Secretaria de Defensa Nacional, Diario Oficial la Gaceta

Considerandos

1. 1.Que de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla (artículo 59).
2. 2.Que la Constitución de la República reconoce el derecho a la protección de la salud. Es deber de todos participar en la promoción y preservación de la salud personal y de la comunidad. El Estado conservará el medio ambiente adecuado para proteger la salud de las personas (artículo 145).
3. 3.Que la Constitución de la República establece que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de la República, correspondiéndole dirigir la Política General del Estado y representarlo, así como emitir Acuerdos y Decretos conforme a Ley, adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes (artículos 235 y 245 numerales 2, 11 y 29).
4. 4.Que la Ley General de la Administración Pública, indica que la Presidenta de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. La Presidenta de la República en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
5. 5.Que la Ley General de la Administración Pública, indica que corresponde a la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL), entre otras, la competencia fundamental concerniente a la formulación, coordinación, -- 5 of 186 -- EDIS ANTONIO MONCADA SULY YADIRA ANDRADE GUTIERREZ Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con la protección, fomento, prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la población (artículo 29).
6. 6.Que la Ley General de la Administración Pública establece que el Poder Ejecutivo puede intervenir total o parcialmente, todos los entes, órganos o unidades de la Administración Pública que operen con pérdidas, no cumplan con sus funciones o no presten adecuadamente los servicios por los cuales fueron creados. De proceder la intervención, estará a cargo de una Comisión Interventora que se encargará de la administración de la entidad, órgano o unidad intervenida y realizará una evaluación de la misma, con la Asesoría del Tribunal Superior de Cuentas; dicha Comisión Interventora tiene las facultades que les corresponden a los administradores de las mismas, ejerciendo su representación legal y tendrá las potestades necesarias para establecer las recomendaciones oportunas, que permitan a los Poderes del Estado tomar las acciones pertinentes y oportunas, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales (artículos 98, 99 y 100).
7. 7.Que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue creado mediante Decreto Legislativo Número 140 del 19 de Mayo de 1959, que contiene la Ley del Seguro Social, como una institución descentralizada responsable de la administración del Seguro Social. Asimismo, se establece que el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) constituye un servicio público que se aplicará con carácter obligatorio (artículos 1 y 8).
8. 8.Que actualmente la máxima autoridad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) es la Junta Directiva, la cual está integrada por nueve (09) miembros, de la siguiente manera: 1) Dos miembros propietarios en representación del Poder Ejecutivo, cuya titularidad recaerá en los Secretarios de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; y Salud; 2) Tres miembros propietarios en representación del Sector Empleador, nombrados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP); 3) Tres miembros propietarios en representación del sector laboral, electos uno por cada una de las confederaciones de trabajadores legalmente reconocidas; y, 4) Un miembro del Colegio Médico, cuya titularidad recaerá en su Presidente o en su sustituto legal (artículo 11 de la Ley del Seguro Social).
9. 9.Que la Ley del Seguro Social establece que el Instituto Hondureño de Seguridad Social contará con un Director Ejecutivo, quien está subordinado a la Junta Directiva. El Director Ejecutivo es nombrado por la Presidenta de la República a partir de una terna de candidatos que le presenta la Junta Directiva del Instituto y podrá ser removido por la Presidenta de la República a petición de la Junta Directiva (artículo 25). -- 6 of 186 --
10. 10.Que es toda la sociedad hondureña conoció que, en el primer período de Gobierno de la Narcodictadura, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) fue sometido al más descarado saqueo de su patrimonio, en el más grande acto de corrupción que registra la historia nacional, cuyos daños se cuantifican en más de 7mil millones de lempiras, lo cual lo convirtió en una Institución insolvente, al borde de la quiebra.
11. 11.Que las siguientes administraciones del Gobierno de la Narcodictadura del Partido Nacional, lejos de corregir la truculenta y terrible historia del saqueo despiadado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se dedicaron a encubrir a los responsables intelectuales y finales del saqueo, ubicados en las más altas jerarquías de la administración pública y en los cargos de dirección política del Partido Nacional. A la fecha solo los operadores materiales han sido acusados, garantizando la impunidad de la cúpula y condenando a la Institución a una profunda crisis, que amenaza con el colapso total del Sistema de Seguridad Social del país.
12. 12.Que producto del saqueo despiadado del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de las levosas acciones de los gobiernos sucesivos del Partido Nacional que impidieron que se tomaran los correctivos que permitieran que el IHSS se recuperara de la situación caótica a la cual lo arrastraron, al día de hoy se hace necesario, tomar nuevas acciones contundentes y eficaces para salvar a esta Institución de una crisis permanente e irreversible que le impida cumplir los fines para los cuales fue creada.
13. 13.Que a pesar de los enormes esfuerzos para garantizar el funcionamiento eficiente del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), se hace necesario superar los graves problemas heredados, producto de más de una década de saqueos, abandono, negligencia e impunidad, lo cual pone en riesgo los servicios sociales y de salud de los afiliados, requiriendo proceder de manera urgente al nombramiento de una Comisión Interventora, que se encargue de la administración de la institución para garantizar el derecho humano a la salud y a la justicia social.
14. 14.Que la Constitución de la República establece que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de la República, correspondiéndole dirigir la Política General del Estado y representarlo, así como emitir Acuerdos y Decretos conforme a Ley, adoptar las medidas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los habitantes (artículos 235 y 245 numerales 2, 11 y 29).
15. 15.Que la Ley General de la Administración Pública, dispone que la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada. La Presidenta de la República en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
16. 16.Que se ha confirmado la presencia de treinta y ocho (38) brotes y dos (02) mangas de Langosta Voladora Centroamericana (Schistocerca piceifrons piceifrons . Walter, 1870), en los municipios de Arenal y Olanchito, del Departamento de Yoro, a través de diagnósticos, vigilancia y campañas fitosanitarias realizados por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), en los meses agosto y septiembre del presente año.
17. 17.Que en Centroamérica y México la Langosta Voladora Centroamericana es el acrídido que mayores daños ha registrado en la historia, es una plaga cíclica que aparece en ciertas épocas, sobre todo en años de intensa sequía. La langosta puede consumir como manga (uniones de millones de langostas que pueden alcanzar -- 18 of 186 -- EDIS ANTONIO MONCADA SULY YADIRA ANDRADE GUTIERREZ Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL 100 kilómetros), 30 toneladas de materia vegetal por día, provocando escasez de alimento.
18. 18.Que corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), a través del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), coordinar las acciones a nivel nacional para identificar y diagnosticar las principales plagas que afectan los cultivos. Asimismo, el SENASA deberá coordinar con participación del sector privado, otras entidades del sector público, organismos internacionales y Estados colaborantes, la planificación y el desarrollo de programas y campañas de prevención, control y erradicación de plagas de las plantas (Ley Fito Zoo sanitaria, Decreto Legislativo No. 157-97, artículos 12 y 16).
19. 19.Que la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), tiene como finalidad actuar conjuntamente entre las partes contratantes y de manera eficaz para prevenir la introducción y diseminación de plagas de plantas y productos vegetales, así como promover medidas apropiadas para combatirlas.
20. 20.Que luego de la detección de la plaga, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) en coordinación con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), han desarrollado acciones de monitoreo y control de la Langosta Voladora Centroamericana; sin embargo, se requiere fortalecer las capacidades técnicas y logísticas del SENASA, para poder contener y erradicar los brotes y mangas detectadas, con la finalidad de contrarrestar el efecto negativo de la plaga en la agricultura y la ganadería de la región.
21. 21.Que una de las mangas de Langosta Voladora Centroamericana, se encuentra localizada en el REFUGIO DE VIDA SILVESTRE COLIBRÍ ESMERALDA HONDUREÑO declarada como Área Protegida, mediante Decreto Legislativo No. 204-2011, con un área de 1,992.7 hectáreas; siendo necesaria, para poder intervenir esta área, la coordinación esfuerzos interinstitucionales para la vigilancia, monitoreo y control de esta plaga que amenaza la seguridad alimentaria del país.
22. 22.Que, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro, también existen antecedentes de la ocurrencia de brotes de la plaga Saltamonte Gigante (Tropidacris cristata dux), los cuales han afectado considerablemente las áreas forestales y amenazado especies frutales en dicha zona, situación que amerita mantener las acciones de vigilancia, manejo y control de las plagas. -- 19 of 186 --
23. 23.Que como consecuencia del cambio climático y sus efectos, la Langosta Voladora Centroamericana está amenazando la producción agrícola y pecuaria, debido al daño que ocasiona en áreas de pasto en todo el Valle del Alto Aguán; así como también amenaza la seguridad agroalimentaria de la zona, poniendo en riesgo en cultivos básicos como: maíz (500 hectáreas), cítricos (594 hectáreas), mango y musáceas (plátano y banano 1,046 hectáreas), granos básicos, hortalizas, frutales y cultivos en general.
24. 24.Que la Ley Fitozoosanitaria, establece que le corresponde al Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), entre otras atribuciones, establecer acciones de emergencia que sean necesarias para el combate o erradicación de plagas de carácter cuarentenario, cuando exista la sospecha debidamente sustentada o confirmación de su presencia en el país. De igual manera cuando las plagas endémicas adquieran niveles de incidencia que constituyan una amenaza a la productividad nacional (artículo 16 inciso a).
25. 25.Que de conformidad al Decreto Ejecutivo número PCM 15-2020, mediante el cual se crea el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), como un Ente de Seguridad Nacional, se establece que corresponde al SENASA, ejecutar cuando corresponda la Declaración de Emergencia Sanitaria y/o Fitosanitaria decretada por el Presidente de la República. Asimismo, entre las funciones del Director General del SENASA se encuentra solicitar, cuando corresponda, ante la Presidenta de la República, la Declaración de Emergencia Sanitaria y/o Fitozoosanitaria (artículos 5 numeral 16) y 11 numeral 8)).
26. 26.Que en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Diagnóstico, Vigilancia y Campañas Fitosanitarias, la Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal, en fecha 09 de octubre de 2024, a través del Comité Nacional de Sanidad Vegetal, conformó una Comisión Técnica para estudiar el caso, la cual recomendó la presentación de la Solicitud de declaratoria de Emergencia Fitosanitaria (artículo 105).
27. 27.Que la Ley de Contratación del Estado establece que se podrán realizar contrataciones directas, cuando se tenga por objeto proveer las necesidades ocasionadas por una situación de emergencia al amparo de lo establecido en el artículo 9 de la misma Ley (artículo 63 numeral 1).
28. 28.Que de conformidad a la Ley de Contratación del Estado, la Declaración del Estado de Emergencia se hará mediante Decreto de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros. Asimismo, establece que cuando ocurran situaciones de emergencia ocasionadas por desastres, calamidad pública u otras circunstancias que afectaren sustancialmente la continuidad o la prestación eficiente de los servicios públicos, podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes, servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos -- 20 of 186 -- de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las funciones de fiscalización. Todo contrato deberá contener las cláusulas y disposiciones que sean necesarias para su correcta ejecución y debido control. Su objeto deberá ser determinado y la necesidad que se pretende satisfacer deberá quedar plenamente justificada en el expediente correspondiente (artículos 9 y 10).
29. 29.Que la Constitución de la República establece que la Presidenta tiene a su cargo la Administración General del Estado y su representación; teniendo entre sus atribuciones dirigir la política general del Estado y representarlo, emitir Acuerdos y Decretos, expedir reglamentos y resoluciones conforme a la Ley, administrar la Hacienda Pública y las demás que le confieren la Constitución y las Leyes (artículo 245 numerales 2, 11, 19 y 45).
30. 30.Que la Ley General de la Administración Pública, dispone que la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones, actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
31. 31.Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, quien tiene el deber de proteger su vida e integridad física, para lo cual en situaciones de emergencia provocadas por fenómenos climatológicos como huracanes, tormentas o depresiones tropicales, con efectos negativos agravados por el cambio climático y la escasez de obras de mitigación y adaptación, el Gobierno debe, en coordinación con toda la institucionalidad del Estado, ejecutar acciones urgentes de prevención, control y vigilancia constante, resultando indispensable la contratación inmediata de bienes y servicios para dar respuesta a la población afectada, así como la ejecución de obras de infraestructura para habilitar la circulación y garantizar la movilidad nacional. -- 26 of 186 -- EDIS ANTONIO MONCADA SULY YADIRA ANDRADE GUTIERREZ Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL
32. 32.Que Honduras es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, según distintos reportes científicos sobre la materia, incluidos informes pertinentes de la Organización de las Naciones Unidas. Su ubicación geográfica - entre el Océano Pacífico y el Atlántico - expone al país a numerosas y diversas amenazas naturales y a fenómenos climáticos extremos, entre ellos huracanes, frentes fríos y depresiones tropicales. Asimismo, la ciencia reciente sugiere que el número de ciclones tropicales graves aumentará con cada décimo de grado de aumento de la temperatura media mundial.
33. 33.Que por más de una década, el régimen instaurado después del golpe de Estado de 2009 abandonó la construcción de proyectos de infraestructura y control de inundaciones, incluso algunos que se encontraban planificados y suscritos, como las represas de “Jicatuyo”, “Los Llanitos” y “El Tablón” en la zona norte del país, y la represa de “Morolica” en la zona sur, la canalización, reforestación, limpieza y dragado de las cuencas de los ríos y su protección, por lo que enfrentamos un estado de calamidad agravado, siendo deber del Estado ofrecer respuesta inmediata a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
34. 34.Que es imprescindible actuar sobre una base de planificación, coordinación y ejecución de acciones con la participación del sector público y privado, de manera articulada y complementaria, tendientes a preservar la vida de los habitantes de las zonas en condiciones de alta vulnerabilidad derivado de las fuertes precipitaciones que se pueden intensificar ocasionando daños graves en la infraestructura, suspensión de servicios públicos básicos y pérdida de vidas, ante lo cual es necesario el control y prevención de inundaciones, elaborar estrategias de manejo integrado de las cuencas y planes sectoriales inducidos al control del recurso hídrico, implementando de manera urgente e inmediata acciones de reconstrucción y/o reposición de infraestructura, canalizaciones, planificación preventiva, actividades de limpieza y dragado de las cuencas hidrográficas, entre otras.
35. 35.Que resulta imprescindible generar las acciones necesarias conducentes a la construcción inmediata de proyectos de infraestructura para el control de inundaciones, tanto en la zona norte del país, como en la zona sur, ejecutando actividades de canalización, reforestación, limpieza y dragado -- 27 of 186 -- de las cuencas de los ríos y su protección, con el objeto de prevenir un estado de calamidad agravado, siendo deber del Estado ofrecer respuesta inmediata a personas y familias en situación de vulnerabilidad.
36. 36.Que con base a información y datos recopilados por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (CENAOS) dependiente de COPECO, así como por agencias climáticas internacionales, entre ellas el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América, se pronostica que la Tormenta Tropical SARA, marcada como el vigésimo noveno fenómeno con nombre de la temporada ciclónica del Atlántico, podría provocar daños significativos en su paso por el territorio hondureño, dejando un gran deterioro en la infraestructura pública y servicios públicos, que afectarían de manera significativa a la población.
37. 37.Que el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (CENAOS) de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), ha declarado alerta en diferentes zonas del territorio hondureño; asimismo, según pronósticos y análisis meteorológicos, se estima que los eventos climatológicos continuarán y se producirán con mayor fuerza, pudiendo estos ocasionar graves daños en la infraestructura vial, pérdida de cosechas, cadenas productivas, deslizamientos y deslaves, debilitamiento de estructuras, así como la damnificación de familias que habitan a lo largo y ancho del país, por lo que resulta imprescindible tomar medidas inmediatas y dar respuesta oportuna con el fin de evitar o mitigar mayores daños y pérdidas.
38. 38.Que en situaciones de emergencia se debe priorizar la atención especializada a los grupos en situación de vulnerabilidad, garantizando el respeto irrestricto de los derechos humanos, resultando indispensable la ejecución inmediata de obras y acciones de mitigación, adaptación, control y prevención en varios departamentos del país.
39. 39.Que la recientemente aprobada “Ley para la Protección de las Mujeres en Contextos de Crisis Humanitarias, Desastres Naturales y Emergencias” tiene por objeto garantizar la protección y el respeto de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas y niños (Decreto Legislativo 9-2023).
40. 40.Que la Ley de Contratación del Estado establece que se podrán realizar contrataciones directas, cuando se tenga por objeto proveer las necesidades ocasionadas por una situación de emergencia al amparo de lo establecido en el artículo 9 de la misma Ley (artículo 63 numeral 1).
41. 41.Que de conformidad a la Ley de Contratación del Estado, la Declaración del Estado de Emergencia se hará mediante Decreto de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros. Asimismo, establece que cuando ocurran situaciones de emergencia ocasionadas por desastres, calamidad pública u otras circunstancias que afectaren sustancialmente la continuidad o la prestación -- 28 of 186 -- eficiente de los servicios públicos, podrá contratarse la construcción de obras públicas, el suministro de bienes, servicios o la prestación de servicios de consultoría que fueren estrictamente necesarios, sin sujetarse a los requisitos de licitación y demás disposiciones reglamentarias, sin perjuicio de las funciones de fiscalización. Todo contrato deberá contener las cláusulas y disposiciones que sean necesarias para su correcta ejecución y debido control. Su objeto deberá ser determinado y la necesidad que se pretende satisfacer deberá quedar plenamente justificada en el expediente correspondiente (artículos 9 y 10).
42. 42.Que la Constitución de la República en el Artículo 245 Atribución 2) establece que la Presidenta tiene a su cargo la Administración General del Estado, correspondiéndole dirigir la política general del Estado y representarlo.
43. 43.Que el Congreso Nacional, mediante Decreto No.17-2010 de fecha 22 de Abril de 2010, en su Artículo 70, determinó autorizar al Poder Ejecutivo para suscribir los convenios sobre los empréstitos que considere necesarios en virtud del Estado de Emergencia de las Finanzas Públicas y que deban ser financiados con capital externo; aprobándose para tal efecto los proyectos de convenio correspondientes, sin perjuicio de su posterior ratificación por parte del Congreso Nacional una vez firmados los mismos por el Poder Ejecutivo y el Organismo de Crédito Externo de que se trate.
44. 44.Que la Presidenta de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la administración pública centralizada y descentralizada, y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros. A ese efecto, el Artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, establece que los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias.
45. 45.Que el Estado de Honduras ha realizado esfuerzos para adoptar su marco legal e institucional de promoción de la transparencia y la integridad pública en conformidad con las iniciativas internacionales a las que se adhirió. El presente Gobierno ha adoptado medidas para fortalecer la institucionalidad creando la Secretaría de Estado en los Despachos de Transparencia y Lucha Contra -- 36 of 186 -- EDIS ANTONIO MONCADA SULY YADIRA ANDRADE GUTIERREZ Colonia MirafIores Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821 Administración: 2230-3026 CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL la Corrupción (STLCC), como organismo especializado a cargo de prevenir y combatir la corrupción en el ejercicio de la función pública y privada.
46. 46.Que el Contrato de Préstamo No.5887/ BL-HO, suscrito el 22 de Julio de 2024, entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, en su condición de Prestatario del financiamiento, para el Programa de Transparencia e Integridad para el Desarrollo Sostenible II, tiene como objetivo apoyar la ejecución de un programa de reforma de políticas consistente en aumentar la rendición de cuentas por parte del Gobierno de Honduras, hasta por un monto de Veinticinco Millones Seiscientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 25,600,000.00).
47. 47.Que de conformidad con el Artículo 205, atribuciones 19) y 36) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional aprobar o improbar los contratos que lleven involucrados exenciones, incentivos y concesiones fiscales y los empréstitos, suscritos por el Poder Ejecutivo.
48. 48.Que de conformidad con el Artículo 205, Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
49. 49.Que mediante Decretos Ejecutivos números PCM 29-2022, PCM 01-2023, PCM 10-2023, PCM 15-2023, PCM 24-2023, PCM 33-2023, PCM 37-2023, PCM 42-2023, PCM 46-2023, PCM 52-2023, PCM 06-2024, PCM 09-2024, PCM 13-2024, PCM 19-2024, PCM 24-2024 y PCM 30-2024 la Presidenta de la República en Consejo de Ministros, decretó la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, por un período de 45 días en cada Decreto.
50. 50.Que dando cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República, se convocó al Congreso Nacional para que dentro del plazo de 30 días conociera de cada uno de los Decretos de Suspensión de Garantías Constitucionales.
51. 51.Que en fecha 31 de marzo de 2023, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) aprobó de manera unánime la II etapa del Plan Nacional de Seguridad “SOLUCIÓN CONTRA EL CRIMEN” (SCC), en cuyas medidas se establece dar continuidad a la suspensión de las garantías establecidas en la Constitución de la República en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99.
52. 52.Que las acciones ejecutadas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad a través de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), con la cooperación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional a través de las Fuerzas Armadas y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), en cumplimiento de los Decretos Ejecutivos números PCM 29-2022, PCM 01-2023, PCM 10-2023, PCM 15-2023, PCM 24-2023, PCM 33-2023, PCM 37-2023, PCM 42-2023, PCM 46-2023, PCM 52-2023, PCM 06-2024, PCM 09-2024, PCM 13-2024, PCM 19-2024, PCM 24-2024 y PCM 30-2024 de suspensión de garantías constitucionales, han rendido excelentes resultados frente a la grave perturbación de la paz y la seguridad que se sufre en las principales ciudades del país.
53. 53.Que son de público conocimiento los logros positivos alcanzados a través de los Decretos de Suspensión parcial de Garantías y la implementación del Plan Solución Contra el Crimen, en particular durante el año 2024, en el cual 66 municipios en el país han registrado cero incidencia de homicidios (22% de los municipios a nivel nacional); 230 municipios con incidencia de 0 a 8 homicidios (el 77% de los municipios), lo cual se traduce en una reducción de 15.2 puntos de la tasa anual de homicidios por cada 100 mil habitantes. Asimismo, se ha logrado una -- 96 of 186 -- reducción de 791 muertes violentas en relación al mismo periodo del año anterior, así como una reducción de 161 muertes violentas de mujeres.
54. 54.Que se han desarticulado más de 992 bandas criminales; 39 personas capturadas con fines de extradición; se han realizado 41,291 allanamientos de morada exitosos; 4,415 personas detenidas por extorsión y delitos conexos; 4,774 detenciones de integrantes de maras y pandillas; 50,715 detenciones por delito; 15,178 órdenes de captura; aumento en la incautación de armas de fuego (12, 251 armas de fuego decomisadas); 7,635 vehículos decomisados; 42,355 motocicletas decomisadas; 76, 366 libras de marihuana decomisadas; 26,552 kilos de cocaína decomisada; 107,115 gramos de crack decomisada; 740 kilogramos de Fentanilo decomisado; 32 narcolaboratorios destruidos, entre otros.
55. 55.Que la grave situación de violencia criminal organizada heredada desde la administración anterior, ha provocado un estado de calamidad y emergencia generalizada en el país, haciendo que el pueblo hondureño sea víctima de situaciones de violencia desenfrenada, que afectan en particular a través del delito de extorsión, por lo que se hace necesario y urgente continuar con todas las medidas que lleven al restablecimiento de la paz y el orden, a la preservación de la vida humana como fin supremo de la sociedad, así como a facilitar la búsqueda, identificación y detención de los autores de este flagelo; todo en estricto cumplimiento de los principios de necesidad y de proporcionalidad, de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos, por lo que es procedente y absolutamente necesario decretar por un nuevo periodo de cuarenta y cinco (45) días, la restricción de ciertas garantías constitucionales para el logro de los objetivos señalados y garantizar la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
56. 56.Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y conforme a los artículos 59 y 62 de la Constitución de la República los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás.
57. 57.Que de conformidad al artículo 245 numerales 2, 4, 7, 11 y 16 de la Constitución de la República, la Presidenta tiene a su cargo la Administración General del Estado, encontrándose entre sus atribuciones dirigir la política general del Estado y representarlo; mantener la paz y seguridad interior de la República; restringir o suspender el ejercicio de derechos de acuerdo con el Consejo de Ministros; emitir Acuerdos, Decretos, expedir Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley; ejercer el mando en Jefe de las Fuerzas Armadas en su carácter de Comandante General y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República.
58. 58.Que la Constitución de la República establece en el artículo 187 que el ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 69, 78, 81, 84, 93 y 99, podrán -- 97 of 186 -- suspenderse en caso de perturbación grave de la paz o de cualquier otra calamidad general, por la Presidenta de la República en Consejo de Ministros, por medio de un Decreto que contendrá: 1. Los motivos que lo justifiquen; 2. La garantía o garantías que se restrinjan; 3. El territorio que afectará la restricción; y, 4. El tiempo que durará ésta. Además, se convocará en el mismo Decreto al Congreso Nacional para que dentro del plazo de treinta (30) días, conozca de dicho decreto y lo ratifique, modifique o impruebe.
59. 59.Que el Estado de Honduras debe cumplir con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución de la República como en tratados internacionales ratificados por el país. Teniendo la facultad, en situaciones de crisis extraordinarias y muy graves, de suspender algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos, para lograr el restablecimiento a un estado de normalidad, que asegure el pleno respeto de todas las obligaciones asumidas internacionalmente.
60. 60.Que tanto el sistema universal como el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, reconocen la posibilidad para un Estado Parte de suspender algunas de sus obligaciones en materia de derechos humanos en situaciones excepcionales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 4.1; y, Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 27.1).
61. 61.Que la Policía Nacional, a través de un análisis de la estadística policial y de las acciones realizadas en aplicación de los Decretos Ejecutivos números PCM 29- 2022, PCM 01-2023, PCM 10-2023, PCM 15-2023, PCM 24-2023, PCM 33-2023, PCM 37-2023, PCM 42-2023, PCM 46-2023, PCM 52-2023, PCM 06-2024, PCM 09-2024, PCM 13-2024, PCM 19-2024, PCM 24-2024 y PCM 30-2024 de suspensión de garantías constitucionales, ha establecido la permanencia de miembros de maras y pandillas e incidencia de delitos cometidos por estos grupos, identificando sectores en situación crítica de inseguridad, particularmente por el delito de extorsión, en los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula y otros ubicados en varios departamentos del país, en los cuales se ha registrado una perturbación grave de la paz.
62. 62.Que es deber ineludible de la Presidenta de la República en Consejo de Ministros, tomar las acciones necesarias para mantener el orden, la seguridad y la paz en la Nación.
63. 63.Que la Constitución de Honduras que se encuentra en vigencia desde 1982 estableció que Honduras es un Estado de Derecho, libre, soberano e independiente, cuya forma de gobierno es republicana, democrática y representativa. Que el poder o soberanía sólo corresponde al pueblo, misma que será ejercida de forma representativa y por la decisión libre del pueblo hondureño, por tres (3) poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todo el territorio nacional. Y, que ninguna persona, grupo u otra nación puede suplantar la soberanía popular, ni usurpar los poderes del Estado.
64. 64.Que el poder constituyente se configura como un poder originario, creador de un orden nuevo, un poder previo, que en el ejercicio de sus facultades soberanas organiza y establece las atribuciones, competencias, potestades, alcances y límites de los tres poderes del Estado o poderes constituidos. Éstos (los poderes constituidos o poderes del Estado) que son un poder derivado, no originario, que actúan como delegado de aquel (del poder constituyente), es un poder subordinado a la legalidad constitucional (a la Constitución).
65. 65.Que la Constitución de la República impone límites a los poderes constituidos o poderes del Estado. Estos límites que se denominan, formales y materiales. Límites formales que se deducen del establecimiento del proceso de reforma constitucional y del sometimiento a la Constitución de la República que deben estar sometidas leyes ordinarias o secundarias, como lo es esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), puesto que la misma Constitución establece qué requisitos formales o procedimentales tendrá -- 158 of 186 -- que cumplir u observar el Poder Legislativo para poder reformar la Constitución de la República y para poder aprobar leyes ordinarias o secundarias como lo es la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Así como que los límites materiales, se observan cuando el poder constituyente establece las cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas, porque las mismas defienden valores, principios y contenidos o temas específicos que el mismo constituyente decidió proteger, prohibiendo para ello al poder constituido o poderes del Estado su reforma o modificación. Entre estos temas o materias específicas, que el constituyente configuró como artículos intangibles o irreformables se encuentran, la forma de gobierno y el territorio nacional, establecidos en el artículo 374 de la Constitución. Lo que significa que todos aquellos artículos o preceptos de la Constitución que contengan estos temas o materias protegidas son denominados artículos intangibles o irreformables, mejor conocidos como artículos pétreos. Que todas las leyes ordinarias o secundarias, como lo es, la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) debe de someterse al imperio de la Constitución de la República.
66. 66.Que en fecha 12 de junio del 2013 el Poder Legislativo aprobó Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), mediante DECRETO No. 120-2013 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 6 de septiembre del 2013, bajo el número 33,222. Dicha Ley Orgánica que desarrolla la conformación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), a partir de una reforma constitucional que las creó y configuró, se violentó con ello, alterando, modificando y lesionando el territorio nacional, la soberanía e independencia de la República, suplantando la soberanía popular y usurpando los tres (3) poderes del estado mediante la configuración de instituciones exclusivas para zonas privadas, de empresas privadas y para otorgar privilegios a un grupo de personas en detrimento de todos los hondureños, creando este régimen de ZEDE e instituciones con funciones, competencias, atribuciones y poderes que constitucionalmente son propios o exclusivos del poder Ejecutivo y Legislativo. Así también, alterando y modificando en estas zonas (ZEDE) el sistema de administración de justicia, permitiendo que sea suplantado por otros sistemas judiciales o jurisdiccionales de otros países. Poder, que sólo es propio y exclusivo en Honduras del Poder Judicial en todo el territorio nacional. En definitiva, también alterando, violentando y modificando gravemente nuestra forma de gobierno.
67. 67.Que el constituyente estableció como pétreos o irreformables estos temas específicos de la forma de gobierno y el territorio nacional, entre otros, con el objetivo que las autoridades respeten, protejan y defiendan estos temas, la forma de gobierno y el territorio nacional, frente a situaciones como éstas, es decir, de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), de una invasión, de ceder, de vender o de regalar el territorio nacional o, de alterar, o suplantar con cualquier otro nombre, o figura, la forma de gobierno que se establece en los artículos 1, 2 y 4 entre otros artículos de la Constitución de la República, en cuanto a que el poder, que es el pueblo hondureño soberano, se ejercerá en todo el territorio nacional por los tres (3) poderes del Estado establecidos.
68. 68.Que el Poder Legislativo -- 159 of 186 -- de la República, lejos de cumplir con la legalidad constitucional, respetar la Constitución y las prohibiciones a los poderes al aprobar y ratificar mediante reforma constitucional la creación de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) e incorporarlas al texto constitucional y mediante la aprobación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) así como cualquier otra normativa que exista y se deriven de ella, son nulas de pleno derecho, carecen de validez jurídica, porque su creación se hizo al margen de la Constitución, sin facultades para crear este tipo de leyes ordinarias o secundarias y vulnerando o traspasando los límites formales y materiales impuestos por el constituyente al legislador y a los poderes constituidos o poderes del Estado; teniendo una prohibición taxativa en el artículo 374 de la Constitución de la República, para no reformar los artículos 294, 303, 304 y 329 y para aprobar dicha Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), traspasó y violentó los límites formales, de procedimiento y materiales, de contenido, como lo es, la forma de gobierno y el territorio nacional. De igual manera, como en la jerarquía del derecho la reforma constitucional o ley de reforma, la Ley Orgánica o ley secundaria u ordinaria tienen un rango de ley inferior a la Constitución original, sobre todo frente a las cláusulas de intangibilidad o artículos pétreos, el Poder Legislativo de períodos anteriores al traspasar y violentar los límites mencionados en el párrafo anterior, produjo a la reforma constitucional y a la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) una nulidad de origen constitucional, por lo que su aprobación y ratificación carece de validez jurídica, por encontrarse al margen de la Constitución de la República. En consecuencia, la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y todas aquellas normas jurídicas que se deriven, de la reforma constitucional y, de dicha ley orgánica, como ser, otras leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, contratos, concesiones o toda normativa y/o decisión etc., relacionada con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) carecen de validez jurídica. Puesto que ninguna autoridad tiene facultades para crear este tipo decisión o leyes secundarias, violando o traspasando los límites formales y materiales impuestos por el constituyente a los poderes del Estado, que protegen nuestro territorio nacional y forma de gobierno, además de valores materiales que trascienden de lo formal, como la soberanía e independencia del pueblo hondureño. Porque la legalidad constitucional responde a unos valores y principios que el poder constituyente protege a través de estas cláusulas intangibles o pétreas, para mantener el orden constitucional, la soberanía y el sistema democrático.
69. 69.Que de conformidad a los artículos 321, 323 y 374 de la Constitución, este Congreso Nacional 2022-2026 no reconoce ninguna sentencia, dictamen o resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Suprema de Justicia en pleno en favor de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Puesto que, es de amplio conocimiento que cualquier sentencia o cualquier decisión judicial que violente los artículos pétreos carece validez jurídica, ya que ha quedado claro que los poderes constituidos, entre ellos, el Poder Judicial no tienen la facultad para reformar (vía -- 160 of 186 -- jurisprudencia), modificar o alterar y violentar los artículos pétreos de nuestra Constitución (artículo 374 de la Constitución). Ya que el poder constituyente le impuso límites a los tres poderes del Estado, eso incluye al Poder Judicial. Límites que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y la misma Corte Suprema de Justicia al emitir sentencias y decisiones judiciales en favor de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) también los violentó en cuanto a la prohibición de reformar, por cualquier otro medio, o de cualquier modo y en ningún caso, los artículos protegidos, pétreos o irreformables, que afecten, modifiquen o alteren la forma de gobierno y el territorio nacional de Honduras, artículo 374.
70. 70.Que la revocación de cualquier disposición, contrato, concesión etc., vinculados, emitidos o dictados en favor de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) no generará indemnizaciones de ningún tipo, a ninguna persona natural, a ninguna empresa y a ningún inversionista. Ya que ninguna persona natural, empresa o inversionista tiene derechos a reclamar sobre un negocio ilícito, proveniente de esta excesiva violación a nuestra Constitución, a la soberanía y a la dignidad a todos los hondureños. Ya que aun y cuando Honduras hace suyos los principios y prácticas del derecho internacional, artículo 15 de la Constitución, ningún tratado o convenio internacional se encuentra por encima de la Constitución, artículo 17 de la Constitución, ni ninguna Ley Orgánica se encuentra por encima de la Constitución, artículo 320 de la Constitución. La Constitución es categórica en cuanto a que, para que un tratado o convenio internacional que afecta una disposición constitucional, peor aún, afecta y produce una violación tan grave, como lo es, en este caso, los artículos pétreos, intangibles o irreformables y así se vuelva el tratado parte del derecho interno de Honduras, es decir, que sea de obligatorio cumplimiento para el Estado de Honduras, tiene que cumplir con los requisitos constitucionales, uno de ellos es, que el tratado internacional debe de ser aprobado por el procedimiento que rige la reforma constitucional y simultáneamente el artículo constitucional afectado por el tratado debe de ser modificado en el mismo sentido, antes de que sea ratificado por el Estado de Honduras dicho tratado, artículo 17 de la Constitución. Sin embargo, todo se hizo con ilegalidad constitucional o al margen de lo establecido en la Constitución. Puesto que, de un lado, no se hizo el procedimiento para modificar el artículo constitucional afectado, que son los artículos pétreos, éstos, de conformidad con la Constitución, sólo procede modificarlos mediante un plebiscito o referéndum o una Asamblea Nacional Constituyente, y ello no se hizo así. Otro es, tener la facultad constitucional para aprobar y ratificar dicha reforma constitucional; que no se tuvo, por la prohibición taxativa constitucional a los poderes del Estado de modificar o alterar los artículos intangibles o pétreos, artículo 374 de la Constitución. Por el contrario, el Poder Legislativo de periodos anteriores, al aprobar y ratificar la creación de estas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) e incorporarlas a la Constitución y aprobar esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), violentaron los límites formales (de procedimiento) y materiales (de contenido, que es grave), como lo es, la forma de gobierno y el territorio nacional.
71. 71.Que debido a este reconocimiento que hace la Constitución en cuanto a la separación y límites impuestos por el poder -- 161 of 186 -- constituyente al poder constituido o poderes del Estado, en donde se señala que las leyes constitucionales o leyes de reforma o reformas constitucionales, esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) como ley secundaria u ordinaria se encuentran bajo límites claros y precisos (procedimiento de reforma constitucional y las cláusulas de intangibilidad) y, que éstas no se encuentran en el mismo plano de la Constitución original, se considera, que no sólo es una atribución, facultad o potestad del Poder Legislativo, sino también que se torna en una obligación para este poder del Estado de conformidad con su mandato constitucional, artículos 205.1, 323, 374 de la Constitución, el derogar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) porque vulnera los límites formales o materiales establecidos en la Constitución, como lo son las cláusulas de intangibilidad, irreformables o pétreas.
72. 72.Que este Congreso Nacional 2022-2026, no permitirá que se violente, afecte, lesione, modifiquen o alteren la forma de gobierno y el territorio nacional de Honduras, tampoco permitirá que se violente la soberanía del pueblo, a través de esta Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) o ley ordinaria o secundaria, que traspasó los límites impuestos por el poder constituyente en la Constitución a los poderes constituidos o poderes del Estado; puesto que, “proceder de otra manera significaría destruir la lógica del Estado constitucional, otorgando a un poder jurídicamente limitado, … (…) … las atribuciones del poder soberano.”. Por cierto, luego de analizar la parte considerativa arriba transcrita del Decreto Legislativo No. 33-2022, este alto tribunal de justicia declara que hace suyos todos los conceptos allí establecidos, en virtud de que acompañan y complementan las argumentaciones que sustentan la presente sentencia. 6.6. Cambio de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico o ZEDEs tienen como precedente lo que en su momento se llamó, estatuto constitucional de las REGIONES ESPECIALES DE DESARROLLO (RED), mejor conocidas como “ciudades modelo”. Las entonces “ciudades modelo” nacieron con la reforma constitucional a los artículos 304 y 329 de la Constitución de la República que fueron promulgadas mediante el Decreto Legislativo No. 283-2010 publicado en La Gaceta número 32,443 del quince de febrero del dos mil once, que luego fue ratificado por el Decreto Legislativo número 4-2011, publicado en La Gaceta número 32,460 del siete de marzo del dos mil once. Asimismo, contra el Decreto Legislativo número 123-2011, publicado en La Gaceta número 32,601 del veintitrés de agosto del dos mil once que contenía el Estatuto constitucional de las Regiones especiales de desarrollo.53 Todos los anteriores Decretos Legislativos que dieron nacimiento a las “ciudades modelo”, fueron declarados inconstitucionales por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante la sentencia RI- CSJ-0769-2011 dictada el diecisiete de octubre de dos mil doce.54 Cabe resaltar que la declaratoria de inconstitucionalidad 53 El artífice de dichos Decretos Legislativos fue el Congreso Nacional presidi- do por Juan Orlando Hernández Alvarado durante el gobierno del Presidente de la República José Porfirio Lobo Sosa. 54 Debido a que la decisión judicial de la Sala de lo Constitucional no obtu- vo la unanimidad requerida por la Constitución, el asunto pasó al conocimiento del pleno de quince magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes al final declararon por mayoría de votos la inconstitucionalidad de los Decretos Legislativos ya indicados. Votaron a favor de la inconstitucionalidad los ma- gistrados José Tomás Arita Valle, Rosalinda Cruz Sequeira de Williams, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva, Rosa de Lourdes Paz Haslam, José Francisco Ruiz Gaeckel, José Antonio Gutiérrez Navas, Jaco- bo Antonio Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Edith María López Rivera y María Luisa Ramos. Votaron a favor de la constitucionalidad de los Decretos los magistrados Óscar Fernando Chin- chilla Banegas y Jorge Alberto Rivera Avilés, este último Presidente de la Corte Suprema de Justicia. -- 162 of 186 -- fue motivo para que el Congreso Nacional, en represalia, depusiera a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional (2009-2016).55 Como también es de destacar que, el Estado de Honduras recientemente fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de dicha destitución de magistrados.56 Nuevamente se presentaron garantías de inconstitucionalidad en contra de las ahora ZEDEs, pero en esta ocasión no hubo oposición por parte de la Sala de lo Constitucional (2009-2016), conformada por nuevos magistrados, elegidos por el Congreso Nacional en sustitución de los que declararon la inconstitucionalidad de las ciudades modelo. Las sentencias que declararon sin lugar las inconstitucionalidades son: a) RI-0030-2014 de fecha veintiséis de mayo de dos mil catorce; b) RI-0174-2014 de fecha doce de agosto de dos mil catorce; c) RI-0179-2014 de fecha diez de junio de dos mil catorce; y, d) RI-0424-2014 dictada en fecha veintinueve de abril de dos mil catorce. Cabe mencionar que todas estas sentencias se dictaron por unanimidad de votos.57 A continuación, la Corte Suprema de Justicia, procede a referirse a estos precedentes jurisprudenciales, dictados por la Sala de lo Constitucional (2009-2016). Para de inicio señalar que ninguna de estas 55 Los magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos el once de noviembre de dos mil once, son: José Francisco Ruiz Gaekel, Rosalinda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas y Gustavo Enrique Bustillo Palma. El único magistrado que no fue removido fue Óscar Fernando Chinchilla Bane- gas debido a que votó a favor de la constitucionalidad de los Decretos impugna- dos y quien posteriormente fue elegido Fiscal General de la República, durante los dos periodos presidenciales de Juan Orlando Hernández. 56 Cfr. Corte IDH. Caso Gutiérrez Navas y otros Vs. Honduras. Fondo, Repara- ciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2023. Serie C No. 514. 57 Votaron los magistrados Silvia Trinidad Santos Moncada (Presidenta). Víctor Manuel Lozano Urbina. German Vicente García García. José Elmer Lizardo Ca- rranza. Lidia Estela Cardona Padilla, todos ellos elegidos por el Congreso Nacio- nal después de haber destituido a los que se declararon la inconstitucionalidad de las ciudades modelo o redes. sentencias se encuentran ajustadas a lo que disponen de manera imperiosa e ineludible los artículos 374 y 375 de la Constitución, tanto en razón de todo lo que ya se expuso con anterioridad y las acotaciones que a continuación se detallan. 6.6.1. La Sala de lo Constitucional (2009-2016) justifica la sentencia RI-0030-2014 señalando que la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico obedece a:“… aliviar las precarias condiciones económicas en que se debate la mayoría del pueblo hondureño, con su creación nuestro legislador pretende de forma loable que tales zonas sean verdaderos polos de desarrollo mediante la captación e inversión de capital tanto extranjero como nacional a fin de poder brindarle a una buena parte de nuestra población desempleada, la oportunidad de tener un trabajo digno y así mejorar sus condiciones de vida.”. Seguidamente señala que no comparte la tesis de que las reformas constitucionales sometidas a escrutinio, son violatorias de artículos irreformables, en relación con el territorio lo explica en el párrafo que a continuación se transcribe y el cual es de imposible comprensión, así58: “…entendemos que la tenencia de la tierra se define como una parte importante de las estructuras sociales, políticas y económicas; la cual reviste un carácter multidimensional, al entrar en juego aspectos sociales, técnicos, económicos, institucionales, jurídicos y políticos que indudablemente deberán tomarse en cuenta; en ese sentido también entendemos que las reglas sobre la tenencia de la tierra definen de qué manera pueden asignarse dentro de la sociedad los derechos de propiedad de la tierra, definen como se otorga el acceso a los derechos de utilizar, 58 Ver considerando 11 de la sentencia. -- 163 of 186 -- controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones; aspectos todos los cuales parten de un concepto dominical eminente por parte del Estado, como atributo esencial del Estado;…”. Luego, señala que no considera que la reforma al artículo 329 de la Constitución sea inconstitucional, en virtud de que en su texto se dispone que el Congreso Nacional al aprobar la creación de las zonas sujetas a regímenes especiales debe garantizar lo dispuesto en: “… los artículos 10, 11, 12, 13, 15 y 19 de la Constitución de la República referente al territorio. Estas zonas están sujetas a la legislación nacional en todos los temas relacionados a soberanía, aplicación de la justicia, defensa nacional, relaciones exteriores, temas electorales, emisión de documentos de identidad y pasaportes”. De manera que esta Corte Suprema de Justicia (2023-2030) al examinar la decisión anterior dictada por la Sala de lo Constitucional (2009-2016), toma en cuenta en su análisis que la inconstitucionalidad reprochada entonces, fue rechazada en aquel momento mediante un argumento muy simplista, porque refutó el reproche limitándose a indicar que el texto cuestionado es constitucional porque el mismo texto cuestionado así lo dice. El análisis de la Sala de lo Constitucional (2009-2016), no es jurídicamente y constitucionalmente correcto, en lugar de quedarse en la exposición literal de la normativa bajo escrutinio, debió trascender y superar lo meramente formal; porque de hecho, de haber estudiado los efectos materiales del texto reformado, se habría dado cuenta que, aunque dicho texto de manera expresa consigne su respeto a la Constitución, soberanía, defensa nacional, etc., esto no es cierto, tal como ya se analizó extensamente con esta sentencia. Es decir, el hecho de que una norma disponga que se encuentra de conformidad con lo que dispone la Constitución de la República, no la hace per se constitucional. En otro aparte, la Sala de lo Constitucional (2009-2016) en la sentencia dictada en el año 2014, toma como justificado el régimen fiscal especial59 que dispone la reforma constitucional del artículo 329, señalando literalmente lo siguiente60:“… tal normativa es lo suficientemente clara en cuanto al régimen fiscal y financiero que rige esas zonas especiales, situación que no es contraria a nuestra norma fundamental, toda vez que entendemos que tal régimen fiscal especial es concedido por el poder derivado que el pueblo hondureño ha depositado en el Congreso Nacional de la República, razón más que suficiente para estimar que no se produce la inconstitucionalidad invocada por la recurrente”. La Sala de lo Constitucional (2009-2016) en aquella sentencia, cometió el error (o abuso) de considerar que el poder derivado o Congreso Nacional, se encuentra en situación jerárquica superior en relación con el Soberano, quien detenta el poder originario. No tomó en cuenta, que una de las manifestaciones más rigurosas de poder, es precisamente lo atinente a la facultad de imponer cargas tributarias; y que este es uno de los elementos más significativos de soberanía. Por lo que dicha disposición es inconstitucional en razón de atentar contra del 59 En complemento, el artículo 4 de la ley secundaria contenida en el Decreto Legislativo número 120-2013 que desarrolla le referidas zonas, regula lo atinente al régimen fiscal de las mismas al disponer “El régimen fiscal especial de las Zo- nas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), las autoriza a crear su propio presupuesto, el derecho a recaudar y administrar sus tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, a celebrar todo tipo de convenios o contratos hasta el cumplimiento de sus objetivos en el tiempo, aun cuando fuera a lo largo de varios periodos de gobierno.” Y que en ese mismo sentido el artículo 23 de la citada ley establece: “Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), tiene un régimen financiero independiente, están autoriza- das a utilizar sus ingresos financieros exclusivamente para sus propios fines, y transferirán recursos a las autoridades del resto del país en la forma en que se señale en esta ley…” 60 Ver considerando 12 de la sentencia. -- 164 of 186 -- sentido de pertenencia soberano de un territorio, como elemento físico donde se ejerce autoridad y control, imponiendo entre otras, la obligación de tributar. Seguidamente la Sala de lo Constitucional (2009-2016) en el considerando 13 de la sentencia dictada en el año 2014, dispuso que la reforma de los artículos ya mencionados, no atenta contra la soberanía nacional en virtud de lo que a continuación se transcribe:“… es pertinente señalar por parte nuestra, que el poder político en el marco de un Estado unificado, se ejerce de forma excluyente en una comunidad política en el marco de un territorio. Así tenemos que el Estado se organiza en una serie de instituciones u órganos especializados para ejercer tal poder, lo cual conlleva la coerción, misma que tiene su derivación del Poder político unificado y superior del Estado.”. De este farragoso e ininteligible argumento, pasa a señalar lo siguiente, redactado también de forma igualmente incomprensible; el cual en todo caso, no alcanza a justificar el hecho de que el Congreso Nacional suplantó en el caso bajo estudio, el poder del Constituyente originario: “… la soberanía de un Estado en el ámbito internacional deriva de su independencia, aun y cuando en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente definir el ámbito real de independencia es cada día más difícil; pero no por ello debemos olvidar que la misma definición de Estado está íntimamente ligada con la independencia jurídica; en su dimensión interior debe precisarse quien ejerce esa soberanía, situación esta, que ha sido objeto de debate a lo largo de los dos últimos siglos, ahora bien con el nacimiento de los Estados democráticos se ha construido la idea de soberanía interior sobre la base de que sólo el pueblo en su conjunto expresaba la voluntad de la nación, en otras palabras al subordinar la legitimidad de la soberanía estatal al predominio de la soberanía social, esta última se ha impuesto como elemento central de referencia, jurídicamente tal situación en el caso nuestro se ha traducido en la aprobación por nuestros constituyentes de la Constitución de la República, de la cual se deriva la legitimidad de los poderes constituidos y con ello se ha construido el concepto de poder constituyente.” Finalmente, la Sala de lo Constitucional de aquel entonces, justifica la facultad de reformar la Constitución que tiene el Poder Legislativo; sin embargo, soslaya a propósito la existencia de normas que son irreformables o pétreas.En el decurso de la presente sentencia, se han ido dando argumentos que demuestran que el contenido de las reformas bajo estudio es inconstitucional, porque contraviene el contenido protegido del artículo 374 constitucional. En el considerando 14 de la sentencia dictada en el año 2014, la Sala de lo Constitucional ( 2 0 0 9 - 2 0 1 6 ) d i s p u s o d e s e s t i m a r e l m o t i v o d e inconstitucionalidad mediante el cual se denunciaba la vulneración del artículo 374 de la Constitución de la República, por quebrantar la forma de gobierno. En ese entonces la Sala de lo Constitucional se limitó a argumentar lo siguiente: “… esta Sala estima que teniendo cada poder del Estado definida las atribuciones que le corresponden, así como analizadas las reformas constitucionales impugnadas y la ley que rige las ZEDE, no encontramos que las mismas se opongan a la forma de gobierno establecida por nuestra carta magna toda vez que precisamente las referidas zonas tienen como normativa jerárquica aplicable en primer lugar la Constitución de la República, en segundo lugar los tratados internacionales celebrados por el Estado de Honduras en lo que sean -- 165 of 186 -- aplicables; en tercer lugar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE); en cuarto lugar las leyes señaladas en las disposiciones finales de la referida ley y finalmente la normativa interna que emane de las autoridades de las referidas zonas.” Con la anterior argumentación, la Sala de lo Constitucional (2009-2016), niega rotundamente que una reforma constitucional pueda contrariar a la misma Constitución, lo que si es posible, tal como ya fue explicado en esta sentencia. La Sala de lo Constitucional (2009-2016), obvió en aquel momento, cuestionar todo lo referente a la autonomía que el Congreso Nacional de entonces, le cedió a los inversionistas sobre los territorios constituidos en ZEDEs, permitiéndoles crear y aplicar normas legales especiales; y juzgar a los habitantes de dichas zonas de conformidad, no a las leyes hondureñas, sino a las propias, incluyendo extranjeras; y, ni siquiera conforme a nuestro sistema judicial, sino sistemas ad hoc, administrado por jueces nombrados por nuestra Corte Suprema de Justicia, pero escogidos por los gobiernos de las ZEDEs. La Sala de lo Constitucional (2009-2016) conformada por los nuevos magistrados, precisamente los mismos que sustituyeron a los q u e f u e r o n d e s t i t u i d o s p o r h a b e r d e c l a r a d o l a inconstitucionalidad de las “ciudades modelo”, se refirió al motivo de inconstitucionalidad consistente en la violación a normas de naturaleza irreformable en sentido restrictivo61, señalando dicha Sala que, al confrontar el objetivo de las 61 Refiriéndose a temas relacionados con: a) La libertad e igualdad ante la ley (artículo 60); b) La no aplicabilidad de leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergi- versan (artículo 64); c) derecho a la libre circulación (artículo 81); d) Derecho a no ser expatriado (artículo 102); y, e) Las leyes que regulan las relaciones laborales son de orden público, e implica la nulidad de los actos o convenios que implique renuncia, disminución o restricción de los mismos (artículo 128); en relación con los artículos 1, 10 y 24 de la Declaración universal de los derechos humanos, y lo preceptuado en los artículos 3, 14 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reformas constitucionales, observa que la ley orgánica impugnada y que regula las referidas zonas, establece en su artículo 9 lo siguiente: “Todas las personas en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), son iguales en derechos y deberes, sin discriminación de ninguna naturaleza, salvo las disposiciones señaladas en la Constitución de la República o en la presente Ley Orgánica que reserven a hondureños o a residentes en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).” Por lo que, al tenor de lo antes expuesto, dicha Sala (2009-2016) desestimó el reproche de violación al derecho a la igualdad que le asiste a los ciudadanos de este país con la creación de las referidas zonas de desarrollo. Posteriormente la Sala de lo Constitucional (2009-2016) en la sentencia que pronunció en el año 2014, con relación a la libertad de locomoción, dispuso que no existe violación al artículo 81 de la Constitución de la República. Esto lo explicó señalando que dicho derecho está contenido en el artículo 13 de la Declaración universal de derechos humanos, haciendo referencia a cuatro derechos claramente diferenciados y complementarios entre sí, como son: “1) El derecho a la libre circulación de los nacionales de un determinado Estado dentro de su Estado y de los extranjeros que se hallen en el legalmente. 2) El derecho que tienen los nacionales de un Estado y los extranjeros que se hallen en él legalmente a escoger su residencia dentro del Estado. 3) El derecho a salir libremente de cualquier Estado, incluso del que el ciudadano es nacional. 4) El derecho a retornar a un Estado. Este último derecho comprende el de retorno de los nacionales y el derecho a la reinmigración para los extranjeros residentes.” Asimismo, dicha Sala (2009-2016) explicó que: “La formulación del principio general de la libre -- 166 of 186 -- circulación de las personas tiene dos vertientes bien diferenciadas: a) La estatal o derecho a poder residir y moverse dentro de las fronteras de un determinado Estado; y, b) La internacional que hace referencia al derecho a poder salir de un Estado del que no se es nacional, el derecho a volver a él, o el derecho a pedir asilo. Para luego señalar, que al contrastar el derecho a la libre circulación y de residencia, analizados a la luz de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), decide que dicha ley no restringe el derecho constitucional mencionado porque cuando un ciudadano decide voluntariamente habitar en una ZEDE, es indudable que para él, se establecen unas condiciones y límites específicos, que no se dan respecto de aquellos ciudadanos que se encuentran fuera de las referidas zonas; y que, tales límites o restricciones, operan tanto para residentes como para aquellos que no lo son, sometiéndose a la Constitución y las leyes vigentes, por lo que no existe vulneración a la referida garantía.62 Al analizar la razón de rechazo descrito ut supra, se percibe que no es una respuesta que satisfaga el deber de motivación clara y suficiente, debido a que lo que el impetrante reprocha es la inaccesibilidad de los no residentes a las ZEDEs, queriendo señalar que es como entrar a otro país, en virtud de que dichas zonas están sometidas a otra legislación y autoridades distintas a las del resto del país. Cuestionamiento que no abordó este alto tribunal de justicia en aquel momento, o sea no dio puntual respuesta al reproche. También en dicha sentencia, se pretendió dar respuesta al reproche de que la creación de las 62 En realidad, este apartado de la sentencia se encuentra redactado de manera farragosa o poco comprensible, de manera que aquí se resume, intentando captar lo mejor posible, su sentido y alcance. ZEDEs, violenta el artículo 102 constitucional, el cual prohíbe la expatriación o entrega de personas de nacionalidad hondureña a autoridades de un Estado extranjero. En ese momento la Sala (2009-2016), dispuso que no eran de recibo los argumentos de la recurrente, puesto que las ZEDEs, no constituyen un estado extranjero y que tampoco el territorio ocupado por las mismas puede considerarse como tal, ya que sigue siendo parte inalienable del territorio nacional. Al analizar nuevamente el tema, se cuestiona que, en aquella oportunidad, este alto tribunal de justicia, no brindó una respuesta satisfactoria al problema, al contestar el asunto dando por hecho una cuestión que suscita más bien, más inquietudes y dudas que certezas y seguridades. Es decir, se responde bajo la afirmación de que el territorio de las ZEDEs sigue siendo territorio hondureño; pero sin abordar y aplacar las dudas que existen, sobre si dichos territorios se encuentran más allá de la mera formalidad bajo la real y material jurisdicción hondureña. Esto último, como interrogante bien fundada en el hecho concreto de la casi absoluta autonomía cedida a favor de los inversionistas, quienes como ya se expuso antes, tendrían absoluta libertad para legislar, nombrar autoridades, escoger jueces, imponer sistemas de juzgamiento foráneos y juzgar finalmente a quienes se encuentren en dichos territorios según sus propias leyes. 6.6.2. La sentencia RI- 0174-2014, se dictó por unanimidad de votos63 desestimando la garantía de inconstitucionalidad. En esta sentencia se reproduce el contenido de la sentencia RI-0030-2014 anteriormente expuesta, insertándola desde el considerando 63 La decisión fue tomada por los magistrados Silvia Trinidad Santos Moncada (Presidenta). Víctor Manuel Lozano Urbina. German Vicente García García. José Elmer Lizardo Carranza. Lidia Estela Cardona Padilla. -- 167 of 186 -- 5 hasta el considerando 16, para reiterar al final su decisión y confirmando sus argumentos.64 6.6.3. La sentencia RI-0179- 2014 dictada en fecha diez de junio de dos mil catorce65, nuevamente reitera la decisión y argumentos de la sentencia RI-0030-2014, transcribiéndola al igual que en la anterior. 6.7.4. La sentencia RI-0424-2014 de fecha veintinueve de abril de dos mil catorce fue declarada inadmisible tras considerar que los ciudadanos Jorge Nelson Ávila Gutiérrez y Edwin Antonio Sandoval Lagos, actuando en su condición personal, no cumplieron con la previsión establecida en el numeral 5 del artículo 79 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que impone al recurrente la obligación de indicar en forma clara y precisa el interés directo, personal y legítimo que motiva su acción. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia concluye señalando que la presente sentencia constituye por sí misma una variación en la línea jurisprudencial que había seguido este alto tribunal de justicia con las sentencias anteriores: RI-0030-2014, RI-0174-2014, RI-0179-2014 y RI-0424-2014. La argumentación que explica el cambio 64 Sentencia de fecha doce de agosto de dos mil catorce, dictada en la garan- tía de inconstitucionalidad interpuesta por vía de acción por Nahum Efraín La- lin Güity por la ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA DE HONDURAS (OFRANEH); Bertha Cáceres por COPINH; Jessica Yamileth Trinidad por la RED DE DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE HONDURAS; Ana Suyapa Ortega por la MESA DE MUJERES PROGRESISTAS; Luis Alberto Méndez por el PROYECTO CULTURAL Y POLÍTICO CASA DE LOS PUE- BLOS; Carmen Gabriela Diaz Sánchez por el CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES; Kevin Armando Galo por el FRENTE REVOLUCIONARIO AR- TÍSTICO CONTRACULTURAL; Donaldo Hernández Palma por el CEHPRO- DEC; Denia Xiomara Mejía por el INEHSCO; Fredin Funez por el PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES; Juan Almendares por el COMITÉ HONDUREÑO ACCIÓN POR LA PAZ; Lorena Margarita Zelaya por INSU- RRECTAS AUTÓNOMAS; Sandra Marybel Sánchez y Óscar Tábora Leiva. Acción interpuesta en contra del Decreto Legislativo No. 236-2012 ratificado con el Decreto No. 9-2013, en cuanto crean las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, y el Decreto No. 120-2013, contentivo de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, por violentar artículos 294, 303, 329 y 374 de la Constitución de la República, esta última contentiva de disposiciones irreformables como los relativo a la soberanía, al territorio nacional y a la forma de gobierno. 65 Esta sentencia desestima la acción de inconstitucionalidad promovida por Jari Dixon Herrera Hernández, Juan Alberto Barahona, Pedro Rafael Alegría Moncada, Darwin Enrique Barahona, Juan Alexander Barahona y Nelson Enri- que colindres, miembros del FRENTE NACIONAL DE RESISTENCIA PO- PULAR (FNRP). jurisprudencial, se encuentra ampliamente expuesta en la parte que fundamenta el fallo de esta sentencia, debiéndose reparar especialmente en el carácter impositivo e ineludible del artículo 375 constitucional en relación con el artículo 374, debiéndose en ese sentido tomar esta sentencia, como el restablecimiento ex officio del imperio de nuestra Constitución violentada en sus elementos irreformables de territorio y forma de gobierno, con la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo o ZEDEs, mediante el Decreto Legislativo No. 236-2012, el cual fue ratificado mediante el Decreto No. 9-2013, ambos contentivos de la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República. PARTE DISPOSITIVA O FALLO
73. 73.Que de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla (artículo 59).
74. 74.Que la Constitución de la República establece que la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo la Presidenta de la República, correspondiéndole dirigir la Política General del Estado y representarlo, así como emitir Acuerdos, Decretos, expedir Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley y administrar la Hacienda Pública (artículo 245 numerales 2, 11 y 19).
75. 75.Que de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República, los Secretarios de Estado son colaboradores de la Presidenta de la República en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los Órganos de Administración Pública Centralizada, en las áreas de su competencia (artículo 247).
76. 76.Que la Constitución de la República establece que el desarrollo económico y social de los municipios debe formar parte de los programas de Desarrollo Nacional (artículo 299).
77. 77.Que de acuerdo a lo establecido en la Ley General de la Administración Pública tiene por objeto fortalecer el Estado de Derecho para asegurar una sociedad política, económica y socialmente justa; que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización de la persona humana Dentro de la justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa, participativa y el bien común; con arreglo a los principios de descentralización, eficacia, eficiencia, probidad, solidaridad, subsidiariedad, transparencia y participación ciudadana (artículo 5 ).
78. 78.Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Administración Pública, la Presidenta de la República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada y en el ejercicio de sus funciones, podrá actuar por sí o en Consejo de Ministros (artículo 11).
79. 79.Que de conformidad con los artículos 25 numeral 16) y 202 del Decreto Legislativo No. 62-2023, contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales para el Ejercicio Fiscal 2024, se establece que la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) asignará para su administración a la Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer (SEMUJER) un monto de TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L.30,000,000.00) para la construcción, equipamiento y mantenimiento de -- 172 of 186 -- Casas Refugio para las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica.
80. 80.Que la Ley Orgánica de Presupuesto establece que corresponde a la Presidenta de la República autorizar las transferencias de fondos presupuestarios entre Secretarías de Estado, Instituciones Descentralizadas y entre ambas (artículo 37 numeral 2).
81. 81.Que la dinámica social, económica y territorial, exige la implementación de mecanismos de trabajo y cooperación que atiendan los principios de economía, simplicidad, celeridad y eficacia, garantizando la coordinación y optimización de las estructuras gubernamentales existentes, con el objeto de velar por los interese públicos de forma coordinada entre el Gobierno Central y el Gobierno oportuna actividad administrativa, disponiendo de las capacidades e infraestructuras administrativa coordinadas para satisfacer los intereses públicos de programas y proyectos con plena armonía entre las acciones y decisiones del Gobierno Central y el Gobierno Municipal de la ciudad de Choloma, Departamento de Cortés.
82. 82.Que la Ley General de la Administración Pública en el artículo 37 establece que “Los Subsecretarios de Estado, además del cometido previsto en el artículo 34, tendrán las siguientes funciones: 1. Colaborar con el Secretario de Estado en la formulación de la política y planes de acción de la Secretaría, así como en la formulación, coordinación, vigilancia y control de las actividades de la misma Secretaría de Estado; 2. Decidir sobre los asuntos, cuyo conocimiento le delegue al Secretario de Estado; y 3. Las demás que el Secretario de Estado le asigne”.
83. 83.Que la Ley de Procedimiento Administrativo en el artículo 4 establece que “Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el órgano superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones en determinada materia al órgano inmediatamente inferior. En defecto de disposición legal, Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional ACUERDO S.D.N. No. 197-2024 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA NACIONAL
84. 84.Que la Abogada Rixi Moncada Godoy, fue nombrada como Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, mediante Acuerdo Ejecutivo No. 192-2024 de fecha 01 de septiembre del 2024, por la señora Presidenta Constitucional de la República y Comandante General de las Fuerzas Armadas.
85. 85.Que la Constitución de la República en el artículo 247 establece que “Los secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República, en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades de la Administración Pública Nacional, en el área de su competencia”.
86. 86.Que la Ley General de la Administración Pública en el artículo 36, establece las atribuciones y deberes comunes a los secretarios de Estado, dentro -- 184 of 186 -- el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al Ramo de la Administración de que forman parte el superior y el inferior”.
87. 87.Que la Ley de Contratación del Estado en el artículo 11 establece las competencias que tienen los órganos para celebrar los contratos de la administración, dentro de las cuales se hace referencia especifica en el numeral 1) literal a) “Los Secretarios de Estado en su respectivo Ramo”.
88. 88.Que la Ley de Contratación del Estado en el artículo 32 establece que “La preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos se desarrollará bajo la dirección del órgano responsable de la contratación, sin perjuicio de la participación que por ley tengan otros organismos del Estado. Son responsables de la contratación, l o s ó r g a n o s c o m p e t e n t e s para adjudicar o suscribir los contratos. El desarrollo y la coordinación de los procesos técnicos de contratación, podrá ser delegado en unidades técnicas especializadas”.
89. 89.Que el Reglamento de la Ley de Contratación del Estado en el artículo 51 establece que “Órgano responsable y delegación. Los órganos responsables de la contratación son aquellos cuyos titulares tienen atribuciones para adjudicar o suscribir los contratos según disponen los artículos 11, 12, 14 y 32 de la Ley; la preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos se desarrollarán bajo su dirección, observándose l a s n o r m a s , m a n u a l e s y demás instrumentos a que se refiere el artículo 47 de este Reglamento. Las unidades técnicas especializadas en quienes se pueden delegar los procesos técnicos de contratación según dispone el artículo 32 de la Ley son las Gerencias Administrativas o las Unidades Ejecutoras; estas Unidades deberán presentar informes mensuales o cuando fueren requeridos, a los Secretarios de Estado o a los titulares de los demás organismos a que hacen referencia los artículos 11 y 14 de la Ley, acerca de la ejecución de los contratos”.
90. 90.Que los Secretarios de Estado podrán delegar al órgano -- 185 of 186 -- inmediatamente inferior, el ejercicio de sus funciones siempre que la competencia sea atribuida al ramo de la administración.
91. 91.Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 190-2024, de fecha 24 de octubre del 2024, la Excelentísima señora Presidenta Constitucional de la República, Iris Xiomara Castro Sarmiento autorizó por una vigencia de un (01) año a la ciudadana RIXI RAMONA MONCADA GODOY, en su condición de Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional a realizar mediante el Proceso de Contratación Directa, en base al artículo 63 numeral 2, 4 y 6 de la Ley de Contratación del Estado lo relacionado a: 1) La adquisición y suministro de bienes y servicios; 2) Contratos de consultoría; y, 3) Contratos de construcción de obras públicas.

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