CICESCT DICIEMBRE 2025

Este decreto aprueba el presupuesto de Honduras para 2025 por L430,907.8 millones, distribuido entre administración central (L266,667.6 millones) y descentralizada (L164,240.3 millones). Establece cómo se recaudarán impuestos, se ejecutarán gastos y se controlarán los recursos públicos, obligando a todas las instituciones del Estado a cumplir estas disposiciones bajo penas civiles, penales y administrativas.

Este decreto aprueba el presupuesto de 430,907.8 millones de lempiras para el gobierno hondureño en 2025, un aumento del 5.8% respecto a 2024. Define cómo se gastarán los ingresos tributarios (172,318.2 millones) y cómo se financiarán los gastos mediante créditos internos y externos, sin crear nuevos impuestos. Aplica a todas las instituciones públicas y establece sanciones por incumplimiento.

El Decreto 4-2025 aprueba el presupuesto general de Honduras para 2025 por L430,907.8 millones, con un aumento del 5.8% respecto a 2024. Establece cómo se distribuirá el dinero público entre instituciones del Estado, fija normas para gastar los recursos sin excederse, y responsabiliza a funcionarios que incumplan. Beneficia a todos los ciudadanos al definir cómo se financiarán servicios de salud, educación, seguridad y obras públicas.

El Decreto 4-2025 aprueba el presupuesto general de Honduras para 2025 por L430,907.8 millones, distribuido entre administración central (L266,667.6 millones) y descentralizada (L164,240.3 millones). Establece cómo se recaudan impuestos, se gastan los recursos públicos y quién es responsable de ejecutar correctamente el presupuesto, asignando fondos a todas las instituciones del Estado para el funcionamiento de servicios como educación, salud, seguridad y obras públicas.

Este decreto aprueba el presupuesto del Estado hondureño para 2025 por L430,908 millones, distribuido entre instituciones públicas. Establece cómo se recaudarán impuestos (principalmente sobre ventas y renta) y cómo se gastarán los fondos en servicios de salud, educación, seguridad, infraestructura y subsidios. Aplica a todas las instituciones públicas y penaliza con multas a quienes no cumplan.