública establece que los órganos o entidades desconcentradas se crearán, modificarán, fusionarán o suprimirán mediante Decreto de la Presidenta de la República en Consejo de Secretarios de Estado y sus titulares responderán de su gestión ante la dependencia de la Administración Centralizada de la que dependan.
45. 45.Que la Presidencia de la República ha definido como uno de los pilares en el plan de gobierno Bicentenario para Refundar Honduras, la realización de acciones articuladas, dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las familias que viven en condiciones de pobreza -- 16 of 76 -- y extrema pobreza en el área rural y urbana del país, proporcionándoles un conjunto de intervenciones integrales, ordenadas y coordinadas.
46. 46.Que es imperativa la creación de la institucionalidad que intervenga el primer piso de protección social de población que vive en pobreza y extrema pobreza, estableciendo de manera directa la intervenciones a las poblaciones debidamente focalizadas, que permita las actividades de coordinación institucional para promover el cumplimiento de las políticas que inciden en forma directa, sin intermediarios y evitando de esta forma la tercerización en la ejecución de fondos provenientes del Estado, como mecanismo para racionalizar las diferentes intervenciones que hacen las diversas instituciones asociadas a los modelos de protección social, educación, salud, capacitación, infraestructura social, económica, teniendo como estrategia la generación de activos para romper el círculo intergeneracional de pobreza y lograr un desarrollo sostenible.
47. 47.Que el Artículo 4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo establece que: “Los superiores jerárquicos de la Administración Pública, dentro del ámbito de su competencia y de los niveles que corresponda, ejercerán un control permanente del funcionamiento de sus respectivas dependencias y de la actuación del personal de éstas. Este control incluirá tanto lo referente a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones”.
48. 48.Que el Artículo 8 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo establece que en cuanto le corresponde la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, la Presidenta de la República define los planes y programas del Gobierno, dirige sus tareas y orienta las actividades de las Secretarías de Estado y de las instituciones autónomas de conformidad con la Ley.
49. 49.Que el Artículo 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo establece que: Los órganos desconcentrados son creados por ley, la que determinará su grado de desconcentración, su respectiva competencia, la cual ejercitarán con autonomía técnica-administrativa y financiera.
50. 50.Que mediante el Artículo 12 del Decreto Ejecutivo número PCM 05-2022, se creó el Programa de La Red Solidaria, como un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Social, con el objetivo de Reducir la pobreza y la pobreza extrema, mediante la ejecución de Programas y Proyectos dirigidos a las poblaciones vulnerables, focalizadas por los sistemas de información social y las herramientas técnicas disponibles del Estado, contemplando el diseño, la estructuración, la ejecución, administración y supervisión de proyectos productivos y sociales, incluidos las becas para jóvenes de educación primaria, media y universitaria.
51. 51.Que en el periodo comprendido entre los años 2009 al 2019, la pobreza y pobreza extrema aumentaron en sus índices más elevados en la historia de Honduras, creando la necesidad urgente de establecer como prioridad la atención a las comunidades más pobres y que se encuentran debidamente focalizadas. -- 17 of 76 --
52. 52.Que la Constitución de la República en el Artículo 245, numerales 19, 20 y 30 establece que la Presidenta de la República tiene a su cargo la Administración General del Estado y dentro de sus atribuciones se encuentran administrar la Hacienda Pública, dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera cuando así lo requiera el interés nacional, debiendo dar cuenta al Congreso Nacional y dirigir la política económica y financiera del Estado.
53. 53.Que de conformidad con el Artículo 342 de la Constitución de la República, el Estado, por medio del Banco Central de Honduras (BCH), tendrá a su cargo la formulación y desarrollo de la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, debidamente coordinada con la política económica planificada.
54. 54.Que la Ley General de la Administración Pública establece en los artículos 11 y 17 que la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y que, en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros.
55. 55.Que la Ley del Banco Central de Honduras establece que esa Institución tendrá por objeto velar por el mantenimiento del valor interno y externo de la moneda nacional y propiciar el normal funcionamiento del sistema de pagos. Con tal fin formulará, desarrollará y ejecutará la política monetaria, crediticia y cambiaria del país, la cual será determinada y dirigida por su Directorio; asimismo, ejercerá las funciones de banquero, agente fiscal y consejero económico-financiero del Estado, de sus dependencias y de las entidades oficiales o semioficiales, y le representará ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los otros organismos oficiales que el Gobierno decida.
56. 56.Que mediante Decreto Legislativo No.6 del 15 de diciembre de 1951, el Congreso Nacional aprobó el Acuerdo Ejecutivo No.2559 del 6 de junio de 1951, emitido por la Secretaría de Hacienda, Crédito Público y Comercio, el cual contiene el Contrato suscrito por la referida Secretaría de Estado, hoy Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y el BCH, en donde la Autoridad Monetaria asumió la obligación de pagar la suscripción al FMI, de conformidad con la Sección 3 del Artículo II del Convenio Constitutivo del FMI, obligación que fue ratificada mediante el Decreto Legislativo No. 211 del 19 de marzo de 1960, en el cual el Gobierno faculta al BCH para representarlo ante el FMI en todo lo que se refiere al pago de la suscripción o cuota asignada al Gobierno, incluyendo la emisión de sus propios pagarés a favor del FMI.
57. 57.Que Honduras es miembro del FMI desde el 27 de diciembre de 1945, destacando que cuando un país ingresa al Fondo, se le asigna una cuota inicial de Derechos Especiales de Giro (DEG) que se sitúa dentro de la gama de cuotas de los países miembros existentes que sean básicamente comparables en cuanto al tamaño y las características de su economía. Dicha asignación ofrece a cada miembro un activo que no le cuesta ningún valor; en tal sentido, si las tenencias de DEG de un país miembro superan el nivel asignado, se devenga intereses sobre el excedente, -- 31 of 76 -- mientras que, si mantiene un nivel inferior al asignado, el país miembro paga intereses sobre el déficit, este último aplica a Honduras actualmente.
58. 58.Que los países miembros del FMI pueden adquirir y vender DEG dentro de ciertos límites, estableciendo de hecho un mercado de DEG, en donde el FMI actúa como corredor y organiza las transacciones entre posibles compradores y vendedores de DEG sin costo. Cabe indicar que, por el uso de los DEG la tasa DEG para el período del 14 al 20 de febrero fue de 0.192%.
59. 59.Que por medio de los oficios DPMF- 007-2022 y DPMF-013-2022 del 14 y 16 de febrero del 2022, respectivamente; recibidos en esta el BCH el 14 y 17 de febrero de 2022, en su orden; la SEFIN, en representación del Gobierno de la República, solicitó al BCH, con base en los artículos 40 de la Ley del Banco Central de Honduras, párrafo segundo, 75 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el Decreto No.8-2022 del 15 de febrero de 2022, relativo a la declaración del Estado de Emergencia Fiscal y Financiera del Sector Público, un préstamo por doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y cinco DEG (DEG239,422,065.00), aproximadamente trescientos treinta y cinco millones novecientos setenta mil ciento cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (EUA) con catorce centavos (US$335,970,140.14) como apoyo presupuestario, que será utilizado para realizar los pagos de vencimiento de deuda al primer trimestre de 2022. Los recursos utilizados para el otorgamiento del crédito en mención provendrían del aumento en las tenencias de DEG, asignadas para Honduras por parte del FMI en agosto de 2021, equivalente al monto por el cual se está solicitando el crédito de parte de la SEFIN.
60. 60.Que el Directorio del BCH, mediante Resolución No.93-2/2022 emitida el 24 de febrero de 2022, resolvió por unanimidad de votos de sus miembros aprobar el otorgamiento de un crédito al Gobierno con fondos provenientes del aumento en la asignación de DEG por parte del FMI en agosto de 2021, solicitado por la SEFIN, por medio de los oficios DPMF-007-2022 y DPMF-013-2022 del 14 y 16 de febrero de 2022, respectivamente, por un monto de doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y cinco DEG (DEG239,422,065.00), aproximadamente trescientos treinta y cinco millones novecientos setenta mil ciento cuarenta dólares de los EUA con catorce centavos (US$335,970,140.14) como apoyo presupuestario, que sería utilizado para realizar los pagos por el vencimiento del Bono Soberano por ciento sesenta y seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis dólares de los EUA con setenta centavos (US$166,666,666.70) en marzo del presente año; así como para cubrir una parte de los otros vencimientos de la deuda externa e interna programados para marzo de 2022.
61. 61.Que el 7 de marzo de 2022, se suscribió el Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República, por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por doscientos treinta y nueve millones cuatrocientos veintidós mil sesenta y cinco DEG (DEG239,422,065.00), aproximadamente trescientos treinta y cinco millones novecientos setenta mil ciento cuarenta dólares de los EUA con catorce centavos (US$335,970,140.14), como apoyo presupuestario para atender la emergencia fiscal y financiera del sector público, el que sería destinado para el pago del vencimiento del Bono Soberano por ciento sesenta y seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis dólares de los EUA con setenta centavos (US$166,666,666.70), así como para cubrir una parte de los otros vencimientos de la deuda externa e interna programados para marzo de 2022. Dicho otorgamiento de crédito al Gobierno fue ratificado mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-01-2022, emitido por la Presidenta de la República en Consejo de Ministros el 1 de -- 32 of 76 -- marzo de 2022 y publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 3 de marzo de 2022; por lo que el 14 de marzo de 2022, el BCH desembolsó a la SEFIN un monto de trescientos treinta y un millones ochocientos veinticinco mil novecientos setenta y seis dólares de los EUA con cincuenta centavos (US$331,825,976.50).
62. 62.Que la SEFIN, mediante Oficio DGCP- GV-57/2022 del 15 de marzo de 2022, hace referencia a lo establecido en el Convenio de Crédito suscrito el 7 de marzo de 2022 antes mencionado, en el cual solicitó someter a aprobación del Directorio del BCH una modificación al Convenio firmado, en el sentido de ampliar el destino de los recursos con el fin de efectuar los pagos por servicio de la deuda externa e interna programada para el 2022, hasta cubrir la totalidad del monto autorizado. Asimismo, en dicho Oficio, explican que lo anterior se debió a que el banco custodio (The Bank of New York Mellon) mediante aviso de cobro, solicitó el pago del bono soberano por ciento sesenta y seis millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis dólares de los EUA con setenta centavos (US$166,666,666.70), un día antes del vencimiento, en vista que el banco custodio lo transfirió a los inversionistas el 15 de marzo de 2022; en tal sentido la SEFIN, con el fin de reducir el riesgo de incumplimiento por diferencia de horarios entre América y Europa y considerando los procesos y tiempos administrativos y operativos, el vencimiento del bono soberano tuvo que ser cancelado mediante transferencia realizada con Oficio de Servicio de Deuda Electrónica (OSDE), donde la SEFIN autorizó se efectuara el débito correspondiente el 14 de marzo de 2022.
63. 63.Que en el Oficio DGCP-GV-57/2022 antes mencionado, la Sefin solicita confirmar si bajo el Convenio suscrito se podrían utilizar los fondos disponibles del crédito en mención para restituir los recursos por pagos de servicio de la deuda realizados con fondos nacionales en febrero y marzo de 2022, antes de haberse recibido el desembolso. Sobre el particular, mediante correo electrónico del 24 de marzo de 2022, la Sefin remitió información adicional sobre los vencimientos de deuda pública que se restituirían para los meses de febrero y marzo; al respecto, el Convenio de Crédito suscrito el 7 de marzo de 2022 entre el BCH y la Sefin, no contempla la restitución de la deuda por lo que para que la Sefin pudiese realizar este tipo de operación es necesario modificar los documentos legales mediante los cuales se aprobó y ratificó el otorgamiento del crédito antes citado. Cabe indicar que, de realizarse dicha modificación que permita efectuar una restitución de los fondos que se erogaron para cubrir los vencimientos de deuda externa en el BCH, esta Institución requeriría que la Sefin envíe instrucción oficial a través de oficio, conteniendo como mínimo la información siguiente: a) justificación del pago de deuda y bono soberano con otros fondos y no con los del préstamo en referencia, b) números de OSDE originales emitidos el 14 de marzo, fecha en la que se registró la transferencia de recursos al banco custodio, c) instrucción para las imputaciones correctas a las cuentas correspondientes, d) el valor de las comisiones cobradas por el BCH, y e) cualquier otra documentación que respalde la operación en referencia.
64. 64.Que en los registros del BCH, el saldo al 27 de marzo de 2022 de la Cuenta Especial (No.11101-20- 000976-7 SF-BCH) de la Tesorería General de la República aperturada en el BCH, para los fondos provenientes del crédito en mención, se refleja un monto de trescientos treinta y un millones ochocientos veinticinco mil novecientos setenta y seis dólares de los EUA con cincuenta centavos (US$331,825,976.50), equivalente a ocho mil setenta y siete millones setecientos treinta y nueve mil doscientos noventa y tres lempiras con setenta y tres centavos (L8,077,739,293.73); denotando que a la fecha antes indicada, no se ha realizado débito alguno. -- 33 of 76 --
65. 65.Que el crédito solicitado por la SEFIN, en representación del Gobierno, se enmarca dentro de lo establecido en el Artículo 40, párrafo segundo de la Ley del Banco Central de Honduras , que establece que la Autoridad Monetaria podrá otorgar créditos al Gobierno en casos de emergencia o de grave calamidad pública y su aprobación requerirá el voto unánime de los miembros del Directorio, así como, su ratificación mediante Decreto emitido por el Presidente de la República en Consejo de Ministros, debiendo darse inmediata cuenta al Congreso Nacional de la emisión del mismo.
66. 66.Que mediante Resolución No.154- 3/2022 del 31 de marzo de 2022, el Directorio del Banco Central de Honduras, por unanimidad de votos de sus miembros, resolvió autorizar la modificación del numeral 1 de la Resolución No.93-2022 del 24 de febrero de 2022, en lo relacionado al “Destino”, manteniendo inalterables las demás condiciones del crédito; asimismo, se autorizó a su Presidenta y Representante Legal para que suscribiera con la titular de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, en representación del Gobierno, el Addéndum al Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República, por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas suscrito el 7 de marzo de 2022, en los términos establecidos en el documento denominado Addéndum que forma parte integral de dicha Resolución, una vez que la modificación del destino del préstamo otorgado sea ratificada mediante Decreto emitido por la Presidenta de la República en Consejo de Ministros, el cual deberá darse inmediata cuenta al Congreso Nacional.
67. 67.Que el Artículo 205 numeral 19) de la Constitución de la República, establece que es atribución del Congreso Nacional aprobar o improbar los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de Gobierno de la República; asimismo, mediante Decreto Legislativo No.2- 2005 del 26 de enero de 2005, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de marzo de ese mismo año, el Congreso Nacional interpretó el numeral 19) del referido artículo, en el sentido que los contratos a que se refiere el mismo comprenden todos aquellos que celebren las entidades del sector público, entendiéndose por sector público: el Poder Ejecutivo y sus dependencias, incluyendo órganos desconcentrados que le estén adscritos, las instituciones autónomas o descentralizadas y las municipalidades. Asimismo, el citado Artículo establece en su numeral 36), que corresponde al Congreso Nacional entre otros, aprobar o improbar los empréstitos o convenios similares que se relacionen con el crédito público, celebrados por el Poder Ejecutivo.
68. 68.Que de conformidad con el Artículo 252 de la Constitución de la República, la Presidenta de la República convoca y preside el Consejo de Ministros, el cual se reunirá por iniciativa de la Presidenta para tomar resolución en todos los asuntos que juzgue de importancia nacional y para conocer de los casos que señale la Ley.

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